La lucha mundial contra las drogas ilícitas, actualmente fundamentada en el prohibicionismo y penalización del consumo, así como el ataque a la producción en lo que tiene que ver con el negocio del narcotráfico, no correspondería al objetivo central de las convenciones internacionales sobre este tema, que formulan políticas de prevención y tratamiento de los drogodependientes.

Esta es una de las conclusiones expresadas durante una jornada que adelantó ayer la Universidad de La Sabana, denominada “El problema de las drogas tiene solución: menos política y más academia.

Las convenciones de Naciones Unidas del año 61 y el 71 para enfrentar el problema de las sustancias psicotrópicas establecen un régimen de fiscalización por sustancias; en tanto que la del año 88 tiene un enfoque de seguridad, por lo que hace referencia a los delitos y las sanciones que se están estableciendo dentro de esta convención, “entonces aquí ya hablamos de un enfoque netamente criminal”, señaló Juan José Álvarez, magíster y experto en relaciones internacionales.

El académico explicó que justamente en los años 80, de antemano en los 70 arranca la  guerra contra las drogas que declaró el presidente Nixon en Estados Unidos, se está en plena bonanza “marimbera en Suramérica, estamos en pleno momento del auge del tráfico de cocaína de la mayoría de los carteles suramericanos”.

Añadió que en ese momento es cuando a nivel mundial los Estados ven la magnitud que empezaba a tomar el narcotráfico, por lo que se comprometieron en la lucha para reprimir este fenómeno, inicialmente cooperando en aspectos como la extradición, en asistencia judicial, en revisión de actuaciones penales.

Sin embargo, anotó el experto, “ninguna de las tres convenciones internacionales penaliza ni criminaliza el consumo de drogas, es más dice que la única obligación que tienen los Estados frente al consumo de drogas es formular políticas de prevención y tratamiento y reintegración  de los drogodependientes. El consumo de drogas nunca debió ser considerado como un delito, pues por lo menos derivado de las convenciones, lo que pasa es que más adelante hay una trampa para los Estados, que dice que cada Estado puede tomar medidas más fuertes al interior de su estado, que las contenidas en la convención. Entonces, muchos interpretaron eso como ‘penalicemos al consumidor porque si penalizamos al consumidor y el porte de una sustancia, vamos también a prevenir de una u otra manera el tráfico’”.

En este sentido, Alfonso Aza Jácome, experto en políticas sobre narcóticos, hizo referencia a estadísticas que existen sobre producción de hoja de coca durante el siglo XX. Explicó  que las drogas están prohibidas desde 1909 y la producción era prácticamente estable, cuyo principal productor era Holanda, hasta 1909, en sus colonias de la isla de Java, y la exportaban a Estados Unidos, especialmente. Bolivia y Perú eran los dos otros grandes productores de hoja de coca. Pero justamente cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon declara la guerra a las drogas se dispara la producción. “La exacerbación de la persecución de la oferta, lo único que hace es generar un mercado absolutamente atractivo para aquellos que están dispuestos a asumir el costo de violar la ley”, indicó.

 

Nuevo enfoque

 

En los últimos años se viene promoviendo a nivel mundial la discusión sobre la necesidad de cambiar los enfoques de la batalla contra las drogas porque el actual esquema fracasó  para muchos, pues se mantiene la producción, sigue la violencia generada por el narcotráfico, que afecta a todos los que intervienen en este negocio; en tanto que cada vez más crece el número de adictos, no solo en países considerados como consumidores sino en los históricamente clasificados como productores, el caso de Colombia.

Incluso para el caso de nuestro país, el expresidente César Gaviria hace de parte de un grupo de notables a nivel mundial, entre los que están expresidentes y figuras de renombre internacional, que publicó hace unos años un informe en donde califica de fracaso la lucha mundial antidrogas y pide un replanteamiento, especialmente en lo que tiene que ver con la criminalización, así como invita a los países a trabajar más en la prevención y en el tratamiento de los farmacodependientes.

"La lucha contra las drogas ha fracasado y con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. A 50 años del inicio de la Convención de la ONU sobre Drogas Narcóticas y 40 años de que el presidente Nixon lanzara la guerra contra las drogas, son necesarias, y de manera urgente, reformas fundamentales a nivel nacional y en las políticas globales de las drogas", dice el informe.

Igualmente, el presidente Santos ha manifestado en diferentes escenarios la necesidad de revisar  esta política mundial con el objeto de concluir si se debe mantener o es necesario cambiarla. Así lo planteó a todos los jefes de Estado del continente presentes en la Cumbre de Las Américas, que tuvo como sede a Cartagena el año anterior, en la que participó el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama.

Sin embargo, Juan José Álvarez dijo que mucho de lo que hoy se plantea como novedoso para modificar la lucha contra las drogas ilícitas ya estaba previsto desde hace muchos años. “El espíritu de las convenciones internacionales de drogas desde 1961 nos dice que la toxicomanía es una enfermedad, y que como es una enfermedad nos tenemos que preocupar por el bienestar moral y físico de la humanidad. Por tanto, tenemos que abordar el problema mundial de las drogas como un problema de salud pública, no solamente de salud pública, pero también de salud pública”.

El experto indicó que las declaraciones políticas sobre el tema, tanto la del 98 como la del 2009 establecen que los Estados tienen que trabajar en prevención, tratamiento y mitigación de daños. “¿Qué es mitigación de daños?, no tenemos que eliminar el problema porque es muy difícil eliminar una enfermedad, lo que nosotros tenemos es realmente tratar de que los daños que se producen por el consumo de drogas sean cada vez menores. Entonces el problema mundial de las drogas debe abordarse con un enfoque de salud pública y no de guerra contra las drogas”.

 

 

 

Estudio de La Sabana

 

Mientras en Colombia y en algunos países en vías de desarrollo se sigue debatiendo la posibilidad de despenalizar el consumo de las sustancias psicoactivas, un estudio del Grupo de Investigación en Narcóticos de la Universidad de La Sabana concluye que la guerra contra las drogas se perdió y en consecuencia se debe replantear la estrategia para enfrentar el narcotráfico. El informe también cuestiona la manera como las autoridades están enfrentando esta problemática internacional y sostiene que el negocio ha tenido cambios significativos que plantean otras dificultades para el régimen antinarcóticos actual.

El estudio que se titula: “El régimen internacional antinarcóticos: análisis crítico de la prohibición”, sostiene que el consumo de estupefacientes nunca ha sido tan alto como en la actualidad pese a las medidas de choque que han implementado los gobiernos en América Latina y Norteamérica, acciones que parecen ser insuficientes ante las alarmantes cifras que obtiene las mafias que se dedican a traficar con drogas.

Actualmente se calcula que el mercado ilícito de las drogas genera ingresos superiores a 153.000 millones de dólares. Solo en el comercio de la cocaína se producen dividendos por 88.000 millones de dólares, por la heroína 55.000 millones de dólares y por los opiáceos diez mil millones. 

Con relación a los principales productores de narcóticos, la investigación revela que Bolivia, Colombia y Perú siguen en el primer lugar en la producción de cocaína; y Afganistán se ubica como el principal productor de heroína.

En cifras, el informe indica que el consumo de heroína pasó en 1998 de tener un total de 12,9 millones de consumidores a 16,7 millones en 2012, es decir se incrementó en un 23% en la última década. Lo mismo sucede con la cocaína y la marihuana. 

“Hoy en día hay más de 16 millones de personas que consumen cocaína y más de 170 millones que consumen mariguana. Ambas sustancias han tenido un crecimiento sostenido de consumidores en los últimos diez años de un 13 y 17%, respectivamente”, señaló Alfonso Aza, autor de la investigación. 

Aunque actualmente existan iniciativas y acciones que buscan proteger la salud pública de la sociedad prohibiendo el uso y el consumo de algunas sustancias psicoactivas, según la investigación que realizó la Universidad de La Sabana esta estrategia puede producir consecuencias imprevistas en las que surgen preguntas incómodas para el actual régimen internacional antinarcóticos.

Por ejemplo: ¿Por qué se prohíben unas sustancias y se permiten otras, como sucede con el alcohol o el tabaco?; ¿Es posible que, como dicen las voces críticas, el sistema de control de drogas genere más daño del que pretende solventar?; ¿Puede un Estado imponer a otros una política determinada para reducir un problema de carácter doméstico, como lo ha hecho Estados Unidos con algunos países en Latinoamérica?

Para la comunidad internacional en general y especialmente para el caso colombiano, las drogas representan un fenómeno de enormes dimensiones, no solo por el número de vidas que cobra cada año por su consumo, sino también por la magnitud de las consecuencias que el narcotráfico genera en los países productores, en los de tránsito y en los consumidores. En conclusión, pensar en la prohibición total del consumo y la producción de drogas como la única opción para ganarle la guerra al narcotráfico, es una utopía a luz de este informe académico.

“Casi todos los días aparecen en el mercado nuevas sustancias que no están reglamentadas, algunas de ellas con efectos muy parecidos a los de las drogas tradicionales, e internet ofrece nuevos canales de distribución difíciles de controlar. A la vez, se vislumbra como tendencia el creciente abuso de fármacos, lo que amplía los interrogantes sobre el régimen internacional vigente contra los narcóticos”, dijo Aza.

 

 

Los Camad

 

En Bogotá la administración Petro avanza en la implementación de los centros de atención médica para drogodependientes (Camad), una iniciativa novedosa en el país en donde la atención de estas personas como una enfermedad todavía está en pañales, a pesar de que la reglamentación de la dosis personal aprobada por el Congreso impone esta obligación al sistema de salud.

Esta iniciativa tomó como modelo experiencias similares adoptadas en Estados Unidos y algunos países de Europa, que incluso contemplan suministrar a los adictos bajas dosis y disminuirlas con la esperanza de que dejen el consumo.

Sin embargo, para Alberto Naranjo, director del programa de Economía y Finanzas de la Universidad de La Sabana, es necesario tener cuidado al implementar este tipo de medidas porque las exitosas que hayan sido, no garantiza que igual ocurra en el país.

“Eso no es tan fácil porque ese experimento se hizo allá en ciertas condiciones, y ese es un llamado a que hay que hacer experimentos en Colombia, hay que tener evidencia científica en Colombia y hay que ponerle plata a esos experimentos, no solamente es poner el Camad sino es poner un grupo de científicos detrás de la evaluación científica del programa para mirar si fue exitoso”.