Radicado diez días atrás el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2018, es claro que hay muchos sectores que se sienten perjudicados por los recortes de recursos o la no asignación de más partidas para desarrollar obras, programas y proyectos.

Varios congresistas han advertido que deben ser los respectivos ministros y titulares de las principales entidades los que vayan a las comisiones económicas de Senado y Cámara a “pelear” porque sus respectivas carteras y áreas funcionales no se vean tan impactadas por un presupuesto que, según el Ministerio de Hacienda, fue recortado en rubros como inversión y funcionamiento.

Sin embargo, es claro que, como siempre ocurre, la orden de la Casa de Nariño a todo el gabinete es que no hagan lobby ante los parlamentarios para presionar mayor asignación de partidas o el traslado de algunas de unas entidades a otras. Eso está bien, pues todo gobierno debe dar sensación de unidad y coherencia, sobre todo en temas presupuestales.

Sin embargo, es evidente que el ‘tijeretazo’ a distintas carteras, agencias, institutos y departamentos administrativos es muy profundo y puede llegar a afectar su funcionalidad, sobre todo durante el segundo semestre del año entrante. Aunque algunos de los recortes se han justificado en que los primeros seis meses estará vigente la Ley de Garantías Electorales, restringiendo la capacidad de contratación e inversión de muchas entidades, hay casos en que la disminución de recursos está por encima del 30 por ciento. Incluso ya hay voces de expertos y parlamentarios que sostienen que habrá necesidad de adiciones presupuestales en el arranque del próximo gobierno, más aún porque algunos de los supuestos macroeconómicos planteados en el proyecto son demasiado optimistas sobre el nivel de ingresos de las arcas estatales.

Como se ve, no se trata, en modo alguno, de que el debate al proyecto en las comisiones económicas así como en las plenarias se convierta en una ‘rapiña’ entre los ministros y otros altos funcionarios. Pero es claro que a los titulares de cada entidad sí les corresponde gestionar los presupuestos para cumplir su meta, sin que ello implique necesariamente inflar artificiosa e irresponsablemente el monto de gastos máximos permitidos en el marco de la regla fiscal.