El primer texto final con las Farc tenía marco jurídico aprobado, un alto nivel de confianza en que la ciudadanía lo respaldaría, un escenario político de pulso abierto Gobierno-oposición y un cronograma para implementarlo antes de que arrancara la campaña electoral. El segundo texto, que será firmado hoy, no tiene base jurídica previa, renunció de entrada al escudo del aval popular, profundizó la polarización política con el agravante de un tufillo de ‘conejo’ a bordo y se tramitará en el Congreso paralelo a la puja proselitista por la Presidencia. Panorama EL NUEVO SIGLO

1. SIN BLINDAJE POPULAR: más allá de que las encuestas dieran una ventaja sustancial al “Sí” en la antesala del plebiscito del pasado 2 de octubre, lo que daba a entender que la ciudadanía lo respaldaba mayoritariamente, muchos analistas se seguían preguntando por qué el Gobierno se arriesgaba en las urnas para refrendar ese primer acuerdo de paz con las Farc si podía, dadas las facultades del Presidente de la República como responsable de la política para buscar una salida negociada al conflicto, pasar directamente a la implementación de lo pactado por vía legislativa o administrativa. Aunque la respuesta más obvia era que el Presidente tenía que cumplir su promesa inicial de que en todo lo negociado con la guerrilla la ciudadanía tendría la última palabra, lo cierto es que, en el fondo, la refrendación popular era vista como una especie de blindaje del acuerdo de paz, no sólo en cuanto a obligar a su cumplimiento a mediano y largo plazos, sino porque frente a posibles acciones de la justicia trasnacional, en especial la Corte Penal Internacional, quedaba claro que la decisión de otorgar un amplio margen de impunidad a los responsables de delitos atroces había sido avalada por todos los colombianos y no era una decisión unilateral del Gobierno de turno. Este nuevo acuerdo de paz renunció de entrada a la posibilidad de ese importante blindaje y escudo legitimador del voto popular, ya que la refrendación no será por la vía de las urnas sino a través del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país y en donde el Gobierno maneja las mayorías con los partidos que aunque ocupan un 80% de las curules, también respaldaban el Sí que perdió en las urnas el 2 de octubre. Esto no sólo deja el sinsabor de que los perdedores en el plebiscito le hicieron ‘conejo’ a los ganadores, sino que no hay forma de saber si la ciudadanía respalda o no este nuevo pacto, lo que es muy grave cuando el uribismo habla de referendo y se está ad portas de campaña electoral.

2. SIN BLINDAJE JURÍDICO: el primer acuerdo de paz -firmado el 26 de septiembre en Cartagena- tenía como punto a su favor que el marco jurídico para asegurar su cumplimiento e implementación al pie de la letra estaba ya formulado y aprobado a través del llamado “acto legislativo de paz”, que no solo establecía un procedimiento legislativo especial para tramitar rápidamente leyes y reformas constitucionales, sino que otorgaba al Presidente de la República facultades especiales para expedir decretos-ley con el mismo objetivo. Adicional a ello, el “acto legislativo de paz” establecía que el acuerdo debía ser elevado a “acuerdo especial” a la luz de los convenios de Ginebra y que el texto completo se integraría al bloque de constitucionalidad colombiano, quedando así como norma superior. Un blindaje jurídico muy fuerte. Sin embargo, el nuevo acuerdo de paz anunciado el pasado 12 de noviembre y que se firma hoy en Bogotá, ya no cuenta con ese blindaje, toda vez que el “acto legislativo de paz” no es aplicable ya que su vigencia estaba supeditada a que la refrendación popular fuera positiva. Como ello no ocurrió, el marco jurídico que sustentaba el primer acuerdo no funciona para el segundo. Incluso, tras la renegociación en La Habana se descartó la posibilidad de incluir elnuevo texto en el bloque de constitucionalidad -lo que le daría carácter definitivo y atemporal-, cambiándose por un artículo que busca introducirse en la Carta obligando a los próximos tres gobiernos a cumplir e implementar el pacto. Obviamente hay una gran diferencia entre constitucionalizar el pacto -primer acuerdo- y dejarlo apenas como referencia de implementación por 12 años -–segundo acuerdo-. Aunque el Gobierno hace maniobras ante la Corte Constitucional para revivir el “acto legislativo de paz”, no se ve nada fácil, e incluso podría ser contradictorio frente a varios temas del nuevo acuerdo.

3. SIN BLINDAJE POLÍTICO: la nota predominante durante cuatro años de tratativas en La Habana fue la negociación cerrada Gobierno-Farc, lo que llevó a la polarización nacional entre partidarios y contradictores del proceso y los niveles de cesiones políticas, jurídicas, económicas e institucionales a la guerrilla a cambio de su desarme. Bajo ese escenario, Santos logró llevar el proceso hasta la firma del acuerdo final pero cuando lo abrió, es decir cuando llegó el turno para que la ciudadanía aprobara o rechazara en las urnas lo pactado, perdió contra todos los pronósticos, pese a una actitud evidente de triunfalismo antes del plebiscito. Sin embargo, tras ese fracaso gubernamental, los líderes del No se mostraron dispuestos a un inédito “diálogo nacional” con el Ejecutivo para corregir el denegado acuerdo y confeccionar uno nuevo. Tanto los del No como otros sectores presentaron más de 400 propuestas que el Gobierno analizó y compiló en 57 ejes temáticos que llevó a La Habana para discutirlas con las Farc. Pero allí, aunque el presidente Santos dice que sí se introdujeron reformas de fondo al acuerdo rechazado en las urnas, los voceros más caracterizados del No, como los expresidentes Uribe y Pastrana, la excandidata Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez han replicado que los ajustes apenas fueron cosméticos y las reformas de fondo a temas como la justicia transicional o la elegibilidad política no se aplicaron. Si a ello se suma que el Gobierno dio por cerrada la renegociación del acuerdo con las Farc sin darles tiempo a los del No de revisar y opinar sobre el nuevo texto, queda en evidencia que el consenso político que la noche del 2 de octubre se creía que podía rodear un nuevo acuerdo de paz no se concretó y, por el contrario, el país se volvió a polarizar entre partidarios y opositores del mismo, con el agravante de que la oposición da a entender al país que Santos les hizo ‘conejo’ tanto en la renegociación del acuerdo con las Farc como en saltarse la refrendación popular.

4. SIN BLINDAJE ELECTORAL: cuando se sometió a las urnas el primer acuerdo, el optimismo gubernamental era tan alto que se creía que ganando el Sí, como lo pronosticaban las encuestas, la implementación del acuerdo vía ‘fast track’ legislativo y de decretos-ley sería sumamente rápida, e incluso los cronogramas de localización de tropas subversivas y desarme total no iban más allá de los seis meses. Ello aseguraba, entonces, que hacia junio de 2017, por tardar, estaría marchando ya buena parte de lo pactado y en ese proceso no se atravesarían de forma desestabilizadora las campañas electorales para los comicios de Congreso y Presidencia de la República en 2018. Evitar esa ‘contaminación’ era considerado clave para que el pulso de precandidatos y candidatos no se centrara en la implementación del proceso de paz, sino que la puja proselitista ya diera por sentado que esta era una realidad irreversible que tocaba cumplir, se quisiera o no. Ahora, con este nuevo acuerdo esa especie de blindaje electoral ya no es posible, toda vez que no existiendo ‘fast track’ legislativo ni facultades especiales presidenciales para emitir decretos-ley, toda la implementación normativa del pacto tendrá que hacerse por la vía ordinaria, es decir que las leyes derivadas del acuerdo tardarán entre tres y cuatro meses en aprobarse, y las reformas constitucionales entre seis y siete meses, como mínimo. En vista de que se calcula que las leyes y actos legislativos necesarios para implementar el nuevo acuerdo serán alrededor de 40, queda en evidencia de que por más que el Congreso trabaje el doble o se cite a extras, todo el 2017 se necesitará para tramitar y aprobar esas normas, y luego habrá que esperar a que la Corte Constitucional emita sus fallos de exequibilidad. En otras palabras, el desarrollo del nuevo acuerdo de paz estará en el centro de la campaña electoral en 2017, paralelo a la misma, profundizando la polarización nacional y llevando a que la gente tenga que decidir su voto entre quienes prometan seguir implementándolo y los que pidan apoyo político para llegar al poder y reversarlo, dando al traste así con el objetivo inicial, en 2012, de una “paz estable y duradera”.