Coletazo por reforma judicial

A quien sea elegido (a) en propiedad al frente del ente acusador le corresponderá el nada fácil reto de aterrizar los cambios que en el sistema acusatorio podrían implicar, de manera directa o indirecta, algunos de los cambios que están planteados en el proyecto de reforma a la Rama Judicial. Como se sabe, la iniciativa, que ya superó cuatro de los ocho debates en el Congreso, establece un arsenal de medidas dirigidas a disminuir de manera drástica la congestión en los despachos judiciales, que no sólo implica dejar en manos de abogados y notarios algunas funciones de administración de justicia, sino que impondría variaciones procesales y presupuestales para acelerar la resolución de expedientes en las distintas jurisdicciones, incluyendo la penal. Ello, a la par de seguir aterrizando las nuevas normas del Estatuto Anticorrupción. Por otra parte, es claro que si se cambia el régimen de investigación y juzgamiento de los altos funcionarios aforados, ello impactaría no sólo las facultades de la Sala Penal de la Corte Suprema, sino las funciones de las fiscalías delegadas ante el mismo alto tribunal así como de la labor de instrucción de expedientes y su radicación ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando se trata de posibles casos contra magistrados y hasta Presidentes de la República.

El revolcón en fuero militar

El nuevo Fiscal General, ya sea que esté en el cargo por 18 meses o por un periodo de cuatro años, tendrá que afrontar los cambios que en materia de fuero de investigación y acusación a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía se están planeando. Como se sabe, los ajustes en el fuero militar hacían parte del proyecto de reforma a la justicia pero el Gobierno decidió semanas atrás pedir al Congreso que, una vez arranque a mediados de este mes el quinto debate a la iniciativa, el artículo respectivo sea retirado para presentar un proyecto exclusivo sobre el tema. El borrador de esa nueva iniciativa ya está listo y empezó a ser socializado por el Gobierno y una comisión asesora con las distintas bancadas de la Unidad Nacional. El proyecto definirá específicamente en qué casos los procesos penales contra uniformados pasan a conocimiento previo de la Justicia Penal Militar o, en su defecto, será la Fiscalía la encargada de adelantar la respectiva instrucción.

Extinción de dominio

Uno de los principales cuellos de botella que tiene la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras es, sin duda, la gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que están en proceso de extinción de dominio o que se encuentran incautados pero la propiedad de los mismos no ha pasado a propiedad del Estado. El nuevo o la nueva Fiscal tendrá que delinear una estrategia que no sólo acorte sustancialmente la duración de los casos de extinción de dominio, sino que, acorde con las últimas reformas a esta legislación, le permita al Gobierno estar seguro de que, aún antes de que se produzca una sentencia, pueda vender el respectivo bien decomisado, bajo la seguridad de que por más maniobras que intenten quienes aleguen la propiedad del mismo, al final es tan clara la ilicitud de su origen que no hay riesgo en enajenarlo anticipadamente, monetizar su valor para financiar la lucha antidroga y la reparación a las víctimas y, en tercer lugar, disminuir el lastre y foco de corrupción que implica para el Estado manejar miles de narcobienes, tal como quedó evidenciado en la liquidada DNE.

Empujar Justicia y Paz

Ya resulta un lugar común advertir que la ley de Justicia y Paz proferida en 2005 no ha desembocado en un sustancial número de condenas al grueso de paramilitares (más de 2.000) que terminaron bajo esta jurisdicción por estar acusados de delitos graves y de lesa humanidad. Está claro que pese a las reformas introducidas en los últimos años a esta Ley con el fin de agilizarla, e incluso a la flexibilidad que ha introducido la propia Corte Suprema de Justicia, el número de condenas en firme no supera la decena. Es más, en no pocos casos hay tesis jurídicas que sugieren que como la pena alternativa máxima que establece Justicia y Paz es de ocho años de prisión, pues bien se podría alegar, a partir de 2013, el principio de prescripción en muchos procesos, pues los procesos apenas si han pasado de las etapas preliminares pero las resoluciones de acusación se dilatan y dilatan. Entre tanto, la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a los principios de verdad, justicia y reparación es cada día más lejana, y en muchos casos los afectados se han enfocado más en obtener la indemnización económica que en el proceso jurídico como tal.

Casos contra uribismo

A quien asuma en forma definitiva las riendas del ente acusador le tocará ponerse al frente de procesos penales de alto impacto para el país como los casos en donde son juzgados los ex ministros Sabas Pretelt, Diego Palacio y Andrés Felipe Arias. A los dos primeros se les formuló ayer resolución de acusación por su presunta responsabilidad en el escándalo de la yidispolítica, mientras que el tercero ya está en etapa preparatoria de juicio por el caso AIS. Igual le corresponderá al nuevo Fiscal liderar las gestiones a que haya lugar para que “reos ausentes” como el ex alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo (prófugo en el exterior) o la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado terminen compareciendo ante la justicia colombiana. Es claro que esos procesos y otros como los de laschuzadas, le generarán a la Fiscalía duros ataques desde la orilla del uribismo y demandará de la entidad, y de la capacidad de liderazgo de su titular, la máxima eficiencia para llevar a buen término los respectivos procesos penales y evitar que éstos se caigan por errores de forma y fondo.

Otros procesos insignia

Aunque cada fiscal es independiente en sus decisiones y no tiene un principio de subordinación jurídica frente al Fiscal General, es claro que es sobre éste que recae la obligación de maniobrar institucionalmente para que haya la mayor eficiencia en los procesos penales. Por lo tanto, al nuevo titular del ente acusador le corresponderá ponerle la cara al país por casos como los desfalcos millonarios a los recursos de la salud y la educación; la definición de los procesos por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, que tiene como principales protagonistas al clan Nule, el ex alcalde Samuel Moreno y el ex senador Iván Moreno; de igual forma, están pendientes otros procesos de alto impacto y eco mediático como los relacionados con la parapolítica a nivel de departamentos y municipios; la judicialización de los salpicados en los computadores de los cabecillas guerrillerosCano y Jojoy; las graves anomalías en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes; el siempre polémico caso del violador Luis Alfredo Garavito; los nuevos flancos de casos como los del Palacio de Justicia o varios magnicidios que siguen en la impunidad como el del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado; igual debe culminar la judicialización de los falsos positivos…

Falencias institucionales

Una de las mayores críticas que se hacen a la Fiscalía tiene que ver con la falta de un recurso humano más amplio para hacer frente a la creciente criminalidad. Las unidades de Antiterrorismo, Derechos Humanos, Antinarcóticos, Extinción de Dominio y de Justicia y Paz, así como las nuevas jurisdicciones relacionadas con el proceso de restitución de tierras deben ser reforzadas en materia presupuestal, de personal y de elementos técnicos. También es claro que aún persiste la incertidumbre en torno al número de plazas en la Fiscalía que están cubiertas por funcionarios en provisionalidad y el mandato constitucional y legal para que todos esos cargos sean ocupados por quienes hacen parte de las listas de elegibles derivadas de concursos de meritocracia. Además, tiene que seguirse aterrizando todo el proceso de absorción de funcionarios que hacían parte del desaparecido DAS.

Testaferrato en tierras

La Fiscalía es componente clave en toda la implementación del proceso de Reparación a las Víctimas de la violencia y la Restitución de Tierras. Si algo ha quedado claro en este primer tramo de la aplicación en firme de la norma es que hay enemigos declarados de la misma, tanto en la extrema izquierda como en la derecha. En ese orden de ideas, depende de la agilidad de la Fiscalía esclarecer y castigar las maniobras en notarías y juzgados para ocultar el origen ilícito en la titulación de más de dos millones de hectáreas arrebatadas a los desplazados. Sólo en la medida en que se avance en la judicialización de la compleja red de testaferrato será posible recuperar los predios y devolvérselos a los legítimos dueños. También corresponde a la Fiscalía acelerar las investigaciones para establecer quiénes están detrás de los ataques contra los líderes de asociaciones de reclamantes. No hay que olvidar que ya en algunas zonas se habla de “ejércitos anti-restitución” de tierras, que estarían siendo financiados por los poseedores de miles de hectáreas robadas a campesinos y hacendados, tanto por la presión paramilitar como guerrillera.

Las Bacrim, enemigo 1A

Si algo quedó claro en los últimos meses es que las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim) se han convertido, incluso por encima de la guerrilla, en el más grave factor generador de violencia en muchos departamentos y municipios. La Fuerza Pública se queja de que son muchas las capturas que se producen en la lucha contra estas organizaciones ilegales (derivadas del paramilitarismo y  ahora en alianza con la guerrilla y la delincuencia común) pero que los detenidos pronto quedan en libertad debido a las decisiones de los jueces de garantías, pues los fiscales no alcanzan a sustentar eficientemente los casos. Es urgente, por tanto, que la Fiscalía lleve a cabo una coordinación más eficiente con las Fuerzas Militares y Policía para que los golpes a las Bacrim no terminen siendo neutralizados por errores en capturas, debilidad del acervo probatorio y las maniobras dilatorias de los abogados defensores.

Ojo a feria de rebajas   

Uno de los principales retos de quien sea elegido por la Corte para estar al frente de la Fiscalía será, sin duda, poner filtro a la gran cantidad de rebajas de penas que los fiscales están negociando con los sindicados. Si bien es cierto que esos beneficios que se reconocen por terminación anticipada del proceso, allanamiento a cargos, delatar cómplices y entregar bienes de origen ilícito están amparado en la legislación vigente, lo cierto es que su aplicación indiscriminada está produciendo en la opinión pública una percepción de impunidad y de burla a la justicia y las víctimas. Corresponde, entonces, a la Fiscalía, como instrumentadora de la Política Criminal del Estado, ponerle más condiciones a esa clase de beneficios, incluso al Principio de Oportunidad, pues casos como las escandalosas rebajas de pena a algunos de los involucrados en el proceso por el ‘carrusel’ de contratación en Bogotá, están dejando muy mal parada a la justicia.