Un “memorando” al jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, frente a los alcances del nuevo acuerdo de paz firmado el pasado sábado con la guerrilla de las Farc, fue enviado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Una de esas inquietudes tiene que ver con el tema de la incautación de los activos de las Farc que serán utilizados para la reparación de las víctimas del conflicto armado, pero esta voluntad “no inhibe” los procesos de extinción de dominio que existen actualmente.

En este sentido señaló que ve con alegría que en el nuevo acuerdo se hayan recopilado las observaciones hechas frente al primer acuerdo firmado el 24 de septiembre frente a la inclusión de los bienes de dicho grupo armado. “En el ámbito de la justicia especial hay progresos muy significativos y al mismo tiempo han surgido inquietudes que hemos compartido con el propio jefe del equipo negociador”. 

“Por ejemplo en materia de la incautación de los activos de las Farc, el nuevo acuerdo habla felizmente de la elaboración de un listado de esos activos de los que tendrá conocimiento la opinión. Patrimonio con el que se va a indemnizar a las víctimas del conflicto armado”, precisó el jefe del ente acusador en rueda de prensa.

Asegura que la Fiscalía General continuará con la identificación de los activos y el patrimonio de las Farc para así continuar con la respectiva incautación. “Veníamos manifestando la importancia para que el acuerdo tuviera referencia a los activos de la insurgencia armada”.

El hecho que exista un reconocimiento y se fije un plazo de 180 días para la presentación del inventario es fundamental para el trabajo del ente investigador. En el tema de la Justicia Especial para la Paz (JEP) se tienen otras dudas relacionadas con el punto en que entrará en vigencia, punto que es muy sensible cuando se analiza su entrada en vigencia.

El punto límite permitirá establecer en qué punto entrará a operar el JEP en relación con los hechos relacionados con el conflicto armado hasta la entrada en vigencia del acuerdo y el momento en el que la justicia ordinaria recuperará su jurisdicción en estos casos. Este es un punto que ya fue puesto en conocimiento de Humberto de la Calle.

La Justicia

En las modificaciones y precisiones en el punto de Justicia del nuevo acuerdo se aclararon algunos de los temores de los voceros del No. Se destaca la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz con magistrados que sean solo de nacionalidad colombiana y que su duración será de 10 años.

Uno de los temas más delicados del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc es el de Justicia. Desde que se conocieron las bases de aquel punto en diciembre del año pasado, las especulaciones, miedos e incertidumbres empezaron a emerger.

Luego de que el Gobierno escuchara las inquietudes y sugerencias de los voceros del No y, además, las revisara de manera conjunta con las Farc, el sábado las dos delegaciones anunciaron las modificaciones y precisiones que se le habían hecho al primer acuerdo. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, aseguró que este último documento recoge el 80% de las inquietudes de los colombianos que votaron por el No.

Dentro de las precisiones y modificaciones que se le hicieron al punto de Justicia está la utilización de la tutela en contra de las decisiones tomadas por la Justicia Especial para la Paz. La Corte Constitucional solo podrá revisar la decisión si dos magistrados del alto tribunal y otros dos de la JEP lo admiten. Asimismo, en el documento se aclara que la Corte no tiene la capacidad de anular, invalidar o dejar sin efectos la decisión tomada en la justicia transicional. El alto tribunal tendrá que devolver al Tribunal para la Paz el caso para que decida amparar los derechos vulnerados para que se emita un nuevo fallo.

También se aclaró el tiempo de funcionamiento de la JEP: Diez años a partir de la entrada en funcionamiento de todas las secciones y salas de esta misma, pero su competencia podría extenderse 5 años más para concluir su actividad de ser necesario. Durante los dos primeros años se recibirán informes de reconocimiento de la verdad, con una posible extensión de tres años máximo.