Ante las declaraciones entregadas a varios medios de comunicación por el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, sobre la alianza entre el Partido Verde y el movimiento Progresistas, se abrió nuevamente el debate acerca de hasta dónde un mandatario puede participar en política.

Aunque hay quién lo censura, parece haber consenso en qué se entiende por intervención en política al apoyo a un aspirante o formar parte de la dirección de un partido.

El exprocurador Edgardo Maya le recordó a EL NUEVO SIGLO que aún “no estamos en elecciones para que rija la prohibición”.

Tras considerar que no le ve ningún tipo de problema a que Fajardo pueda asistir a un evento político de su partido, Maya dijo que “sigo reiterando mi posición de que es la norma más hipócrita que existe en nuestra legislación, porque la función pública es una actividad política”.

El también exprocurador Jaime Bernal recordó que él destituyó a una gobernadora de Cundinamarca por hacer actividades políticas y por el hecho de estar apoyando a un candidato.

El senador nariñense Eduardo Enríquez, del partido Conservador, dijo que la intervención en política se entiende como la manera de apoyar a un candidato u orientar una campaña política de algún aspirante a la presidencia, a la Gobernación, al Congreso, al Concejo o a la Asamblea.  También indicó que se puede considerar intervención en política cuando participa en actividades públicas políticas “y disponga del poder que administra en favor de un determinado candidato que haga parte de directorios políticos, esa es la intervención en política”.

Entre tanto, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, consideró que se vuelve a lo mismo de todos los días, que es la hipocresía de la participación de los funcionarios en política.

“Todo el mundo participa en política por debajo de la mesa. Pero aquí hacen una declaración pública o salen en una foto pública con alguien, entonces eso crea un problema y una investigación contra el funcionario”, se quejó.

Galán señaló que eso lo que indica es que el país está en mora de legislar sobre participación en política de los funcionarios que es un rezago del Frente Nacional que se debe replantear.

Sin referirse al caso de Fajardo, el exalcalde medellinense Alonso Salazar sostuvo que “la figura de la prohibición en política es obsoleta. Lo que se debe es prohibir de manera drástica el uso de recursos públicos para favorecer candidatos. Considerar ilegal expresar opiniones va contra otros principios constitucionales como la libertad de expresión”. 

Para el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta la solución está en diferenciar el nivel de funcionarios y analizar qué es lo que se llama “hacer política”.

“Si estamos hablando de política para promover las ideas, sus principios o sus obras, eso es distinto. La idea de que un funcionario pueda hacer política activa no me parece conveniente para el país”, indicó.