Tramitar un estatuto raizal fue una decisión tomada tras el fallo de la Corte de La Haya en el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua.

Durante  la LXVIII Cumbre de Gobernadores, realizada en San Andrés, el presidente Juan Manuel Santos les anunció a los isleños que el Gobierno les haría respetar sus derechos.

Luego, en un salón contiguo al principal, Santos se reunió con los grupos raizales y, dirigiéndose a la mandataria seccional Aury Guerrero dijo: “Tenga la seguridad, gobernadora, que aquí tenemos unos proyectos que van a cambiarle la vida a los sanandresanos, a todos los habitantes del archipiélago para bien, y comenzamos a enumerar y a concertar una parte de estos proyectos. ¿Qué es lo que la población más quiere? ¿Dónde están los proyectos prioritarios? ¿Cómo se pueden financiar? Y hemos venido cumpliendo, cumpliendo con todos y cada uno de esos compromisos”.

Finalmente, ese estatuto raizal sería debatido el 16 de agosto en San Andrés con el ministro del Interior, Fernando Carrillo.

Aunque la idea era radicarla en el Congreso el 20 de julio, el Gobierno conjuntamente con las comunidades raizales decidió no ir de prisa y más bien construir un documento que valga la pena y que proteja los derechos de los isleños.

 

Temario

 

El viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Aníbal Fernández de Soto, estuvo este fin de semana en encuentros con esta población construyendo el estatuto que le presentarían al ministro Carrillo.

Fernández le dijo a EL NUEVO SIGLO que “nos parece importante darle la misma relevancia a los raizales providencianos que a los sanandresanos”.

El alto funcionario explicó que “el propósito de la reunión era hacer pedagogía sobre el estatuto, que la gente supiera que el Gobierno quiere que salgan las propuestas de la comunidad, que se trata de un estatuto de derechos, un instrumento que garantice la salvaguarda de sus costumbres, su lengua, su idiosincrasia, el goce de su territorio, la incidencia en la toma de decisiones del archipiélago”.

Fernández sostuvo que las propuestas de los pobladores consistían en participación política, educación, territorio, preocupaciones por la sobrepoblación en el archipiélago.

Y manifestó que como conclusión de las reuniones sostenidas se tiene la formulación de “una propuesta metodológica de cómo los raizales de Providencia se incorporan activamente al proceso; una agenda de temas para desarrollar en las próximas semanas; y un trabajo encaminado a una próxima reunión en San Andrés el 16 de agosto con el ministro Carrillo en donde ya tendrán un documento más maduro para discutir con él”.

El viceministro Fernández explicó que es un estatuto de derechos que busca proteger a un grupo étnico y promover su salvaguarda e incidencia en las decisiones de su archipiélago.

“Hemos sido claros en que no queremos afanar, porque lo importante es que se construya de manera participativa, lo que le da legitimidad. Queremos llevarlo al Congreso en la próxima legislatura. Pero no hay fecha prevista. Por ahora lo importante es el proceso de construcción participativa de la iniciativa”, anotó Fernández.

El estatuto se debe seguir construyendo con toda la atención y el cuidado del caso, señaló Fernández, porque no se pueden desconocer los derechos de los demás sanandresanos que no son parte de ese grupo étnico, pero son también locales.

Por este motivo el proceso de socialización contempla etapas de discusión con la población sanandresana no raizal. “En últimas es un instrumento para el mejor desarrollo del archipiélago”, puntualizó el viceministro Fernández.

 

Raizales

 

Pero ¿qué opinan los raizales de este proceso?

Juan Ramírez, miembro de la comunidad étnica raizal, expresó que el estatuto es la última opción que pueden tener como pueblo y garantizar la permanencia en el archipiélago.

“Estas son nuevas posibilidades económicas, porque en estos momentos no hacemos parte, prácticamente somos observadores del desarrollo económico en la isla. No somos dueños de los hoteles, de los almacenes y no tenemos grandes ni pequeñas empresas”, señaló.

Ramírez anotó que  la población raizal quiere participar en las decisiones que los pueden afectar o beneficiar positivamente y señaló que “el estatuto raizal debe ser el instrumento que nos garantice seguir siendo colombianos dentro de nuestra perspectiva insular. Sin ese estatuto raizal prácticamente desaparecemos del mapa del archipiélago como personas, como pueblo, como familias, como comunidad”.

La idea, según indicó el líder, es construir una propuesta que sea democrática, que el Estado entienda que desarrollando el estatuto está construyendo una Colombia con mayor posibilidad para los ciudadanos insulares.

Walt Hayes, otro de los líderes de esta población, recalcó que lo que se ha hecho hasta el momento es la creación de grupos de trabajo para realizar la redacción y la divulgación. “Se ha hecho un trabajo en conjunto con la gobernación, con el ministerio del Interior acompañándonos en este sentido”, dijo.

Hayes expresó que existen bastantes reclamos alrededor del tema de la población y el control de ella. Consideró que ese es uno de los puntos que hasta el momento han sobresalido: “Aquí la comunidad ha estado haciendo el trabajo”, aunque “han habido divergencias internas a lo que deben ser las fechas para las reuniones”.

Por el momento se están recogiendo los insumos para la culminación del documento final, indicó.

 

Dirigencia política

 

No obstante, las autoridades locales han tomado la palabra para aportar ideas.

El asesor de la alcaldía de Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins, dijo que “es el momento de aprovechar y tomar la palabra del Gobierno nacional, de aceptar este acompañamiento para asegurar que pase al Congreso finalmente este estatuto, que nos estamos debiendo todos desde hace rato”.

Se sabe que dentro del estatuto raizal se incluirán conceptos como la inclusión del control poblacional, restitución y condonación de tierras, protección del idioma creole y fortalecimiento del aparato cultural entre otros.

Uno de los puntos de discusión gira en torno a que no se pueden incluir normas sancionatorias y en eso ha sido reiterativo en sus intervenciones el diputado Arlington Howard, del Partido Liberal, quien expresó que el documento no puede contener leyes sancionatorias propias de otros organismos autónomos porque sería revolver las cosas.

La gobernadora Guerrero ha venido señalando durante este proceso que lo que se debe es entregar un estatuto no al Gobierno, sino al pueblo.

Paradójicamente los dos representantes de San Andrés no conocen aún el documento que se está construyendo.

No obstante, tanto Julio Gallardo, del Movimiento de Integración Regional (MIR), como Jack  Housni, del Partido Liberal, manifestaron que lo importante del estatuto es que les garanticen los derechos a los pobladores raizales.

“La verdad es que no conozco cuáles puedan ser los lineamientos del mismo. Pero lo han venido construyendo los grupos raizales con el Gobierno”, declaró Gallardo, asegurando que “tan pronto llegue al legislativo estaremos atentos a defenderlo”.

Por su lado, Housni manifestó que lo que puede decir es que se debe seguir construyendo sobre la base que sea de beneficio para todos.

“Lo importante aquí es el contexto. Yo soy legislador y lo que creo es que hay que ver qué beneficios ha tenido para la región y para la comunidad étnica”, manifestó el congresista.

 

 

 

Mucha diversidad: Ángel

 

Juan Guillermo Ángel, quien fue alto consejero para esta región, le dijo a este Diario que en efecto es prudente tener una normatividad específica referente a proteger los derechos de esta población.

“La experiencia es muy variada desde dentro de esta comunidad. Hay quienes defienden posiciones típicamente racistas, aislacionistas y segregacionistas, por decirlo de alguna manera. Y hay sectores también muy amplios que tienen otras visiones. De manera que como cualquier comunidad su visión no es uniforme frente a los otros colombianos que habitan en la región”, explicó.

Ángel manifestó que ahí también se ve enfrentamiento de clases y de personas. Recordó que el Gobierno de la isla siempre ha estado manejado por raizales y que dentro de la población hay diversidad de opiniones. “Pero tuvimos buena relación al momento de trabajar con ellos”, dijo.