Un llamado de atención a las autoridades de la isla para que protejan los recursos naturales y amparen los derechos de los habitantes a gozar de un ambiente sano hizo el Tribunal Administrativo de San Andrés.

El pronunciamiento de la Corporación fue hecho al fallar una acción popular que reclamaba atención del Estado para evitar que las embarcaciones siniestradas, abandonadas, decomisadas o retenidas no sólo en la bahía, sino en todo el archipiélago, y que se encuentran en mal estado, contaminen o destruyan el ambiente marino del área donde están ubicadas por falta de mantenimiento.

La sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Eduardo Ramírez Amaya, señala que se encuentra probado que la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Armada Nacional, la Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago y el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vulneraron los derechos de los habitantes al permitir que las embarcaciones contaminen el mar.

“Están degradando o contaminando los ecosistemas de manglares, pastos marinos, arrecifes coralinos del área, habida cuenta que para destruir, desequilibrar y amenazar gravemente el equilibrio del ambiente marino o los recursos naturales de una zona específica del mar, basta con la presencia de tan solo una embarcación”, puntualiza la sentencia.

Para el Tribunal es deber de la Dirección Nacional de Estupefacientes velar por la conservación de la embarcaciones que se encuentran a su disposición, lo cual implica prevenir que sean fondeadas en el mar sin el mantenimiento debido.

Así mismo, la Corporación encuentra responsabilidad en los servidores judiciales porque es obligación de los auxiliares de la justicia presentar un informe periódico al titular de cada despacho sobre el estado y conservación de los bienes en custodia.

Finalmente advierte que la Armada Nacional no está cumpliendo con su deber de exigirle a los propietarios, depositarios, secuestres o administradores el mantenimiento adecuado de dichas naves.

“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, lo cual es correlativo al derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, pues el mar y sus recursos son de carácter público y por lo tanto, su protección vigilancia y protección le compete al Estado”, indica el fallo.

El Tribunal Administrativo de San Andrés le dio un mes a la Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago y a la Dirección General Marítima para que elaboren un informe sobre el estado de cada una de las embarcaciones ubicadas en la bahía o zonas marítimas aledañas a la isla, con el fin de establecer cuáles deben ser retiradas del mar por constituir una amenaza para el ambiente marino.