Un nuevo llamado de atención profirió la Corte Constitucional contra algunas Entidades Prestadoras de Salud (EPS) luego de constatar que continúan desconociendo las decisiones de ese alto tribunal. Esta vez, los magistrados Jorge Ignacio Pretelt, Alberto Rojas y Martha Sáchica revisaron 15 tutelas contra Capital Salud, Cafesalud, Asmet Salud, Nueva EPS, Coomeva, Saludcoop, Compensar, Comfenalco, Coosalud y Comfamiliar, en las que los pacientes alegaron que les habían vulnerado los derechos a la salud y la vida digna.
En las tutelas, familiares de adultos mayores y menores con discapacidad les solicitaron a las EPS pañales desechables, sillas de ruedas y suplementos vitamínicos, además de la prestación del servicio de transporte urbano e intermunicipal para acceder a terapias, consultas e intervenciones, teniendo en cuenta que su precaria situación económica no les permitía comprarlos. Sin embargo, las EPS contestaron que no podían entregar esos elementos porque no estaban incluidos en el POS o no habían sido expresamente recetados por un médico, y que las familias eran las encargadas de adquirirlos atendiendo al “principio de solidaridad”.
Aunque 10 de las 15 tutelas fueron negadas en primera instancia, la Corte no estuvo de acuerdo con los jueces y les dio la razón de los pacientes. Para el alto tribunal, “a partir de la recurrente situación evidenciada una vez más en los casos analizados, se debe nuevamente advertir a las entidades prestadoras de salud que no deben continuar desconociendo caprichosamente y sin justificación válida los precedentes jurisprudenciales de esta corporación que propenden por la prestación adecuada y eficiente del servicio de salud”. Y resaltó que “no existe justificación para que algunas EPS continúen desconociendo sus deberes, especialmente frente a personas que merecen especial protección constitucional”.
Por eso, le pidió a la Superintendencia de Salud que “ante la negativa recurrente de estas entidades a autorizar y suministrar los distintos servicios, elementos, intervenciones y medicamentos necesarios para precaver riesgos contra la salud y la vida digna, adelante las investigaciones en cada uno de los casos amparados y a la brevedad posible establezca responsabilidades y tome las decisiones a que hubiere lugar”.