Nacional de Política Criminal se dará a conocer el 10 de diciembre, tras discutirse desde el próximo martes en el Consejo de Política Criminal, que es el escenario propicio, anunció ayer la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa.

En el marco del debate sobre Crisis Penitenciaria y Carcelaria, realizado en la Comisión Primera de la Cámara, Correa señaló que el Ministerio de Justicia y del Derecho viene construyendo hace algún tiempo una política criminal sólida para lo cual el Consejo de Política Criminal dispuso la creación de una Comisión Asesora que tuvo  como finalidad estudiar unos parámetros claros dentro de los cuales debe tener cabida todo tipo de situaciones que deban ser o no sancionadas y presentar un análisis sobre la existencia o no de una política criminal en el Estado colombiano, sobre los problemas que presenta y sobre el rumbo que debe tomar.

“Cuando hablamos de política criminal estamos hablando de la acción del sistema penal en su labor de prevención, investigación y sanción del delito y ejecución de la pena. Y esa labor del Estado en todos estos  aspectos y esa labor debe estar fundada en una política estable, sólida, donde todas las modificaciones en esa acción penal estén imbuidas, estén efectivamente sujetas a esa política que el Estado haya establecido”, aclaró la ministra Correa.

La Comisión Asesora de alto nivel está  integrada  por importantes penalistas como Yesid Reyes, Rodrigo Uprimi, Iván Orozco, Julio Sampedro, Camilo Sampedro, Mariana Martínez, María Victoria Llorente, Daniel Mejía, Patricia Mantilla y Farid Benavides, que hoy es el Viceministro de Política Criminal, a cuyo cargo está la determinación de la política criminal del Estado.

De igual forma, la Ministra informó que el trabajo que presentó esta Comisión está reflejada en un documento que se encuentra publicado en la página web de la Entidad y se refiere a 4 aspectos: la construcción de la ciudadanía y mecanismos de justicia restaurativa, la política de seguridad ciudadana y prevención del delito, el establecimiento de un  sistema de investigación y seguimiento que sea eficiente y justo y la descongestión del sistema judicial, principalmente, y en el cual se dan unas recomendaciones  para el establecimiento de la política criminal que el país debe tener.