*El objetivo general de la estrategia es luchar contra el delito y garantizar los derechos humanos de las víctimas de este flagelo.

Adoptar la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas es una de las prioridades y compromisos adquiridos recientemente por el Ministerio del interior. Precisamente, en estos días se dio a conocer el proyecto de Decreto  con el cual se busca erradicar esta problemática trabajando desde varios campos interdisciplinarios y en coordinación con varias instituciones.

De acuerdo con la cartera política “el objetivo es adoptar la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas 2014-2018, elaborada y recomendada por el Comité Interinstitucional al que se refiere el artículo 12 de la Ley 985 de 2005, con el objetivo de desarrollar la política de Estado que contrarreste este flagelo, desde los enfoques de Derechos, Género, Generacional – Ciclo Vital, Diferencial, Territorial y Lucha Contra el Delito, abordando en su desarrollo los ejes de coordinación y sostenibilidad, prevención, protección y asistencia, investigación y judicialización cooperación internacional, generación y gestión del conocimiento y seguimiento y evaluación”.

Según el documento, las metas e indicadores de gestión, que permiten medir la eficiencia y eficacia en el cumplimento de los objetivos definidos en la Estrategia, se establecerán en el Plan de Acción Anual que elaborará el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.

Los recursos para la ejecución del mismo serán los contemplados en el artículo 20 de la Ley 985 de 2005 y/o el rubro asignado por el Presupuesto General de la Nación en el Ministerio del Interior, y con los recursos que asignen en sus presupuestos las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, de conformidad con sus competencias y en el marco de su autonomía administrativa y presupuestal.

Enfoques

Un primer enfoque es que tiene que ver con los derechos, este se enmarca dentro de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de Derechos Humanos, la ratificación de Convenios Internacionales y los compromisos y obligaciones subyacentes de estos instrumentos jurídico, así como la normativa nacional en la materia, obligando al Estado a actuar para la prevención y lucha contra el delito de la Trata de Personas, y la protección y asistencia a las víctimas de la misma.

Otro es el de género, el cual se convierte en una herramienta que permite reconocer las desigualdades construidas histórica y culturalmente por razones de identidades, las cuales generan riesgos y vulnerabilidades especiales y diferenciadas frente a la Trata de Personas.

El siguiente tiene que ver con el generacional o de ciclo vital, el cual reconoce las posibilidades, expectativas y prioridades de las personas en relación con su ciclo vital, visibiliza los derechos y garantías que titulan las personas de acuerdo a su edad.

El diferencial reconoce las inquietudes y desigualdades de diferentes grupos poblacionales, en razón de la confluencia de diferentes características, situaciones o condiciones como: la pertenencia de grupos étnicos, comunidades indígenas, la discapacidad, ser víctima del conflicto armado, entre otras. Factores que pueden incidir en el grado de vulnerabilidad y riesgo frente a la Trata de Personas.

La estrategia también mira lo territorial, en el cual se pretende evidenciar la necesidad de que las entidades territoriales, en coordinación con la Nación, sean actores de primer orden en la implementación de la presente Estrategia.

Finalmente, el enfoque lucha contra el delito, el cual se enmarca dentro de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano como parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y su Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y que obligan al Estado a hacerle frente de forma efectiva a esta amenaza criminal.

En ese orden de ideas,  permite tomar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o comportamiento que pueda dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de este fenómeno, así como sancionar a aquellos que incurran en la comisión del delito de la Trata de Personas.

Objetivos

La Estrategia busca cumplir el objetivo general de “combatir el delito de la Trata de Personas, y garantizar los derechos humanos de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, asistencia y persecución y sanción penal de este delito, que serán implementados en el orden nacional, departamental y municipal, bajo los principios de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad”.

Sin embargo, de este también se desprenden unos puntos específicos como por ejemplo: “Proteger y asistir de manera integral, calificada y diferenciada a las víctimas de la trata de personas, de forma inmediata y mediata”.

O también  “fortalecer la investigación y judicialización del delito de trata de personas, para hacer más eficaz y eficiente su persecución y sanción, garantizando la administración de justicia”. También se contempla “fortalecer y desarrollar mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral, regional y multilateral para avanzar en la lucha contra la trata de personas”.

Además plantea específicamente “desarrollar un mecanismo de información, investigación y estudio relativo a causas, modalidades, fines de explotación, tendencias, particularidades regionales y consecuencias de la trata de personas, con el fin de generar conocimiento que sirva de insumo al desarrollo de políticas públicas efectivas y a una mayor comprensión de este fenómeno.