“Yo recibí  una llamada aquí en mi casa y el alcalde me dijo que eso que yo le había hecho era peor que lo que le había hecho Diego Bravo, lo cual me parece una afirmación muy dura porque yo no le he causado ningún desastre a la ciudad”, dijo el hasta ahora gerente del Fondo de Vigilancia, Fernando Arbeláez.

El renunciante funcionario se refirió al debate por la renovación de un convenio entre la entidad y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para modernizar el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE), es decir la línea 123.

Mientras el alcalde Gustavo Petro desmintió informaciones sobre que se estaría presionando un otrosí entre la ETB y el Fondo de Vigilancia, Arbeláez no solo renunció al cargo, sino que ayer dijo que si hubiera firmado el convenio le tocaría irse bastantes años para la cárcel sin que el mejor de los penalistas lo pudiera defender.

Sobre las llamadas que recibió, señaló que la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, conoce las supuestas irregularidades del convenio para modernizar la línea 123 y expresó que le extraña su cambio de parecer ante el alcalde Petro.

“El informe que tiene la Secretaría es clarísimo en el sentido de que el convenio es un esperpento y de que no puede seguir y que hay que denunciarlo. Entonces yo no entiendo ahora por qué se rasga las vestiduras, por qué se alega contra el convenio y no se quiere firmar un otrosí que le dé más vida a ese convenio”, precisó Arbeláez.

A su turno, Petro anotó que la orden fue dar un salto tecnológico en el NUSE a finales de 2012.

“Yo no estoy de acuerdo con hacer otrosís. Es una opinión personal. La posición del alcalde es que el convenio firmado ya es suficiente. Desde el inicio del NUSE existe un convenio interadministrativo. Esto no fue que nos lo inventamos nosotros y tiene toda la razón de ser, porque lo primero, y nos lo están criminalizando en la administración Petro, es que un convenio administrativo no es como un contrato. Eso no es cierto. Un convenio administrativo deriva de la Constitución, que es la colaboración entre entidades públicas para lograr un fin común”, aseguró Petro.

El convenio 561, que fue firmado el 3 de octubre de 2014, busca optimizar los servicios de atención por medio de fibra óptica, con la que se mejoraría sustancialmente la comunicación entre el Centro Operativo de Emergencias (COE) y los cientos de teléfonos y cámaras de seguridad de la ciudad, y con el que se crearía la base de la nueva plataforma de emergencias, indica la administración.

Petro, además desmintió que este convenio administrativo se hubiera hecho sin anexos técnicos  ni financieros, o protocolos de pruebas para la nueva plataforma. El mandatario mostró los oficios que demostrarían que los anexos fueron entregados en su totalidad al Fondo de Vigilancia, y en los que se demostraría que se realizaron alrededor de 15 pruebas con diferentes softwares.

Frente a la denuncia que aseguraba que la ETB ha gastado más de 15.000 millones de pesos sin presentar los soportes, Petro respondió que con esos recursos “se le pagó a Itelca, porque cada mes de Itelca, la actual plataforma, ya desactualizada, vale 1.800 millones de pesos”.

Así mismo, ayer el concejal Javier Palacio, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sostuvo que la línea 123 está trabajando al fiado. “Se anunció un acuerdo con Itelca para que se siguiera prestando el servicio a pesar de la deuda del distrito con ellos, pues cómo les parece señores concejales que el compromiso fue verbal, no hay documento firmado, no hay contrato vigente, lo más grave, no se les han pagado un solo peso, la deuda sigue tal cual como viene desde el año pasado y están prestando el servicio al fiado”.

El debate por la renovación de un convenio entre el Fondo de Vigilancia y ETB para modernizar la Línea Única de Emergencias (123) seguirá hasta que esté modernizada esta herramienta de seguridad.