Al tiempo que los delegados del Gobierno y de la guerrilla se aprestan a iniciar en La Habana (Cuba) las conversaciones sobre la participación política de las Farc, el segundo punto en la agenda que se abordará luego de que se lograra un primer acuerdo sobre tierra y desarrollo rural, igualmente se agita en Colombia el debate sobre la conveniencia de que ese grupo se convierta en un partido y varios de sus actuales integrantes dejen las armas para hacer política.
Sobre ese particular el cardenal Rubén Salazar ha expresado que “la finalidad de las negociaciones en La Habana es precisamente, como lo ha dicho el presidente Santos, cambiar las armas por los votos. Colombia tiene que ser una democracia -como lo afirma nuestra Constitución- en la que sea posible el amplio juego democrático, del cual no se puede excluir a nadie. Es cierto que hasta ahora las Farc han recorrido el camino de las armas pero es necesario que, dejadas definitivamente las armas, puedan recurrir al juego político para presentar sus programas y para atraer así a los electores. Crear las condiciones para que esto sea posible es uno de los grandes retos que tiene en este momento el país”.
Salazar consideró también que “estoy convencido de que las Farc han comprendido definitivamente que el camino no puede ser el de la violencia armada. En este proceso tienen la gran oportunidad para acabar con dignidad esta guerra sin sentido y que ha causado tanto daño al país”.
Sin embargo el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, consideró que aunque otros procesos de paz en el país han estado fundamentados enamnistías e indultos, con la entrada en vigor del estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional, “no creo que puedan ser candidatos quienes hayan sido condenados con pena privativa de la libertad; no creo que puedan ser candidatos quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio o agresión a partir del 2002; y no creo que puedan ser candidatos quienes hayan cometido crímenes de guerra a partir del 2009. Me parece que esa posibilidad existiría para quienes estén incursos en delitos políticos, tal como lo contempla el marco legal colombiano”.