La acción judicial será interpuesta por el director de la Red de Veedurias, Pablo Bustos, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se abra una licitación pública para el contrato de explotación de la mina Cerro Matoso en Córdoba.

Bustos afirma que “dada la magnitud e importancia de dicho convenio se debe permitir la presencia de varios oferentes, advirtiendo que ante esto el Gobierno no debe permitir la ampliación de dicho contrato para la multinacional que actualmente desarrolla las explotaciones mineras de níquel”.

Así las cosas el funcionario explicó que se debe “velar por la garantía de libre concurrencia o pluralidad de los oferentes con el único objetivo de que se tomen las mejores decisiones para el desarrollo de ese campo en el país”.