Ayer se activó la Ley de Garantías Electorales de cara a los comicios territoriales de este año, la cual durante cuatro meses afectará la contratación de gobernaciones y alcaldías  porque prohíbe la que se hace de manera directa y por ende los convenios interadministrativos.

La Ley 996 de 2005 fue expedida como consecuencia de la reforma constitucional que implantó por esos días la reelección presidencial, buscando que el debate electoral en que participa el jefe de Estado en papel de candidato se desarrolle en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

Si bien esta Ley hace referencia específica a la situación que se presenta con un presidente aspirante a la reelección, el Consejo de Estado dictaminó que sus efectos irradian para toda clase de elección popular.

Ayer el ministro del Interior Juan Fernando Cristo señaló que el Gobierno estudia reformar dicha norma por los efectos que tiene sobre la contratación. Agregó que el efecto que produce uno de los artículos de la Ley de Garantías es que desde ayer no se pueden seguir haciendo inversiones mediante convenios de las entidades del Gobierno nacional con departamentos y municipios, “y solo se pueden reanudar después de las elecciones de octubre, con lo cual sí se frena la ejecución del Gobierno nacional y se frenan proyectos que podrían beneficiar enormemente a los ciudadanos en todas las regiones de Colombia”.

Por eso el Ministro anunció que “ese artículo de la Ley una vez pasen las elecciones, creo que vale la pena que el Gobierno nacional, y estamos evaluando esa posibilidad, presente un proyecto de ley en su momento al Congreso para que la Ley de Garantías se limite a establecer esas prohibiciones a las gobernaciones y alcaldías, pero no establezca esa limitación a la inversión nacional cuando se presentan las elecciones regionales” y las presidenciales.

Añadió que “una vez se promulgue la reforma constitucional de equilibrio de poderes, que prohíbe la reelección presidencial, habrá que evaluar qué debe dejarse de esa Ley y qué otros aspectos no vale la pena mantenerlos porque se habían contemplado era precisamente para limitar la acción de un presidente en ejercicio buscare la reelección presidencial”.

Sin embargo, para el director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, esta Ley en su conjunto ya no tiene justificación una vez eliminada la reelección presidencial. “Es un absurdo que se pare la administración pública y que muchos recursos no se puedan ejecutar y todo por una Ley que es obsoleta”.

Agregó que “la Ley de Garantías se estableció con el fin de proteger el proceso electoral debido a la reelección presidencial inmediata”, pero una vez eliminada, “no podemos seguir paralizando la gestión municipal, más en un momento tan importante como el que está viviendo el país”, refiriéndose al proceso de paz en el que se encuentra inmerso Colombia.