Saqueos, incendios y choques con la policía marcaron el final de una masiva marcha el miércoles hacia el estadio de Belo Horizonte donde se disputaba la semifinal Brasil-Uruguay (2-1) por la Copa Confederaciones, mientras aumentan las medidas para combatir la corrupción a pedido de los manifestantes.

Los manifestantes, que reivindican penas más duras para los políticos corruptos -entre muchas otras cosas- obtuvieron dos nuevas victorias: el Senado aprobó un proyecto de ley para endurecer las penas contra la corrupción y la Corte Suprema dictó prisión inmediata por primera vez para un legislador en funciones condenado por desvío de fondos públicos.

En Brasilia, la presidenta Dilma Rousseff recibió a los principales sindicatos, que mantienen un "día de lucha" para el 11 de julio, buscando sumarse a las manifestaciones que agitan al país desde hace dos semanas.

Unos 40.000 manifestantes marcharon pacíficamente hasta el estadio Mineirao de Belo Horizonte, pero un pequeño grupo intentó derribar las barreras metálicas en uno de los accesos y fue dispersado por la policía con gases lacrimógenos, dijo a la AFP una portavoz policial.

También "destruyeron dos concesionarias de automóviles y prendieron fuego", añadió la portavoz. Un total de 24 personas fue detenida por agresión o por llevar "material de depredación: máscaras antigases, palos, piedras y cuchillos".

Más temprano, manifestantes bloquearon cinco rutas e incendiaron un autobús en la periferia de Belo Horizonte, que con 5,5 millones de habitantes es la tercera metrópoli de Brasil. La policía desbloqueó luego las carreteras.

Las protestas comenzaron con reclamos por el aumento del precio del transporte y la mala calidad del servicio, en un contexto de inflación elevada y bajo crecimiento económico.

Luego sumaron reivindicaciones por servicios públicos de mejor calidad, combate a políticos corruptos y contra los millonarios gastos estatales para la Copa Confederaciones y el Mundial 2014 en vez de en salud, educación y transporte.

Respuestas

Tras las históricas protestas callejeras en todo el país, las reivindicaciones de los manifestantes comienzan a ser escuchadas.

El Senado de Brasil aprobó un proyecto de reforma del Código Penal que califica la corrupción como "crimen hediondo", es decir con la misma gravedad que un asesinato o una violación, y que endurecería por tanto las penas.

La Cámara de Diputados debe pronunciarse aún sobre el proyecto, y si lo modifica, éste debe volver al Senado.

La Corte Suprema ordenó por su lado la prisión inmediata para el diputado Natan Donadon por desvío de fondos públicos, adoptando esta decisión por primera vez para un legislador en funciones desde que fue aprobada la Constitución de 1988.

El Congreso también rechazó masivamente el lunes la propuesta de enmienda constitucional PEC37, que limitaba el poder de la fiscalía para investigar delitos de desvíos de fondos públicos, y que según los manifestantes aumentaba la impunidad de los corruptos.

Tras años de bloqueo, la Cámara de Diputados aprobó destinar un 75% de las regalías del petróleo para educación y 25% para la salud. El proyecto deberá ser aprobado ahora por el Senado y hay tramos que pueden ser vetados por la presidenta, que quería el 100% para la educación.

Rousseff afina asimismo con el Congreso los detalles de un plebiscito para hacer una reforma política que debería entrar en vigencia para las elecciones presidenciales de octubre de 2014, sin recurrir por ahora a una Asamblea Constituyente por falta de tiempo.

"Día de lucha"

Las cinco mayores centrales sindicales de Brasil convocaron por primera vez en más de 10 años a una movilización conjunta el 11 de julio.

"No es una huelga general pero habrá actos, movilizaciones en todo Brasil y también paralizaciones simbólicas", dijo a la AFP la vicepresidenta de la Central Unica de Trabajadores (CUT, 37% de representación y afín al gobierno), Carmen Foro, tras reunirse con Rousseff.

Las centrales han sido excluidas de las protestas por los manifestantes que no aceptan banderas de partidos ni de sindicatos.

En Brasilia, unas 2.000 personas se manifestaron frente al Congreso, según la policía, cuando se anticipaban unos 40.000 manifestantes.

"Tenemos que poner a los corruptos en la cárcel", rezaba una de las pancartas de los manifestantes.

Muchos conmemoraban las decisiones adoptadas por el gobierno y el Congreso. "Presionamos al gobierno y los políticos y funcionó", dijo a la AFP una estudiante de 17 años, Carolina de Moraes.

Las últimas grandes manifestaciones, el jueves pasado en más de 100 ciudades del país, reunieron más de un millón de personas.

AFP.