- La cero credibilidad de Kuczynski
- Un espejo para el caso colombiano
La decisión del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de concederle un “indulto humanitario” al exmandatario Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por corrupción y como “autor mediato” de una serie de masacres, asesinatos y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidos por “escuadrones de la muerte” militares, no sólo generó una tormenta política de amplias proporciones en la nación inca, sino que puso una vez más sobre el tapete el choque jurisdiccional entre legislaciones nacionales que permiten amplios márgenes de discrecionalidad a sus poderes públicos para amnistiar, indultar o conceder flexibilidades penales y penitenciarias a los culpables de delitos atroces y de lesa humanidad, con los tratados internacionales, convenciones globales y hasta instancias de justicia supranacional como la Corte Penal Internacional, que obligan a restringir al máximo todo margen de impunidad a esta clase de criminales.
En cuanto a ese primer flanco, el de la polémica política, jurídica, social e institucional en Perú, es claro que por más explicaciones que dé Kuczynski para justificar el indulto a Fujimori, su credibilidad es mínima. Y no sólo porque en repetidas ocasiones el mandatario inca había ratificado que no excarcelaría al enfermo expresidente, padre de su rival en las últimas elecciones y hoy máxima opositora, sino porque para el grueso de los peruanos parecería claro que hay una relación directa y evidente entre el sorpresivo indulto y el hecho de que el jueves pasado el mandatario se haya salvado, también sorpresivamente, de que su cargo fuera declarado vacante gracias a que una facción del partido fujimorista, Fuerza Popular, que domina el Congreso, decidió a última hora abstenerse de votar a favor de la salida del Presidente, que afrontaba un juicio político por haberle mentido al país en torno a que ni él o las compañías de las que era socio en su pasado como ministro o empresario habían tenido relación con la cuestionada multinacional brasileña Odebrecht, que protagonizó el escándalo de sobornos más grave de este siglo en el continente para hacerse a contratos de obras públicas.
Es claro que si a Kuczynski, por más que se haya salvado en el Parlamento, la mayoría de su país lo acusa de haberle mentido al país en el caso de Odebrecht, también considera que falta a la verdad sobre las razones reales para el indulto al expresidente. Esa es una situación inocultable que a corto y mediano plazos no hará más que explosionar la ya incipiente y débil gobernabilidad peruana.
Ya en el segundo plano, es decir el relativo al choque de criterios entre la jurisdicción nacional y la internacional, la cuestión es aún más complicada. Conceder un “indulto humanitario” a un presidente condenado por graves violaciones a los derechos humanos ya es, de entrada, un contrasentido. No hay que olvidar que en 2007, tras un largo procesamiento judicial y su extradición desde Chile- luego de huir de su país en el año 2000, recién reelegido por segunda ocasión-, el envío a la cárcel de Fujimori se convirtió en un símbolo global de que la justicia no se podía transar ni subordinar por más importante o fuerte que fuera el acusado. Una tesis que llevó a los gobiernos de Toledo, Humala y al propio Kuczynski, tanto en campaña como en sus primeros meses de mandato, a reiterar que era imposible indultar al enfermo exmandatario por la naturaleza de los delitos que cometió y el pésimo mensaje que se enviaría a la comunidad internacional. De allí que poco se entienda ahora que el debilitado Presidente peruano diga que está “convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza".
Las protestas de los familiares de las víctimas de las masacres cometidas por esos “escuadrones de la muerte” castrenses, las advertencias y descalificaciones por parte de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, y hasta los anuncios de algunos juristas incas de denunciar a Kuczynski ante tribunales internacionales son una evidencia de que en pleno siglo XXI el margen de acción de los gobiernos para perdonar o flexibilizar el castigo a culpables de delitos de lesa humanidad es cada vez más estrecho y el argumento de la soberanía judicial aún más relativo.
Para Colombia el desenvolvimiento del caso Fujimori será un espejo crucial, sobre todo ahora que se está ad portas de activar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que implica en la mayoría de los casos cero cárcel e incluso habilitación política inmediata a los culpables de delitos atroces y de lesa humanidad, lo cual tiene hoy al país bajo la mirada vigilante de la Corte Penal Internacional.