La población carcelaria en América Latina crece más rápido que el promedio mundial, impulsada por las políticas represivas antidrogas, un problema que tiene a los gobiernos rezagados en la búsqueda de soluciones, advirtieron especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Deborah Schibler, coordinadora regional de Protección del CICR, advirtió que las autoridades regionales enfrentan apuros por construir nuevas prisiones, que nunca son suficiente para reducir el hacinamiento por el rápido crecimiento de la población penal.

"Los nuevos establecimeintos deberían estar pensados en reemplazar los viejos, que no están hechos para reinsertar al preso a la sociedad. Pero cada vez que se construye una nueva estructura, se llena rápidamente y las estructuras viejas siguen llenas, no las pueden quitar porque sigue el hacinamiento, entonces el problema no se soluciona", declaró Schibler, de nacionalidad suiza, a la AFP.

La especialista de la organización humanitaria con sede en Ginebra participó esta semana en la capital costarricense en un taller para discutir la infraestructura carcelaria regional, junto a representantes de 13 países latinoamericanos.

Datos del estudio World Prison Population List, del británico Instituto de Investigación de Política Criminal, indican que de 2000 a 2016, la población penal del mundo creció casi 20%.

Mientras tanto, en Centroamérica creció 80% en ese período mientras que en los países suramericanos subió 145%, lo que los convierte en las zonas de más rápido crecimiento de la población penal en el mundo.

El español Ione Rodríguez, encargado regional de Infraestructura del CICR, destacó que "uno de los grandes males del sistema penal de América Latina es la falta de instalaciones adecuadas o bien mantenidas, principalmente por la gran antigüedad de las estructuras".

- Drogas y cárcel -

Detrás del fuerte incremento de la población penal latinoamericano está la guerra a las drogas, que llevó a los gobiernos de la región a intentar solucionar ese problema con encarcelamiento, según los especialistas de la Cruz Roja.

"Cuando se empezó a solucionar el problema de las drogas con cárcel, se prohibió todo: porte, uso, tráfico, y lo que se hizo fue llenar establecimeintos carcelarios", destacó Schibler.

A su juicio, la prisión no resuelve el problema porque cuando se detiene a una persona por vender droga en un barrio, atrás vendrá otro a ocupar su lugar, que posiblemente será sustituida por otra si llega a ser detenida.

Los expertos plantearon la necesidad de diseñar políticas penales integrales que utilice todos los instrumentos de corrección disponibles, no solo el encarcelamiento, y que se plantee a quién debe enviar a prisión y quién puede tener otro tipo de pena.

Sin embargo, un sistema carcelario que transforme al infractor en una persona que respete a la autoridad y las leyes requiere inversión, lo cual suele generar críticas entre la población.

"Es la gran contradicción de la opinión pública, que exige al sistema que resocialice a la personas pero no ve con buenos ojos que se invierta en el sistema que debe hacer esa reinserción", reconoció Rodríguez.

Schibler acotó que "tenemos que preguntarnos, si mi vecino estuvo 20 años en la cárcel y al salir viene a vivir a mi barrio, ¿cómo quiero que sea ese vecino? ¿Quiero a alguien que estuvo en un lugar oscuro, mal tratado, o alguien que redescubrió el respeto a la autoridad, capacitado para reinsertarse a la sociedad?".

Rodríguez reconoció que hay países latinoamericanos que han comenzado a  atacar el problema penal de manera integral, con acciones de largo plazo hasta políticas correctivas del día a día.

"Si los que planean y diseñan las prisiones, los que cuidan las cárceles y los que resocializan a los internos, no se sientan a discutir a quién queremos tener preso, cómo tratarlos, y cómo hacer su reinserción, esto no se va a solucionar", advirtió Schibler.