El Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado,  señaló que las sanciones penales no son sinónimo de justicia sino instrumentos para reconciliar a la sociedad con aquellos individuos que le han causado daño. El funcionario fue enfático en señalar que después de que los infractores han cumplido su pena, la sociedad debe entender la deuda como saldada y permitir su reintegración en la vida social.

El jefe de la cartera de Justicia señaló que la pena no puede ser el propósito ni del derecho penal ni de la justicia transicional: “debemos trascender y entender que la pena es sólo uno de los mecanismos de la justicia, pero no es el único”.  Y añadió: “En Colombia estamos permanentemente aplicando penas y la sociedad suele reaccionar sobre determinados hechos delictivos pidiendo más sanciones, como si su aplicación fuera la finalidad de la justicia”.

El alto funcionario puntualizó que la pena no es un fin en sí misma, sino tan solo un medio para conseguir el restablecimiento de las relaciones en la sociedad: “Las penas pueden ser vistas como un mecanismo para conseguir la reconciliación social porque su imposición pone de presente que alguien se ha comportado de manera indebida, porque la limitación de derechos desestimula la comisión de delitos y porque después de cumplida la pena se entiende como saldada la deuda del infractor con la comunidad”, afirmó el Ministro Reyes.

Durante la instalación del Foro Colombo – Alemán “Reconciliación, Responsabilidad y Memoria” que la Embajada Alemana, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Universidad Nacional realizaron este miércoles en la ciudad de Bogotá el funcionario reiteró que la resocialización debe ser uno de los principales fines de la sanción penal y por esto “tras el cumplimiento de las penas se le debe brindar al infractor de la ley la posibilidad de reintegrarse a la comunidad y a la vida social”.

El jefe de la cartera además señaló que en el marco de la justicia transicional será efectiva la aplicación de penas “siempre y cuando se consiga establecer la responsabilidad por la infracción, se derive la imposición de una sanción que muestre al infractor y a la sociedad la necesidad de seguir las normas, las víctimas sean restablecidas en sus derechos y se garantice la no repetición de estas conductas”, dijo. El jefe de la cartera agregó “lo que se espera es que la sociedad acepte lo anterior y emprenda una vida social en armonía incluso con quienes han infringido la ley”.

El Ministro de Justicia culminó precisando que las penas a los infractores así como la gravedad de las mismas, deben estar relacionadas con las faltas cometidas y los propósitos de la sanción y fue enfático en señalar que “la imposición o ejecución de penas que excedan el cumplimento de esa meta, están más cercanas a un concepto de venganza que a uno de justicia y ello conlleva a la pérdida de su legitimidad”.