Hay disposición en el actual Gobierno para trabajar de la mano con la sociedad civil para poder decir la verdad a las familias de plagiados, señaló la directora de País Libre.

Las cifras del secuestro en Colombia han sido tema de discusión desde hace años, especialmente por qué tan fidedignas son. Una muestra de ello es que distan los registros establecidos por el Gobierno con los de organizaciones de la sociedad civil.
Otro aspecto en discusión es si quienes figuran cómo secuestrados realmente permanecen en esa condición o ya están libres y no se reportó este hecho, o incluso fueron asesinados en cautiverio; hasta cabe la posibilidad de que en el registro aparezcan personas desaparecidas.
En este sentido, Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre, ONG que este año está cumpliendo 20 años de labores en la prevención y lucha contra el secuestro y otras privaciones ilegales de la libertad, dijo que se deben reglamentar las cifras del secuestro, más teniendo en cuenta que este delito está conectado con la Ley de Víctimas, y “es que si la persona no aparece en los registros oficiales no puede gozar de los beneficios de ley”, explicó.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué ha hecho el Congreso por los secuestrados y sus familias?
OLGA LUCÍA GÓMEZ: Durante los últimos años, digamos estamos hablando de 2004 a la fecha, pues se han aprobado varias leyes, sobre todo la Ley 986 de 2005, que da unos beneficios a los familiares de los secuestrados durante el tiempo de cautiverio. Recordemos también que por esa Ley los policías y soldados a pesar de que estuvieran cautivos seguían con su carrera oficial. Ésta yo creo que es una Ley muy importante porque víctimas de secuestro, víctimas de desaparición gozan de esta Ley.
Otro hecho importante es lo que hizo la congresista Piedad Córdoba, en su tiempo, con la mediación humanitaria que hizo para la liberación de los secuestrados, que las Farc decidió llamar secuestrados políticos  
ENS: ¿Qué otra ley se requiere para ayudar a las personas que están secuestradas? 
OLG: Yo creo que en este nuevo escenario con la Ley de Víctimas, habría que mirar cómo la están reglamentando, pero creo que en el marco de la Ley de Víctimas hay que tener una preponderancia especial por las víctimas de secuestro en el tema de la reparación, porque lo que estábamos mirando en País Libre es que no ha habido ninguna reparación a las familias de los secuestrados. Ese sería un capítulo muy importante en la Ley de Víctimas para tener en cuenta el tratamiento que deben tener las familias de los secuestrados.
El otro punto importante de revisar a partir de leyes y decretos en el Congreso es todo el tema de la depuración de las cifras, creo que eso no se puede dejar como al libre albedrío de algunos profesionales. Creo que eso debe estar reglamentado también, y no solamente por las cifras del secuestro sino por lo que de alguna u otra manera está conectado con la Ley de Víctimas, y es que si la persona no aparece en los registros oficiales no puede gozar de los beneficios de ley. Entonces otro aspecto que debería reglamentarse a manera de ley del Congreso sería una depuración abierta, sistemática y clara por parte de los entes encargados del Gobierno de hacer este tipo de depuraciones.
Creo que es muy importante, hay una muy buena disposición en el Gobierno actual de que el Gobierno y la sociedad civil, como País Libre, podamos trabajar de la mano para poderle decir la verdad a muchos familiares de secuestrados, por ejemplo de los cuales desde hace mucho tiempo no se sabe nada, y tienen la expectativa de ser reparados, de tener verdad, de tener justicia.
Entonces yo creo que el escenario actual es muy importante para darle una relevancia al secuestro y a los familiares de los secuestrados. 
ENS: ¿Por lo general hay diferencias sobre las cifras de secuestrados que entrega el Gobierno y las de País Libre, es posible depurarlas y que se acerquen en el número?
OLG: Es que no nos ganamos nada con que yo haga mi depuración con mis casos y que el Gobierno haga lo propio con los suyos, yo creo que el nodo central de este punto es sentarnos a trabajar conjuntamente, exponer y mirar la casuística que tiene País Libre, mirar la dinámica regional de una manera mucho más profunda y poder sentarnos en mesas de trabajo a tener, digamos, un libreto unificado.
No se trata de tenernos tampoco tan unificados, pero yo creo que es muy importante esa conversación y ese trabajo de depuración conjunta.
Lo que yo veo y siento, y muy francamente lo digo, y me parece muy bueno para el país, es la actitud que tiene el viceministro Rafael Guarín y todo el Ministerio de Defensa, y la nueva Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, frente a que trabajemos en conjunto unos temas de toda la relevancia, como es la depuración de las cifras, desarrollar un proceso de búsqueda de los secuestrados muertos; pues porque es que creemos que eso es una lección también para el país que sociedad civil y Gobierno puedan trabajar juntos a favor de un tema y sobre todo de las víctimas.
ENS: ¿Tras el escándalo de Fondelibertad sus funciones las asumió la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, que vio reducido su presupuesto casi a la mitad para 2011, ¿esto puede afectar la calidad de cifras sobre el secuestro?
OLG: Nosotros estamos en una comunicación muy estrecha, repito hay una actitud mucho más abierta y de voluntad de cooperación, de trabajo, entre País Libre y la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal. Lo que el tema del presupuesto podría afectar es más de la operatividad en sí misma que la política de lucha contra el secuestro.
A principios de agosto el ministro Rivera (Rodrigo, renunció al cargo el 31 de diciembre pasado) lanzó la nueva política de lucha contra el secuestro, pero le llamó sobre todo de una manera muy amplia, la nueva política para la defensa de la libertad personal.
En esta política se habla de la libertad personal teniendo en cuenta delitos como la trata de personas, la desaparición forzada, la extorsión y el secuestro. Si se limitan, digamos, los fondos o los recursos de la Dirección Operativa, de pronto uno de los retos o de las cosas que habría que mirar muy bien es que se abre el espectro de la libertad personal, y eso de pronto podría acarrear un problema. Yo no creo que vaya directamente a incidir en el tema de las cifras, más bien en el alcance que puede tener la política para cubrir esos delitos.