Próxima semana la Comisión Primera de Cámara definiría si adelanta o no un debate de control político sobre este candente tema

Con la resolución que esta semana expidió el Ministerio de Salud regulando la eutanasia después de 18 años de que fuera aprobada para enfermos terminales, parece que no se ha puesto el punto final en la discusión por este polémico tema, pues la Iglesia y el mismo Congreso están dispuestos a dar la pelea por considerar que el Gobierno no estaba facultado para adoptar decisiones  en este sentido.

La Iglesia católica además de las prevenciones naturales que tiene frente a este tema porque es defensora de la vida desde la concepción hasta la muerte por causas naturales, también se ha  adentrado en los terrenos jurídicos al considerar con argumentos en mano que esta reglamentación es inconstitucional porque, dice, solo el pueblo a través de sus representantes en el Congreso podía pronunciarse sobre el particular.

Como si esto fuera poco, el Congreso de la República también está dispuesto a participar en la discusión, no solo para defender la facultad de legislar que le confirió la Constitución, que considera fue usurpada por el Gobierno en esta caso, sino también para pedir explicaciones al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, sobre la forma como se adoptó dicha reglamentación y las implicaciones que tendrá.

Además de ello, están pendientes de resolver los recursos que sobre este asunto se han presentado hasta el momento ante las altas Cortes: uno, la nulidad que solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Sala Plena de la Corte Constitucional en cuanto a la Sentencia T-970 de 2014, que le ordena al Ministerio de Salud la reglamentación del “servicio” de la eutanasia; así como una demanda de nulidad de la resolución expedida por el Ministerio de Salud, acción que presentó ante el Consejo de Estado un concejal de Bogotá. 

Como se ve son varios los frentes en los cuales se librará una fuerte batalla entre quienes apoyan o rechazan esta medida, mientras que al tiempo se espera que ya con esta resolución en mano los ciudadanos empiecen a acudir a la eutanasia como último remedio para escapar de las penalidades que los afectan sin que exista la expectativa de curación porque ya están en una etapa terminal.

Incluso también se ha rumorado en algunos sectores políticos la posibilidad de que sea impulsado convocar un referendo para que los ciudadanos se pronuncien por medio del voto si están o no de acuerdo con permitir la realización de la eutanasia.

 Iglesia

Consecuente con la defensa de la vida como uno de sus principales valores éticos y religiosos, la Iglesia católica ha expresado una fuerte oposición a  la eutanasia en Colombia, que se acrecentó después de que en 1997 la Corte Constitucional en la Sentencia C-239 la despenalizó y elevó a la categoría de fundamental el derecho a morir dignamente.

En ese sentido, la Iglesia se hizo sentir frente a varios proyectos de ley que se presentaron en el Congreso de la República orientados a reglamentar la eutanasia, y que finalmente terminaron sucumbiendo por las opiniones divididas que genera este asunto.

Luego la Iglesia levantó la voz más alto para deplorar la decisión (Sentencia T-970)  de la Corte Constitucional en febrero pasado, cuando le dio 30 días al Ministerio de Salud para que regulara la eutanasia y en ese camino expidiera una directriz que sirviera a los operadores de la salud para atender la petición de los ciudadanos que opten por la eutanasia para poner fin a su sufrimiento debido a una enfermedad.

Sin embargo, como se dijo anteriormente, los argumentos de la Iglesia católica también son jurídicos en este tema. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, señaló a EL NUEVO SIGLO que “la Corte Constitucional tiene un objetivo en su naturaleza que es cuidar la Constitución, que nadie le vaya a alterar ni una coma, es como el cuidador de la Constitución, pero si la misma Corte la cambia, no solo está haciendo un error sino yendo en contra de su naturaleza, que es cambiar la Constitución. El único que puede cambiarla es el pueblo colombiano a través del Congreso, que son sus representantes, o a través de un plebiscito o un referendo”.

Un segundo error en que se incurre en este tema, según monseñor Córdoba, es que la Corte “no solo cambia la Ley sino que le dice a un ministro, una persona natural, que reglamente la nueva ley de eutanasia. ¿Quién es el encargado de reglamentar las leyes?, el mismo Congreso”.

Por otra parte, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, dijo que "la Corte Constitucional no está hecha de seres divinos, omnipotentes y sabios, pueden equivocarse y también corregirse, en este caso se equivocaron en sacar un tipo de ley que no favorece la cultura de la vida sino de la muerte. Ellos se pueden echar para atrás porque o si no nunca tendríamos la posibilidad de corregirnos de nuestros errores y de mejorar e introducir un nivel de vida diferente que no sea el de quitarle la vida a los demás".

Las demandas

La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad de la Sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional, fallo de tutela proferido por una sala de revisión, con la aprobación de dos magistrados, que le ordena al Ministerio de Salud la reglamentación del “servicio” de eutanasia.

Argumenta el Ministerio Público que la sentencia es nula porque contradice la jurisprudencia que la misma Sala Plena había sentado en las Sentencias C-239 de 1997 y C-233 de 2014, según las cuales el legislador es el único que puede hacer reglamentaciones relacionadas con la eutanasia. En este sentido, la sentencia de tutela obliga a que un ministerio invada las competencias del Congreso.

La Procuraduría General resaltó así mismo que la sentencia para la cual se solicita la nulidad también contradice jurisprudencia de la Sala Plena del alto Tribunal al cambiar la naturaleza de la eutanasia. Así, mientras las sentencias de constitucionalidad referidas la habían catalogado como una justificación excepcional y condicionada para el delito de homicidio por piedad, la sala de revisión convirtió dicho procedimiento en una obligación de los médicos y del sistema de salud.

En este sentido el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado aseveró que “se atenta contra la familia otorgándole a la cultura de la muerte instrumentos jurídicos para actuar contra el que está por nacer o el que está por morir. Hoy el derecho a la eutanasia aparece como políticamente correcto. Esa es la verdadera herencia del nazismo”.

En tanto que ayer se conoció que el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, radicó ante la Sección Primera del Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución del Ministerio de Salud que establece la directriz para que las EPS y hospitales hagan efectiva la decisión de un ciudadano que opta por la eutanasia.

Ramírez argumenta en su demanda que el Ministerio de Salud desbordó su competencia porque la regulación sobre el particular era únicamente del Congreso de la República por medio de una ley estatutaria y no como se hizo a través de un acto administrativo.

Ahora hay que esperar si el alto Tribunal acepta esta demanda de nulidad o por el contrario la desecha.

Congreso

El representante a la Cámara, Rodrigo Lara, propuso esta semana la realización en la Comisión Primera de un debate de control político al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que explique su actuación al reglamentar la eutanasia  y las implicaciones en la sociedad que tendría una determinación de este calibre, que se adoptó sin ser discutida en el Congreso.

"Es muy preocupante que temas tan sensibles como la eutanasia sean redactados por un funcionario de la oficina jurídica que nadie sabe quién es, de los despachos del Ministerio de Salud y que no asume responsabilidad política porque a él no lo elige nadie y a él no le refrenda su elección nadie", se lamentó Lara.

Añadió que "los debates de esta naturaleza deben darse teniendo en consideración el impacto que esto puede producir en una sociedad”.

Por otra parte, el senador Orlando Castañeda Serrano señaló que "la orden dada por la Corte viola nuevamente la cláusula general de competencia para legislar, asignada al Congreso de la República por parte de la Constitución, lo cual de entrada ya presenta un desequilibrio institucional que atenta hasta con las teorías más clásicas de la división de poderes".

Para el Congresista "la Corte Constitucional no solo excede sus funciones sino que de forma arbitraria entra a regular, definiendo los términos y plazos en los cuales técnicamente debe desarrollarse éste protocolo, y la práctica que ampara, usurpando también, la potestad reglamentaria que para regular el tema, tiene el Gobierno Nacional".

Mientras que la senadora María del Rosario Guerra dijo que "la vida humana goza siempre de valor, independientemente de su calidad. Si se acepta que es lícito matar a alguien porque está sufriendo una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables y que por tanto es incompatible con la idea de dignidad, se está reconociendo que sólo las personas con buenas condiciones de salud merecen seguir viviendo".

Por otra parte, el ministro Gaviria ha justificado que con su actuación“simplemente estamos cumpliendo con un mandato de la Corte Constitucional”.

Añadió que “hubo 17 años de inactividad legislativa en este aspecto y no se hizo nada. El Congreso no reglamentó, por eso la Corte, esta vez, le dijo al Ministerio que en 30 días sacara la resolución”.

Gaviria explicó que “si el paciente ha expresado previo a la enfermedad la necesidad de la eutanasia, se le podrá practicar; lo que no hacemos es que un tercero pueda decidir por el paciente, este caso es complejo y eso deberá definirlo el Congreso”.