A pesar de que suele confundirse la realidad con el pesimismo, lo cierto es que la situación económica del país no pasa por el mejor momento. Valga en tal sentido solo con recordar lo que viene ocurriendo recientemente con las calificadoras de riesgo.
La última de esas expresiones estuvo en la reciente información de Fitch Ratings, según la cual la credibilidad y capacidad crediticia de Colombia se vería seriamente comprometida si el crecimiento es menor a lo que se esperaba a comienzos de año y el déficit fiscal presiona el pago de la deuda.
Está por descontado establecido, luego del escándalo de Odebrecht, cómo varias de las obras de infraestructura más importantes del país quedaron gravemente comprometidas o lesionadas. En la misma dirección, proyectos de la llamada Cuarta Generación van más lentos de lo esperado, en particular desde la salida del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero todavía peor, frente a los ingresos globales colombianos, el problema está no sólo en la baja de la producción petrolera, sino en que el precio internacional del crudo no se recompone decididamente e incluso se mantiene en una franja mucho menor a la presupuestada.
Por eso Fitch sostiene claramente que la única salida viable es el recorte del gasto público, dentro de lo cual se pueda equilibrar el costo gubernamental y garantizar los excedentes para el pago de la deuda. No de otra manera entiende la calificadora de riesgo las posibilidades de que Colombia no sea afectada drásticamente con una disminución en sus perspectivas de inversión, deuda y potabilidad fiscal.
Lo mismo, de alguna manera, había advertido Standard & Poor’s hace un tiempo, poniendo al país en una zona negativa, por lo general la alerta previa a la baja de las calificaciones. De igual modo procedió Moody’s apurando hace unas semanas sus advertencias para acompasar las metas fiscales propuestas.
Las anteriores apreciaciones de las calificadoras de riesgo internacionales significan, en primer lugar, que los alcances de la reforma tributaria no parecerían haber sido suficientes para que la economía colombiana deje de estar en un estado de observación permanente. De hecho, los desequilibrios externos siguen a la orden del día, como se dijo, a raíz de que los precios del crudo no cobraron la cota que presupuestaba el Gobierno nacional, al situarla sobre los US$60 el barril. Pero igualmente se denota una inflación apenas dentro de los índices más altos de la meta-rango establecida por el Banco de la República. Más grave y calamitoso, desde luego, los constantes cambios a la baja en las previsiones de crecimiento económico, no sólo por el mismo Gobierno, sino igualmente por las agencias y entes multilaterales. Lo cual, a no dudarlo, ha sido el motivo principal para prender las alarmas en las semanas recientes.
De otra parte, pese a la rebaja de la inflación, es evidente el impacto de la cascada tributaria, particularmente del IVA, en el bolsillo de los colombianos, reduciendo considerablemente el consumo. No están exentas las calificadoras de riesgo de señalar la incidencia de ello en el mal ambiente político que se vive y que, ciertamente, colabora en una mala percepción económica, como se demuestra en el primer rubro de las encuestas. De suyo, el proceso de paz con las Farc no ha comportado, en manera alguna, un incremento de las inversiones nacionales o internacionales. Y en ese ámbito también colabora la incertidumbre por la campaña política parlamentaria y presidencial, que arrancó de modo tempranero y que naturalmente produce ambivalencias en la economía. Al mismo tiempo las señales gubernamentales son contradictorias, como por ejemplo cuando desactiva los paros a partir de comprometer las vigencias futuras del Presupuesto General de la Nación.
Si bien el Gobierno ha determinado ciertas líneas de austeridad, bajando la inversión pública en sectores determinados, no así por ejemplo en el billón de pesos que se anuncia para construir vías terciarias, que algunos ven como el botín electoral para las próximas elecciones parlamentarias.
De la misma manera la profunda devaluación del peso colombiano frente al dólar, en los últimos dos años, no ha producido la estabilización que se pretendía hace un tiempo. Si bien la empresa privada obtuvo utilidades en 2016, ellas frente al dólar pierden buena parte de la vigencia.
Las graves alertas de las calificadoras de riesgo son, pues, para tener en cuenta. Hacerse el de la vista gorda, tildando ello de pesimismo gratuito, es irse por las ramas y dejar al país en unas malas circunstancias para el próximo gobierno.
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