A pocos días del cierre de la presente legislatura con la presentación de la ponencia para su primer debate  se descongeló el trámite de un proyecto que tiene por objeto fomentar el desarrollo económico y social de los departamentos fronterizos marítimos y terrestres. La iniciativa había quedado en el olvido desde que se radicó en diciembre pasado.

El desarrollo de las fronteras es una deuda aún sin cancelar por el Estado colombiano. En ese sentido hay voces que coinciden en que la Ley 191 de 1995 (Ley de Fronteras) se quedó corta frente a los grandes retos que presentan estas regiones en materia de necesidades básicas insatisfechas de su población, generación de empleo y mayor productividad para aprovechar de mejor manera su posición privilegiada, entre otras.

El Proyecto de ley número 209 de 2016 Cámara (presentado por la representante a la Cámara por el Departamento de Atlántico, Aída Merlano Rebolledo) pretende hacer efectivo el artículo 337 de la Constitución Política con respecto al desarrollo económico y social de los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

No obstante los ponentes, los representantes Aída Merlano, Nevardo Rincón, Alfredo Deluque, Álvaro Rosado, Antenor Durán y Tatiana Cabello, proponen que este proyecto de ley cobije a todos los departamentos fronterizos de Colombia.

La iniciativa contempla la creación de un régimen social y uno de orden económico especiales para los fines de desarrollo de estas zonas.

En materia económica prevé establecer líneas de crédito en condiciones especiales para los sectores productivos de estas zonas del país a través de Fonade, Finagro, Bancoldex y el Banco Agrario de Colombia.

Se estimulará, preferentemente, el financiamiento de proyectos de preinversión y se promocionará la colocación de créditos de fomento por el sistema financiero.

De igual manera, las entidades financieras o de fomento, de naturaleza pública y sociedad de economía mixta, establecerán programas especiales de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa radicadas o que deseen hacerlo en municipios de frontera.

La iniciativa presenta además incentivos tributarios como la exención del IVA en un 30% para los alimentos y medicamentos de consumo humano y animal, así como los insumos, fertilizantes, herramientas, máquinas, combustibles y equipos agropecuarios, agroindustriales y pesqueros, y que se comercialicen en los municipios de frontera.

En el aspecto aduanero podrá declararse la existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales en los Departamentos fronterizos. De igual manera  existirá libre tránsito de personas y libre comercio de bienes y mercancías según los convenios internacionales que se convengan para tales efectos.

Régimen de desarrollo social

La iniciativa de ley contempla para estas zonas del país la realización de programas de subsidios de vivienda de interés social rural, Incentivo para la Capitalización Rural, Certificado de Incentivo Forestal, alianzas productivas, distritos de riego y drenaje y programas de desarrollo rural integral.

Además se implementarán programas de constitución, formalización y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas y al fomento del turismo.

 Los municipios fronterizos con población superior a 150.000 habitantes y que sean pasos de frontera, podrán constituir una Cámara de Comercio especial para el impulso de los programas anteriores y la representación gremial binacional.

De otra parte, la iniciativa establece que el Ministerio de Minas y Energía, a través del IPSE y demás entidades, establecerá condiciones especiales tanto a nivel normativo y regulatorio como de financiación, y destinará un porcentaje de recursos provenientes del Fondo de Apoyo a las Zonas No Interconectadas (Fazni) y el Fondo de Apoyo a la Energización Rural (FAER) para la implementación de proyectos sostenibles de interconexión y desarrollo de soluciones alternas de generación y distribución de energía eléctrica en estos Departamentos.