Cuando en Colombia el tema de la doble instancia para los congresistas se considera un asunto descartado e incluso un beneficio excesivo en el escenario nacional, para la Unión Internacional Parlamentaria (UIP), hoy en día, el modelo es una necesidad.

Así lo planteó el secretario general de la UIP, Anders B. Johnsson, quien sostuvo que la modernización del Congreso colombiano implica la creación de esta instancia.

En presentación en plenaria del Senado, Johnsson explicó que la necesidad de implementar en Colombia la seguridad jurídica como derecho fundamental y del debido proceso para el juzgamiento de los senadores y representantes a la Cámara, que sean investigados por la Corte Suprema de Justicia, sin que esto implique impunidad ni inmunidad.

“Para los colombianos es fácil llegar a la conclusión de que la actual preocupación de los parlamentarios frente a un derecho de juicio justo sirve simplemente a sus propios intereses, por lo tanto nuestra organización considera crucial explicar a los colombianos y a los medios de comunicación que en todas las legislaciones del mundo existen un principio básico en el que los parlamentarios ejerzan sus funciones sin injerencia indebida”, afirmó el Secretario.

Johnsson consideró que existen valores universales que protegen a todo parlamentario en cualquier sistema de gobierno.

“Naturalmente una protección jurídica debe ir acompañada por esfuerzos para acompañar el trabajo mixto del Congreso de Colombia. La Unión Interparlamentaria alude valores universales a los que todo parlamento debería aspirar y que mantiene su validez cualquiera sea su sistema de gobierno”, señaló.

Al respecto, el presidente del Congreso, el senador del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Roy Barreras sostuvo que la posición de Johnsson coincide con las iniciativas que el Congreso colombiano ha hecho sobre la materia.

“La voz autorizada de la Unión Interparlamentaria Mundial nos recuerda que aquí hemos tenido razón en exigir, demandar, y perseverar la necesidad de que el Congreso de Colombia tenga esa seguridad jurídica y esa doble instancia”, precisó Barreras.

El Presidente del Congreso afirmó que en la actualidad el Parlamento está desprotegido en materia judicial.

“Para la democracia, cualquiera que sean las mayorías, cualquiera que sea el partido que tiene que hacerse responsable de las mesas directivas, un Congreso debería tener independencia, autonomía, y por lo menos una seguridad jurídica que no se tiene”, subrayó.

El Congresista recalcó que “es bueno que los colombianos sepamos que este Congreso que se la juega por aprobar la agenda legislativa tal vez más importante de todas las décadas, trabaja en amenaza permanente, de limitación, de debilidad, de inseguridad jurídica”.

El escándalo

La historia reciente frente a la doble instancia en Colombia terminó en un escándalo de marca mayor en el que el Presidente de la República tuvo que intervenir y negarse a promulgar la reforma a la justicia que contenía beneficios jurídicos para los congresistas.

El proyecto que creaba la doble instancia para los parlamentarios permitía la libertad inmediata de los políticos procesados.

El texto contemplaba una sala de investigación y una sala de juzgamiento que aunque estarían adscritas a la Corte Suprema, tendrían un origen por fuera de  esa Corte pero dentro de la rama judicial, para garantizar su autonomía e independencia.

En su momento, el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, consideró como un derecho jurídico contemplado en tratados internacionales.

“Los congresistas acatan siempre los fallos judiciales, pero el derecho a la doble instancia firmado en tratados internacionales por Colombia, debe contemplarse también para los legisladores”, subrayó el Parlamentario.

La intención generó el rechazo generalizado de la opinión pública y de varios sectores políticos, entre ellos el entonces jefe Único del Partido Libera hoy ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien recordó que en el pasado este modelo benefició a los narcotraficantes que se volvieron congresistas para quedar inmunes ante la justicia.

“Nos parece que el país no puede volver a eso, precisamente por la figura de inmunidad parlamentaria, en los años 80 algunos narcotraficantes buscaban ser congresistas para protegerse de la justicia. Creemos que los congresistas deben tener garantías para ser procesados y juzgados, pero volver a la inmunidad sería retroceder”.

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