Por Vicente Torrijos R. *
Especial para EL NUEVO SIGLO
Ahora que ya hay por lo menos 5 páginas de acuerdo negociado entre el gobierno Santos y las Farc, vale la pena reflexionar sobre el documento recientemente entregado por la organización guerrillera a los congresistas y sobre su ostentoso comunicado del 9 de febrero pasado, en el que presentaron una serie de 10 propuestas por medio de las cuales la banda cree que se restablecerían los derechos y el reconocimiento político a los campesinos colombianos.
¿Cómo se tiende una trampa?
La primera propuesta gira en torno a la aceptación de las particularidades sociales, productivas y culturales del campesinado, mediante el establecimiento de una jurisdicción particular y una circunscripción electoral especial para la elección de sus representantes. Adicionalmente, se plantea añadir al bloque constitucional la declaración de derecho de los campesinos de la ONU y la OIT.
En segundo término, la insurgencia plantea la creación de zonas de reserva y producción campesina como entidades territoriales de nivel constitucional, de propiedad individual, asociativa, comunitaria o colectiva, cuya disposición y organización, en todo caso, estará condicionada a las regulaciones que de manera propia se den las comunidades que en ellos habitan, algo muy similar a los procesos de autonomía territorial, autogestión y autogobierno sobre los que, en el País Vasco español, por ejemplo, han servido para que la izquierda nacionalista radical despliegue el concepto de "constituyentes" territoriales o locales.
En consecuencia, y como tercer planteamiento, los territorios campesinos contarían con plena autonomía (¿autodeterminación, autogobierno y autogestión?) política, administrativa, económica, social, ambiental, cultural y en administración de justicia (a través de mecanismos comunitarios controlados, como es apenas obvio, por la maquinaria de guerra subversiva).
La cuarta propuesta pide el reconocimiento de las áreas de reserva y producción campesina como condición sociológica para la soberanía alimentaria del país y de desarrollo bio-sostenible de la nación, abriendo paso al quinto punto, en el que se propone que el financiamiento de las zonas campesinas se dé a partir de una amplia gama de recursos públicos -del Sistema General de Participación, regalías, Presupuesto General de la nación y de tributos de latifundios improductivos- asegurados por destinación específica, consignada en la Constitución.
En sexto lugar, se dotaría a las nuevas entidades territoriales, y a sus propietarios, de los medios necesarios para asegurar su producción, asistencia técnica y créditos para el financiamiento del sistema y de la sociedad rural, encadenándolo todo al punto 7, referido a las zonas de reserva, en el que se establece un mínimo de 9 millones de hectáreas -de reserva forestal, expropiación, narcotráfico o restitución- para el acceso del campesinado simpatizante, todo ello formalizado en virtud de un acto administrativo que legalizaría las zonas especiales por la simple voluntad de los habitantes (teledirigidos por las redes terroristas amparadas en el estatus de interlocutor político válido), "voluntad" de organizar su territorio bajo tal modalidad.
La octava propuesta se refiere a los territorios de producción agrícola cuya cuantía no sería menor a 7 millones de hectáreas, de origen similar a los de reserva, donde se desarrollaría una producción acorde con la organización del campesinado, respetando sus lógicas de autonomía (delimitada por la propia agrupación armada).
Como penúltimo punto, la guerrilla plantea encadenamientos productivos, con perspectiva industrial y de agregación de valor, para el autoabastecimiento de los territorios campesinos y, de existir excedentes, distribuidos por redes de comercialización en zonas urbanas, de afro descendientes, indígenas, interétnicas y eventualmente el mercado mundial. La décima propuesta, y tal vez la más sensible de todas, desde el punto de vista estratégico-militar, establece que las zonas campesinas quedarían excluidas de las dinámicas de la inteligencia militar, la actividad contrainsurgente, proyectos de minería, agro-combustibles, la extranjerización y de cualquier efecto derivado de las políticas macroeconómicas y los tratados comerciales internacionales.
¿Cómo se cae?
1- Fragmentación territorial
La estrategia de las Farc, que se deriva de forma evidente de sus propuestas, es fragmentar el poder del Estado para crear un vacío que sería copado por sus estructuras armadas y de apoyo, así hayan o no hayan ocupado históricamente estas zonas mediante de la fuerza.
La insurgencia lleva décadas haciendo presencia armada y coactiva sobre la población que habita en ciertas áreas campesinas que, bajo el nuevo tipo de entidad territorial, se convertirían en espacios formalmente semiindependientes pero bajo el control social integral de las Farc, es decir, 'zonas pivote' ideales para consolidar sus capacidades, mantener santuarios, repúblicas independientes o, en todo caso, redes locales y regionales consolidadas como zonas liberadas en las que ellas ejercerían una autoridad incuestionable pues la gobernanza escaparía a las agencias del Estado.
Al quedar las zonas de reserva y producción campesina fuera de las lógicas de acción e intervención del Gobierno y, sobre todo, del espectro de control de las FF.MM. para cualquier efecto contrainsurgente, tanto en un escenario de exacerbación del terrorismo, como en la construcción de electorados cautivos, el Estado no podría oponerse al empoderamiento de las estructuras guerrilleras y su correspondiente tejido social integrado.
2- Captura económica de la sociedad e interconexión rural-urbana asegurada
Bajo las dinámicas de producción propuestas por las Farc, en vez de lograrse la soberanía alimentaria que reclaman, se constituiría un sistema estratégico de presión proveniente del estos territorios semiindependientes conformando así una especie de flujo estratégico altamente dinámico entre escenarios rurales -y- urbanos.
Los territorios campesinos quedarían desconectados constitucionalmente de las lógicas centrales y sus relaciones comerciales supeditadas a los eventuales excedentes que ellos mismos declaren a partir de su organización local particular.
Las dinámicas de abastecimiento a los centros urbanos dependerían de múltiples regulaciones particulares y de la voluntad de quien se haga con el control de las zonas productivas en vínculos de intercambio determinados a su modo y medida.
En términos prácticos, la sociedad se vería abocada a un proceso de urbanización restringida y bajo control de la insurgencia que, desde las zonas rurales de base, impondría el modelo de abastecimiento en la más primitiva noción de dependencia estructural.
3- Autonomía como disposición de recursos sin control
En consecuencia, la lógica de la relación del conjunto total de la sociedad con las zonas de producción y reserva campesina sería la de tributación sin participación y de dependencia crónica.
La propuesta de las Farc destina una cantidad más que significativa de recursos hacia los territorios autónomos campesinos sin que éstos, en la práctica, tengan que asumir ningún tipo de responsabilidad para con la sociedad que financia su modelo.
En definitiva, la insurgencia le exige al Estado inversiones por fuera de cualquier proporción lógica, demostrando, así, completo desconocimiento de las dinámicas de gobierno que, no obstante, si lograsen imponer, sería casi imposible revertir.
En pocas palabras, una trampa formidable con la aquiescencia de un Gobierno que hará todo lo posible por aparecer ante el mundo como el Gran Pacificador aunque sepa que lo único que logrará, lejos de "ponerle fin al conflicto", será tan sólo transformarlo, es decir, exacerbarlo.
* Profesor Titular de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario.