El escándalo de compraventa de fallos y decisiones en el alto tribunal alcanzó su implicación más alta. Las pruebas evidencian que la “organización criminal” que presuntamente encabezaban Ricaurte, Bustos y Moreno tenía ramificaciones en muchas instancias. ¿Qué viene ahora?
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La caja de pandora en que se ha convertido el escándalo de corrupción por la compraventa de fallos y decisiones en la Corte Suprema de Justicia pareciera no tener límite. A medida que las investigaciones avanzan y los principales imputados, ante la fuerza del acervo probatorio, empiezan a confesar sus delitos, admitir móviles y delatar a sus cómplices, la estupefacción de los colombianos por los alcances de este entramado criminal aumenta.
Prueba de ello es lo ocurrido la semana que termina, cuando este caso llegó a un punto de máxima ebullición que si bien no es el culminante, sí ha permitido evidenciar que se está ante una de las “empresas criminales” más peligrosas de los últimos tiempos.
En el escándalo por el pago de millonarios sobornos a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema para frenar o incluso archivar procesos contra congresistas y funcionarios aforados, esta semana el ritmo de los hechos fue, literalmente, sísmico.
Ver Justicia bajo azote de la corrupción.
Al comienzo de la semana se empezaron a conocer las primeras declaraciones que el ya capturado ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno dio ante los magistrados y fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia en torno a cómo y quiénes habrían estado involucrados en la exigencia y pago de sobornos para frenar procesos por parapolítica, corrupción y otros delitos que cursaban en el alto tribunal.
Moreno, quien ante la cantidad de pruebas en su contra ya aceptó no solo confesar sus delitos sino colaborar con la justicia al señalar y ser testigo de cargo contra sus cómplices en la Corte Suprema, decidió prender el ventilador.
Ante los magistrados y los fiscales delegados dio los detalles de modo, tiempo y lugar de la forma en que le fueron exigidos al senador Musa Besaile 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en el marco del proceso por parapolítica en su contra.
Ya Besaile, semanas atrás, había relatado cómo Moreno le había pedido inicialmente 6.000 millones de pesos, pero sólo pagó $2.000, aunque dijo que lo hizo por ser blanco de una “extorsión”. Según el congresista, Moreno le habría dicho que se podía frenar la orden de captura porque él trabajaba con un equipo que lideraba su “papá”, al que identificó como el magistrado Leonidas Bustos, entonces presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Ver Besaile admite pago de $2.000 millones a Moreno.
Aunque Moreno, ya preso, no reaccionó inicialmente a lo dicho por Besaile, ahora que busca una rebaja de penas, decidió dar su versión de los hechos. Según trascendió, el exfiscal anticorrupción señaló al expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, como el encargado de hacer la exigencia del pago al senador Besaile. También habría indicado que el actual magistrado, Gustavo Malo, tendría conocimiento de la petición de ese dinero. Lo que sí descartó fue el tema de la extorsión y lo calificó como un “acuerdo” con el congresista.
Es más, el senador de La U tuvo un careo, el miércoles por la mañana, con Bustos y Ricaurte ante los parlamentarios instructores de la Comisión de Investigación de la Cámara que indagan al primero. Allí el congresista dijo que los encaró por la “extorsión” de la que fue objeto.
La antesala
Tanto con Besaile como con Moreno y su socio, el también detenido abogado Leonardo Pinilla, dando los detalles de la forma en que se pedían y quiénes pagaron los sobornos para frenar procesos en la Corte, era cuestión de días que Ricaurte fuera blanco de una medida judicial en su contra.
Es más, cuando este y Bustos estaban en la Comisión de Acusaciones, extrañamente les fue informado que la Fiscalía preparaba una orden de captura contra Ricaurte, quien de inmediato se dirigió al búnker del ente acusador, marcando así el precedente inédito de ser el primer expresidente de la Corte Suprema de Justicia en riesgo de ser encarcelado.
Lo cierto es que sólo hacia las siete de la noche del miércoles se confirmó la expedición de dicha orden de detención y lo que la Fiscalía argumentó en la audiencia de legalización de captura ante el Juzgado 40 Penal de Garantías de Bogotá sorprendió a propios y extraños.
Ver Por 5 delitos, Ricaurte fue enviado a La Picota.
Cinco delitos
En una exposición bastante extensa, la Fiscalía imputó al exmagistrado los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor; dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Jaime Camacho, vinculó a Ricaurte con seis “eventos delictivos en los que en calidad de exmagistrado y otros que, ostentando tal dignidad, habría favorecido a congresistas y gobernadores investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley”.
La Fiscalía señaló al expresidente de la Corte Suprema de “conformar una organización criminal, integrada presuntamente por el actual magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo Fernández, el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera y el abogado Leonardo Pinilla Gómez”.
Pero también salió a relucir Bustos en esta imputación de cargos, lo que hace concluir que todo este acervo probatorio será trasladado a la Comisión de Acusaciones y allí tanto él como Malo podrían enfrentarse a señalamientos similares.
Al parecer –dijo el Fiscal delegado- “se reunían periódicamente en la residencia del exmagistrado Ricaurte o la del exmagistrado de la Sala Penal del alto tribunal, José Leónidas Bustos, o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país, como sucedió a finales de 2014 en el Hotel Marriott en Miami (Estados Unidos)”.
Agregó Camacho que “a mediados de 2013 el exmagistrado Ricaurte conoció al exfiscal Gustavo Moreno a través de Leonidas Bustos, y por esa época, citó a su apartamento al entonces abogado Moreno Rivera para explicarle la manera de operar de la organización y como manejarían los procesos”.
“Era usted señor Ricaurte el que referenciaba a los congresistas, políticos o gobernadores de quien se supiera que estaban en etapa de indagación o investigación, ya fuera en la Corte o en la misma Fiscalía”, explicó el fiscal al solicitar la medida privativa de la libertad.
Luego, según Camacho, venía lo más grave: Ricaurte en compañía de sus socios supuestamente utilizaban la información privilegiada, manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testigos.
“Esta organización incrustada en la justicia, desaparecía o alteraba evidencias y obtenía decisiones con apariencias de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel que tenían esos procesos a su cargo y a quienes también les daban dinero para hacerlo”.
“Si esto no funcionaba, simplemente dilataban en el tiempo los procesos”, agregó el fiscal durante la audiencia.
El nivel de detalle de la Fiscalía sobre cada caso es muy amplio.
A La Picota
Tras muchas horas de escuchar, una por una, las imputaciones, Ricaurte no sólo rechazó los cargos endilgados, sino que advirtió que era víctima de testigos pertenecientes a organizaciones al margen de la ley. También agregó que la Fiscalía estaba equivocada en sus valoraciones y anunció la respectiva apelación de su orden de reclusión.
La juez 40, sin embargo, tras hacer una reflexión sobre la importancia de la ética y la transparencia de los operadores judiciales, consideró no sólo que el procedimiento de captura se ajustó a la ley, sino que la gravedad de los hechos imputados ameritaban la reclusión intramural de Ricaurte, a quien envió al pabellón especial de funcionarios públicos en La Picota, marcando así un hecho inédito en la historia penal del país: un expresidente de la máxima instancia jurisdiccional tras las rejas.
Paradójicamente en esa cárcel están recluidos, aunque en un pabellón distinto, hoy varios de los excongresistas y dirigentes políticos que fueron condenados por la Corte Suprema cuando Ricaurte y Bustos hacían parte de la misma.
¿Y ahora?
Lo que viene en el proceso es aún más complejo. Ricaurte, al que investiga la Fiscalía y lo acusará ante la propia Sala Penal, se expone, en caso de ser hallado culpable, a una pena de entre 15 y 18 años como máximo de cárcel.
“… Los delitos que se le imputaron son no sólo graves sino que al tenor de lo dicho por la Fiscalía y el acervo probatorio que dice tener, tanto en materia documental, de rastreo de transacciones y, sobre todo, en los varios testimonios que señalan al exmagistrado, podrían darle para una condena bastante larga”, explicó a EL NUEVO SIGLO un experimentado abogado que ha llevado procesos penales ante la propia Corte.
El delito más grave es, sin duda, concierto para delinquir y este es el que marca la pena en caso de una condena, “como media y límite” de las otras conductas por las que pueda ser hallado culpable. Como no se trata de hacer una “suma” de las condenas por cada delito y se juzga bajo el nuevo sistema penal, “… la condena podría ser máximo de entre 15 y 18 años”.
Es claro que a Ricaurte le queda la opción de allanarse a los cargos en las primeras etapas de su juicio, y aquí podría acceder a una rebaja de “máximo hasta la mitad” de la pena, pero dado su cargo, trayectoria y la gravedad de los delitos puede que el juez considere bajarle menos.
Incluso no se descarta que después a Ricaurte le puedan imputar otros delitos como enriquecimiento ilícito, dada la gran cantidad de dinero que, se supone, recibió.
¿Y los otros implicados?
La petición el viernes pasado de la Corte Suprema al Inpec para que Moreno sea trasladado a una guarnición militar evidencia no sólo que la Fiscalía y el alto tribunal valoran mucho su colaboración con la justicia, sino que su acuerdo para una rebaja de penas va andando, sin que pueda acceder, eso sí, a un principio de oportunidad total. El proceso de extradición, entre tanto, parecería estar congelado así su defensa haya pedido acelerarlo días atrás.
En los corrillos judiciales se dice, incluso, que él y Pinilla están en la misma línea de “acusar hacia arriba”, es decir a Bustos, Malo, Ricaurte y otros, en tanto que los exmagistrados también buscarían unificar su defensa para señalar a los primeros de falso testimonio y hasta de usar abusivamente sus nombres para gestionar y cobrar los sobornos.
“… El siguiente en la lista debe ser Camilo Tarquino (otro expresidente de la Corte), al que la imputación de cargos a Ricaurte dejó muy mal parado, señalándolo incluso por un caso de 20 mil millones”, precisó el abogado consultado.
En cuanto a los congresistas, es claro que a Musa la tesis de que fue ‘extorsionado’ no le va a funcionar en la Corte y es muy posible que termine siendo imputado por cohecho. Álvaro Antonio Ashton podría correr la misma suerte, aunque él aseguró días atrás ser inocente. Contra el senador Hernán Andrade ya hay una preliminar y deberá responder ante la Corte.
“… Lo que falta aquí por establecer es qué tanto de las pruebas contra Ricaurte pueden obrar con igual fuerza fáctica y jurídica en los expedientes de Bustos y Malo en la Comisión de Acusaciones… Eso no es tan automático como la gente piensa y estamos hablando de dos instancias muy distintas y con operadores muy distintos”, agregó el penalista.
Igualmente se sabe que la Fiscalía también tiene otros flancos de investigación sobre la hija del magistrado Malo e incluso ya tendrían información sobre otros casos en la Corte Suprema que generan graves sospechas.
Como se ve, tal como lo dijo la jueza que envió a la cárcel a Ricaurte: “la justicia está herida”. No sólo porque, por primera vez en la historia, un expresidente de la Corte Suprema está tras las rejas, sino porque varios podrían seguir la misma ruta.
Ver "Lo de Besaile fue acuerdo, no extorsión".
El prontuario contra Ricaurte
Este es el detalle de la imputación de cargos a Ricaurte, caso por caso, hecha por la Fiscalía:
1. Congresista Ashton Giraldo
Al senador liberal Álvaro Antonio Ashton Giraldo la Corte Suprema le adelanta varias investigaciones, entre ellas una por la presunta relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, más exactamente con el Frente “Pablo Elías” que delinquía en el Atlántico.
La indagación preliminar se inició el 10 de octubre de 2012 y el defensor para esa época de Ashton fue el abogado Luis Ignacio Lyons España, y para el 2013 el magistrado ponente de esta actuación era Gustavo Malo y su auxiliar José Reyes, encargado del trámite del expediente.
Indicó la Fiscalía que Ashton para evitar que fuera abierta oficialmente la investigación, así como para evitar la inminente captura, se comunicó de manera directa con Ricaurte, con quien se habría reunido días después en su apartamento, en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Congreso.
Reveló que aparentemente acordaron un precio de 1.200 millones de pesos para lograr el archivo del proceso, “al darse cuenta que no prosperaría en la Sala Plena de la Corte Suprema pusieron como ejemplo la improbabilidad de éxito, puesto que la tesis del exmagistrado auxiliar José Reyes era fuerte y proyectaba la captura del parlamentario Ashton Giraldo”.
Agregó el fiscal que “como consecuencia cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación, y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.
“Usted señor Francisco Ricaurte instruyó a Luis Gustavo Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra acordada, recibiendo aproximadamente 400 millones de pesos. También recibieron dinero José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno Rivera”, indicó el fiscal Camacho.
Añadió que posteriormente fue desaparecida toda prueba de las relaciones entre Ricaurte y Ashton Giraldo.
2. Musa Besaile
El senador Musa Besaile está vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares. “En este caso otra vez estuvo en la defensa el abogado Lyons España”, indicó Camacho.
Al respecto, para el primer semestre de 2015, el dinero acordado fue enviado por Musa Besaile y ascendió a 390 millones de pesos. Fue entregado pasada la media noche en la oficina de Lyons España en el norte de la capital del país. Se presume que de ese dinero, Ricaurte recibió de manera directa 290 millones de pesos, sostuvo el delegado acusador.
Según el fiscal, “la segunda entrega del dinero fue en la residencia del exfiscal Moreno Rivera hasta donde llegó de nuevo el abogado Lyons España con 300 millones de pesos, dinero del que Moreno entrega a Ricaurte 250 millones”.
“Debido a que no aprobó que Moreno Rivera permitiera que Lyons se quedara con 150 millones, los 1.300 millones los recibió directamente del senador Musa Besaile, de ahí debían pagarle a Malo Fernández”, precisó el funcionario.
Igualmente señaló “que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, entonces se acordó sacar del alto tribunal al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se les convirtió en un obstáculo, una piedra en el zapato para la organización ilegal”.
3. Caso exgobernador de Córdoba
Según la Fiscalía, el tercer caso se relaciona con el exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus, quien según la investigación se contactó con el exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino Gallego a través de una amiga en común, la exparlamentaria Muriel Benito Rebollo.
“Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de 30 millones de pesos para mejorar la imagen en los medios de comunicación, que en realidad era algo más serio y que tenía un costo de 20 mil millones de pesos, porque se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir, el de intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”, enfatizó Camacho.
4. Excongresista Julio Manzur
El cuarto evento imputado por la Fiscalía a Ricaurte tiene que ver con el exparlamentario Julio Manzur Abdalá, por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica.
Indicó Camacho que el excongresista recibió información privilegiada suministrada por Moreno Rivera, según la cual era inminente su captura pero que podía evitar el acto bochornoso con el pago de una alta suma de dinero.
Señaló el fiscal que “Moreno Rivera le ofreció sus servicios de intermediación como abogado por 2 mil millones de pesos, cifra que Manzur rechazó y como consecuencia fue capturado el 24 de enero de 2015”.
“Al día siguiente en nombre de la organización, Moreno reitera sus servicios a través de familiares y le insiste en los 2 mil millones que serían repartidos entre el equipo de magistrados involucrados”, argumentó el fiscal.
5. Exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía
Este se relaciona con lo ocurrido en Bogotá, entre los años 2015 y 2016, cuando aparece vinculado el fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema Alfredo Betín Sierra, quien para la época adelantaba varias investigaciones por presuntos actos de corrupción en el departamento vallecaucano, contra el exgobernador Juan Carlos Abadía.
“Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron por un lado orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir, y del otro, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, insistió el fiscal Camacho.
6. Caso Fonade
El sexto caso revelado por el fiscal es el relacionado con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entre los años 2014 y 2015, cuando el actual magistrado Malo Fernández tenía asignados los casos de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares.
Según la Fiscalía, entre el equipo de trabajo de Malo Fernández se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar fue nombrado en abril de 2015 gerente del Fonade, nombramiento en el que intervinieron al parecer, además de congresistas, el magistrado Ricaurte.
Para la Fiscalía “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”.
“Hay evidencia que permite inferir que en muchos casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos en favor de unos de los procesados”, recalcó Camacho.
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