Juez 40 de control de garantías ordenó investigar por qué se filtró la orden de captura en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia

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Tras la imputación de cargos al expresidente de la Corte  Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir agravado, dos cohechos propios a título de interviniente; tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información oficial privilegiada a título de interviniente, cargos que  no aceptó, al concluir esta madrugada la audiencia que se prolongó por más de doce horas en el complejo judicial de Paloquemao, la juez 40 de Control de Garantías le dictó medida de aseguramiento en la cárcel La Picota, de Bogotá. 

En el complejo judicial de Paloquemao  se realizó la audiencia que  inició a las 3 de la tarde y concluyó en la madrugada del viernes, y la juez acogió la solicitud de la Fiscalía de dictarle medida de aseguramiento en un centro carcelario, al tiempo que ordenó investigar por qué se filtró la información de la orden de captura contra Ricaurte, quien al parecer la conoció antes de que se emitiera oficialmente y, por ello, se presentó con su abogado al búnker de la Fiscalía. 

Durante la prolongada audiencia de imputación de cargos que concluyó con la medida de aseguramiento intramural, el fiscal delegado Jaime Camacho vinculó a Ricaurte con seis  eventos delictivos en los que en calidad de exmagistrado y otros que, ostentando tal dignidad, habría favorecido a congresistas y gobernadores investigados por hechos de corrupción y nexos con grupos al margen de la ley.

En primer lugar, sostuvo el delegado de la Fiscalía, se le señala de conformar una organización criminal, integrada presuntamente por el actual magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo Fernández,   el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera y el abogado Leonardo Pinilla Gómez.

Agregó que estas personas al parecer “se reunían periódicamente en  la residencia del exmagistrado Ricaurte o la del exmagistrado de la Sala Penal del alto tribunal, José Leónidas Bustos, o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país, como sucedió a finales de 2014 en el Hotel Marriott en Miami (Estados Unidos)”.

Relató que “a mediados del año 2013 el exmagistrado Ricaurte conoció al exfiscal Gustavo Moreno a través de Leonidas Bustos, y por esa época, citó a su apartamento al entonces abogado Moreno Rivera para explicarle la manera de operar de la organización y como manejarían los procesos”.

“Era usted señor Ricaurte el que referenciaba a los congresistas, políticos o gobernadores de quien se supiera que estaban en etapa de indagación o investigación, ya fuera en la Corte o en la misma Fiscalía”, explicó el fiscal al solicitar la medida privativa de la libertad.

Al justificar su petición, el representante del ente acusador advirtió que Ricaurte en compañía de sus socios supuestamente utilizaban la información privilegiada, manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testigos.

De la misma manera señaló que “esta organización incrustada en la justicia, desaparecía o alteraba evidencias y obtenía decisiones con apariencias de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel que tenían esos procesos a su cargo y a quienes también les daban dinero para hacerlo”.

“Si esto no funcionaba, simplemente dilataban en el tiempo los procesos”, agregó el fiscal durante la audiencia.

 

 

Argumentación de hechos delictivos

 

El fiscal Camacho presentó como hechos jurídicamente relevantes con efectos penalesdeberá comparecer en juicio como presunto responsable del delito de cohecho propio en calidad de interviniente.

 1. Caso excogresista Ashton Giraldo

Se relaciona con el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, a quien la Corte Suprema le adelanta varias investigaciones, entre ellas una por la presunta relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, más exactamente con el Frente Pablo Elías que delinquía en el Atlántico.

La indagación preliminar se inició el 10 de octubre de 2012 y el defensor para esa época del señor Ashton fue el abogado Luis Ignacio Lyons España, y para el 2013 el magistrado ponente de esta actuación era Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar el doctor José Reyes, encargado del trámite del expediente.

Indicó el delegado acusador que el señor Ashton para evitar que fuera abierta oficialmente la investigación,  así como para evitar la inminente captura, se comunicó de manera directa  con Ricaurte, con quien se habría reunido días después en su apartamento, en el Consejo Superior de la Judicatura y en el Congreso de la Republica.

Reveló que aparentemente acordaron un precio de 1.200 millones de pesos para lograr el archivo del proceso, “al darse cuenta que no prosperaría en la Sala Plena de la Corte Suprema pusieron como ejemplo la improbabilidad de éxito, puesto que la tesis del exmagistrado auxiliar José Reyes era fuerte y proyectaba la captura del parlamentario Ashton Giraldo”.

Agregó el fiscal que “como consecuencia cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación, y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.

“Usted señor Francisco Ricaurte instruyó a  Luis Gustavo Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra acordada, recibiendo aproximadamente 400 millones de pesos. También recibieron dinero José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno Rivera”, le indicó el fiscal al exmagistrado durante la imputación.

Añadió que posteriormente, se fue desaparecida toda prueba de las relaciones entre el exmagistrado Ricaurte y el investigado congresista Ashton Giraldo.

2. Caso Musa Besaile

El fiscal relacionó los hechos que tienen que ver con el excongresista Musa Besaile Fayad, vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares. “En este caso otra vez estuvo en la defensa el abogado Lyons España”, indicó el funcionario.

Al respecto, para el primer semestre de 2015, el dinero acordado fue enviado por Musa Besaile y ascendió a 390 millones de pesos. Fue entregado pasada la media noche en la oficina de Lyons España en el norte de la capital del país. Se presume que de ese dinero, Ricaurte recibió de manera directa 290 millones de pesos, sostuvo el delegado acusador.

Según el fiscal, “la segunda entrega del dinero fue en la residencia del exfiscal Moreno Rivera hasta donde llegó de nuevo el abogado Lyons España con 300 millones de pesos, dinero del que Moreno entrega a Ricaurte 250 millones”.

“Debido a que no aprobó que Moreno Rivera permitiera que Lyons se quedara con 150 millones, los 1.300 millones los recibió directamente del senador Musa Besaile, de ahí debían pagarle a Malo Fernández”, precisó el funcionario.

Igualmente señaló “que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, entonces se acordó sacar del alto tribunal al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se les convirtió en un obstáculo, una piedra en el zapato para la organización ilegal”.

 

3. Caso exgobernador de Córdoba

El tercer caso se relaciona con el exgobernador de Córdoba Alejandro Jose Lyons Muskus, quien según la investigación se contactó con el exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino Gallego a través de una amiga en común, la exparlamentaria Muriel Benito Rebollo.

“Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de 30 millones de pesos para mejorar la imagen en los medios de comunicación, que en realidad era algo más serio y que tenía un costo de 20 mil millones de pesos, porque se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir,  el  de intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”, enfatizó el delegado acusador.

 

4. Caso excongresista Julio Manzur

El cuarto evento imputado por la Fiscalía tiene que ver con el exparlamentario Julio Manzur Abdalá, por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica.

Indicó que el excongresista recibió información privilegiada suministrada por Moreno Rivera, según la cual era inminente su captura pero que podía evitar el acto bochornoso con el pago de una alta suma de dinero.

Señaló el fiscal que “el señor Moreno Rivera le ofreció sus servicios de intermediación como abogado por 2 mil millones de pesos, cifra que Manzur rechazó y como consecuencia fue capturado el 24 de enero de 2015”.

“Al día siguiente en nombre de la organización, Moreno reitera sus servicios a través de familiares y le insiste en los 2 mil millones que serían repartidos entre el equipo de magistrados involucrados”, argumentó el fiscal.

 

5. Caso exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía

Este evento se relaciona con lo ocurrido en Bogotá, entre los años 2015 y 2016, cuando aparece vinculado el fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema Alfredo Betín Sierra, quien para la época adelantaba varias investigaciones por presuntos actos de corrupción en el departamento vallecaucano, contra el exgobernador Juan Carlos Abadía.

“Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron por un lado orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir, y del otro, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, insistió el fiscal.

 

6. Caso Fonade

El sexto caso revelado por el fiscal es el relacionado con Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entre los años 2014 y 2015, cuando el actual magistrado Malo Fernández tenía asignados los casos de relaciones entre congresistas y grupos paramilitares.

Entre el equipo de trabajo de Malo Fernández se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula Dumar fue nombrado en abril de 2015  gerente del Fonade, nombramiento en el que intervinieron al parecer, además de congresistas, el magistrado Francisco Ricaurte Gómez.

Para la Fiscalía “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”.

“Hay evidencia que permite inferir que en muchos casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos  en favor de unos de los procesados”, recalcó el fiscal al solicitar la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Por su parte el exmagistrado Ricaurte Gómez rechazó los cargos endilgados y advirtió que es víctima de testigos pertenecientes a organizaciones al margen de la ley.

 

 

Lea también: Ricaurte amaneció en el búnker de la Fiscalía

En tanto, fuentes de la Fiscalía General de la Nación denunciaron el jueves que podría estar dándose una manguala a fin de concertar los diferentes testimonios y declaraciones entre los implicados en el llamado “Cartel de la toga”, ante la propia Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Esto también le sirvió de argumento a la Fiscalía General de la Nación, en el caso de Ricaurte, para solicitar medida de aseguramiento intramural durante la audiencia de legalización de captura y aducir un peligro en torno a la manipulación de pruebas y evidencias.Precisamente la juez 40 de garantías ordenó investigar el porqué Ricaurte y su abogado estaban enterados previamente de una orden de captura que aún estaba en trámite y no se había hecho efectiva. Esto constituiría el delito de acceso a información privilegiada. 

Como se sabe, Ricaurte se convirtió en el primer presidente en la larga historia de la Corte Suprema de justicia colombiana en ser capturado por las autoridades, presuntamente implicado en  el denominado "cartel de la toga" por medio del cual se habrían producido la compra y venta de sentencias y fallos en ese alto tribunal. El fiscal anticorrupción,Luis Gustavo Moreno, igualmente investigado ha dicho que entregó 550 millones de pesos a Ricaurte dentro de los sobornos para cambiar sentencias y procedimientos en la Corte Suprema de Justicia. Ricaurte, a su vez, contestó en la audiencia de la Fiscalía, el jueves, que Moreno es un "falso testigo". 

Ricaurte, oriundo de Cartagena, comenzó su carrera judicial en 1982 como citador y escribiente de un juzgado superior de Cartagena, luego de graduarse como abogado en la Universidad de la misma ciudad y especializarse en derecho laboral en las universidades Javeriana y Nacional.

Posteriormente, se desempeñó en la capital bolivarense como auxiliar de la Procuraduría General de la Nación. Luego pasó a juez municipal, juez laboral del circuito, magistrado en la sección laboral del Tribunal Superior de Barranquilla para después ascender a magistrado auxiliar en la Corte Suprema de justicia. Más tarde logró la más alta escala de la jurisdicción ordinaria al ser magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia, donde llegó a fungir como presidente en las épocas más duras de fricción entre la rama ejecutiva y la judicial en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Frente a los cuatro delitos que se le imputan, la justicia penal colombiana no tiene acumulación matemática, como en otras partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos. En el país existe acumulación jurídica, es decir, que debe escogerse el delito de mayor impacto y pena. En el caso de los delitos que se le endilgan por parte del ente acusador, motivo de la orden de captura, el más grave sería el de concierto para delinquir, con circunstancias de agravamiento. En ese caso, las fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO aseguran que podría recibir una condena de entre 15 a 20 años.

Al mismo tiempo, si el expresidente se hubiera allanado a los cargos, podría haber recibido una rebaja de la mitad de la pena, redimible así mismo con trabajo y estudio penitenciario. En estos casos, suele darse, en general, una pena efectiva del 60 por ciento. Sin embargo, Ricaurte ha proclamado su inocencia y no aceptó los cargos ya imputados. 

La Fiscalía a su vez, viene procediendo sin tener en cuenta el fuero constitucional de los magistrados por cuanto considera que los delitos cometidos no se verificaron en el ejercicio del cargo. Caso en el cual, la competencia sería única y exclusivamente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Inclusive hay un debate nacional en cuanto a que ningún magistrado podría cobijarse con fuero constitucional si ha actuado delictivamente. aún en ejercicio del cargo y confusiones que nada tienen que ver con el servicio. 

 

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