El proceso de destitución en contra de Dilma Rousseff es inminente. El ponente de la iniciativa, Jovair Arantes, acaba de presentar su informe de 128 páginas ante la Comisión Especial de Destitución, que deberá votarlo este 11, y en el que recomienda abrir proceso a la mandataria por “crimen de responsabilidad” por maquillar las cuentas públicas en 2014.
Días atrás se creía que Arantes se echaría para atrás o el ente extraordinario de investigación no entraría a estudiar el fondo del asunto. Sin embargo, Arantes asegura que existe el suficiente material probatorio para que la presidenta sea procesada.
Con el ánimo de aclarar cuáles son los antecedentes de este proceso, en qué etapa va y cómo puede concluir, se presenta el siguiente análisis cronológico con sus fechas más importantes.
Antecedentes
Brasil no salía de la conmoción tras conocerse que una parte de sus políticos y empresarios estaban involucrados en la operación “Lava Jato”, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que los diputados brasileros tenían como propósito iniciar un proceso de destitución contra Dilma Rousseff.
Entre anuncios y frenéticas declaraciones, Cunha declaró el 2 de diciembre de 2015 que aceptaba el pedido de destitución, como cabeza del legislativo. Desde entonces el proceso quedó paralizado. Muchos especulaban que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil tomaría una decisión en contra de la iniciativa.
Pero el 16 de marzo se destrabó. El TSB falló a favor de su procedencia y le dio vía a libre a sus ponentes para que presenten sus alegatos contra la mandataria. Un día después, la Cámara de Diputados formó una comisión especial que tenía la obligación de estudiar a lo largo de 15 sesiones la viabilidad de la destitución.
Durante las siguientes semanas la enemistad entre oficialismo y oposición se hizo más evidente. Las calles se llenaron de millones de manifestantes que protestaban en contra de la mandataria. Rousseff, empujada por sus seguidores, manifestó que detrás de las movilizaciones y el proceso existían: “ánimos golpistas”.
El jueves, sin embargo, empezó de manera indirecta el proceso de destitución. Más allá de la renuncia de seis ministros que pertenecían al Partido del Movimiento Democrático Brasileño y 350 funcionarios, el jueves pasado Arantes dijo que existen argumentos de fondo para iniciar el proceso.
¿Y ahora qué?
Medios locales como Folha do Sao Paulo o Globo aseguran que la iniciativa de Arantes tendrá el visto bueno de la comisión el 11 de abril. Eso quiere decir que ese día iniciará formalmente el proceso contra la mandataria acusada maquillar las cuentas públicas en 2014 y 2015.
Pero como buen proceso judicial tienen que cumplir unos trámites procedimentales para que inicie oficialmente. Y más si se trata de la posible destitución de una mandataria.
De tal manera que 48 horas después del 11 de abril, fecha cuando se dará el parte de si se aprueba o no en la comisión el proceso de destitución, el pleno de la Cámara de Diputados tendrá que votar a favor de la iniciativa. Para ser aprobada se necesitan 342 votos de 513 posibles. Si se logra esa suma, el proceso pasa al Senado. De lo contrario, será archivado.
Las matemáticas de los parlamentarios indican que el proceso será votado por la mayoría de la Cámara. Según Arantes su acusación contra la mandataria está bien fundamentada y evidencia que existió un claro delito de responsabilidad. “La admisibilidad jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, por el Senado Federal, del proceso por crimen de responsabilidad" dijo el precursor de la iniciativa.
Rousseff, como si estuviera en un escenario prelectoral, conversa con diferentes parlamentarios para que no voten en su contra. Sin embargo, fuentes brasileras indican que la votación será en su contra. Luis Almagro, secretario general de la OEA, la respaldó y dijo: “Si no existe ninguna acusación, ninguna mancha que poner en términos de corrupción sobre la presidenta Dilma Rousseff, entonces no hay ningún fundamento para avanzar en un proceso de destitución".
¡Temer teme destitución!
A Michel Temer se le acabó su sonrisa. Tras convertirse en el adalid de la oposición desde la vicepresidencia, la justicia brasileña ordenó instalar una comisión para estudiar su destitución.
Cómplice de partido, Eduardo Cunha dijo que rechazaría los pedidos de destitución contra Temer. Tanto uno como otro pertenecen al mismo partido y tienen la intención que el juicio contra Dilma prospere para convertirse en el próximo presidente.
En Brasil la justicia está alineada contra la corrupción. Los jueces, sea cual sea su procedente política, abren procesos contra aquellos funcionarios que son sindicados de cometer delitos contra la administración pública convirtiéndose en un ejemplo para la región.
Cunha, copartidario de Temer, entra como salvavidas, aunque las sospechas de haber autorizado créditos que no estaban contemplados en el presupuesto nacional son prueba suficiente para que se inicie el juicio contra el vicepresidente, dicen los expertos.
El presidente de la Cámara de Diputados manifestó que Temer había autorizado ese presupuesto antes que el Congreso revisara las metas presupuestarias de 2015, mientras que Rousseff lo hizo después de conocer dicha fijación. El juez encargado del caso, Marco Aurélio Mello, rechazó este argumento y obligó a que se cree una comisión para su investigación.
Brasil está atornillado en una crisis política, económica y social, sin visos de ser superada. Independientes han propuesto que se convoque a nuevas elecciones. Según la Constitución para que esto ocurra el presidente y el vicepresidente deben ser destituidos o renunciar.
Aparte del juicio político contra la mandataria, la justicia electoral estudia que la campaña de Rousseff supuestamente recibió dineros que provenían procedentes del escándalo de Petrobras. Se ser cierto, su destitución sería inmediata y no tomaría tanto tiempo como el juicio político.
En medio de tanto proceso, Rousseff llamó ayer a un pacto nacional. “Brasil necesita un gran pacto. Brasil ya superó momentos difíciles haciendo pactos. Pero ningún entendimiento prosperará si no tiene como premisa el respeto a la legalidad y a la democracia. ", dijo la presidenta en la sede de gobierno. Así, Brasil seguirá su espinoso e incierto rumbo.