Mientras las Farc empiezan a ganar vocería política y los intermediarios más eco mediático, el Gobierno se enreda en un tema que ni hace parte de las prioridades de la opinión pública ni tampoco del Ejecutivo, a quien, por otro lado, se le exige apretar tuercas en seguridad y orden público.

Más allá de la libertad de cultos que ordena la Constitución, lo cierto es que Colombia continúa siendo el país del sagrado corazón de Jesús. Y no sólo porque la católica sea la religión mayoritaria en Colombia, sino porque aquí pasan cosas realmente imprevisibles.

Por ejemplo, el pasado 7 de agosto el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la cúpula castrense y policial una revisión a fondo de toda la estrategia operacional militar, sobre todo en materia de esquema de control territorial, ante el cambio de táctica que están implementado los grupos terroristas.

“He ordenado al Ministerio de Defensa una revisión del esquema de control territorial, incluyendo el control de nuestras fronteras, para hacer un uso más eficaz y más efectivo de nuestras fuerzas”, reveló.

“Tenemos que ajustar nuestra doctrina, nuestras operaciones y nuestros procedimientos a ese modo de operar, sin caer en la trampa de restarle eficacia y vigor a las operaciones que seguiremos haciendo contra ellos, en lo más profundo de la selva o lo más alto de las montañas, dondequiera toque llegar”, advirtió.

Propuso, entre otras cosas, operar en unidades militares más pequeñas; redoblar el control en la red vial; utilizar los grupos Gaula contra la extorsión que dispararon la guerrilla, delincuencia común y las ‘bacrim’; hacer más eficiente la llamada Inteligencia de combate; mejorar el sistema de defensa técnica judicial de los uniformados, así como su situación laboral y otros beneficios; también trabajar en la mística de las tropas para no bajar la guardia ante los rebrotes de los violentos…

Obviamente la directriz fue entendida como una respuesta a las críticas que en las últimas semanas se han incrementado por una especie de relajamiento en la política de control y orden público, evidenciada en los crecientes ataques de las Farc, el incontrolable accionar de las ‘bacrim’ (derivadas de los paramilitares) y los picos de inseguridad en las ciudades debido a la delincuencia común.

“Ni este gobierno ni las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, hemos bajado ni bajaremos la guardia en ningún momento en nuestro propósito de contener y derrotar a los enemigos de la libertad de los colombianos”, indicó el Mandatario, a quien, por ejemplo, el ex presidente Álvaro Uribe ha cuestionado duramente aduciendo que se está desmontando la Política de Seguridad Democrática.

Va y viene

Sin embargo, cuando todo el país creyó entender que la orden presidencial era redoblar la ofensiva contra la guerrilla, las ‘bacrim’, de un momento a otro el siempre recurrente tema de una salida negociada al conflicto volvió a ponerse sobre el tapete.

Y lo hizo por tres circunstancias específicas. De un lado, el “intercambio epistolar” entre las Farc y el grupo Colombianos y Colombianas por la Paz” (CCP), que lidera la ex senadora Piedad Córdoba. Allí ha quedado claro que el máximo cabecilla de la guerrilla, alias Alfonso Cano, insiste, como lo hiciera semanas atrás en una entrevista a un medio periodístico español, que es necesario abocar un proceso de negociación política del conflicto.

A su turno, CCP, Córdoba y un grupo de mujeres líderes a nivel internacional le propusieron a la guerrilla que libere de manera unilateral a los 18 policías y militares secuestrados y que ello podría ser una muestra de voluntad de paz. La propia ex senadora indicó que sobre este aspecto de las liberaciones podría haber en poco tiempo buenas noticias.

Cano también envió días atrás un video a los organizadores de un foro de paz en Barrancabermeja, en donde afirmó: “Recogiendo los llamados a buscar una salida distinta a la guerra, para resolver el conflicto social y armado que vive nuestra nación y ante la disposición expresada por el señor presidente para explorar ese camino, manifestamos ante ustedes nuestra voluntad política, para en lo más inmediato, dar los pasos encaminados a crear el escenario propicio para iniciar el diálogo de cara al país". Incluso, en otro aparte del video, el cabecilla subversivo dice que "el doctor Santos, que hace un año en su discurso de posesión prometió dejar los odios que habían caracterizado los ocho años del anterior gobierno… esa promesa la olvidó".

Pero no sólo las Farc están hablando de posibles diálogos de paz, sino también el Eln, que a comienzos de agosto le envió una carta a la ex senadora Córdoba en donde, en respuesta al “diálogo epistolar” con CCP, se mostró dispuesto a “un diálogo bilateral sin condicionamientos, la agenda y reglamento se construyen por las partes en dichos diálogos''.

Frente a ello, Córdoba planteó a las Farc la posibilidad de analizar la “necesidad de una mesa única de diálogo y negociación, para un proceso de paz único y nacional, habida cuenta de que en las últimas comunicaciones de Ustedes (el ELN) y del Secretariado de las Farc registramos una coincidencia total en el enfoque de hacer de los diálogos y la negociación el camino apropiado para la solución política al conflicto político social y armado…".

¿Y el Gobierno?

Desde el mismo momento en que Santos asumió la Presidencia fue claro en advertir, no sin sorprender a muchos sectores y alarmar al uribismo, que la puerta de la paz no estaba cerrada definitivamente y que él tenía la “llave” para abrirla cuando se dieran las condiciones para ello.

“… la puerta del diálogo no está cerrada con llave… A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi Gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa”, aseguró el Presidente esa tarde calurosa del 7 de agosto de 2010. Insistió, eso sí, en que ello debe darse sobre varias premisas inalterables: renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación.
Y esa posición ha sido muchas veces reiterada en el último año.

En abril pasado, el Jefe de Estado advertía que mientras las Farc no liberen a todos los secuestrados y abandonen el terrorismo, sería imposible abocar un eventual diálogo.

Incluso, cuando Cano dijo meses atrás al portal ibérico www.publico.es que "siempre será posible construir escenarios e iniciar conversaciones directas de horizontes ciertos, con cualquier gobierno, incluyendo al actual", Santos respondió enfáticamente descartando esa opción. "El país ya no cree en palabra de las Farc.

Muchas veces nos han engañado", advirtió vía Twitter. El ministro de Defensa Rodrigo Rivera, a su turno, agregó que "Colombia nunca dialogará con terroristas. Nunca mas nos engañarán con palabritas de paz y actos de terror".

Sin embargo, en las últimas semanas, en medio de las movidas de CCP, los pronunciamientos de Cano y el Eln, el Gobierno ha empezado a enviar una serie de mensajes que parecieran empezar a dejar ver una rendija en esa puerta cerrada a los diálogos de paz.

Aunque Santos ha repetido hasta la saciedad que no ha autorizado ni autoriza a nadie a hablar con los grupos armados ilegales y menos en materia de diálogo de paz, lo cierto es que sus palabras han tenido distintas interpretaciones.

Por ejemplo, el pasado 12 de agosto, en la Asamblea de la Andi, Santos dijo que “… la puerta del diálogo no está cerrada con llave, pero no está abierta. No está abierta ni estará abierta mientras no tengamos claro, muy claro, que cualquier diálogo nos lleve a un verdadero acuerdo para lograr la paz”.

“Al país lo han engañado demasiadas veces… En esta ocasión no vamos a permitir eso. Como dicen popularmente, y me perdonan la expresión, al perro no lo capan dos veces… Entonces aquí va a haber una posición: diálogo sí, cuando estemos convencidos. Mientras tanto las Fuerzas Militares tienen la instrucción clara y precisa de usar todo lo que está a nuestro alcance para militarmente seguir combatiendo a estas organizaciones”.

Y reiteró “nadie está autorizado para iniciar diálogos paralelos y comenzar a hablar. Porque es que si comenzamos todos a hablar de paz, dañamos la paz. Así ha sido la experiencia. La paz se vuelve es un vehículo de protagonismo, de ver quién es más influyente, quién hace la propuesta más audaz. Ahí es cuando todo se viene a pique”.

Y esta semana, durante su periplo por Chile y Argentina, el tema de un eventual diálogo de paz salió de nuevo a flote. En la capital austral, en diálogo con empresarios, Santos dijo que el Estado colombiano "está dispuesto a abrir esa puerta de un posible diálogo siempre y cuando -y esto no lo hemos visto hasta ahora- den la demostración más que fehaciente de que quieren algún tipo de acuerdo".

En Buenos Aires, a su turno, indicó que “mientras no haya hechos no hay diálogo. Las palabras no son suficientes”.

¿Qué hay?

Como se ve, en materia de un eventual diálogo de paz lo que ha primado en Colombia en los últimos meses es la retórica, porque hechos concretos y tangibles para sustentar esa apertura no hay ninguno. Ni una sola liberación o gesto de humanización de la guerra. Todo lo contrario, más ataques a la Fuerza Pública y afectación a civiles.

Por lo mismo, los analistas, “conflictólogos” y “pasólogos” insisten en que mientras las Farc no pasen de las palabras a los hechos, no cambiará nada, por más cartas, videos y “diálogo epistolar” que haya. Esa misma situación se dio en el gobierno Uribe y nunca hubo nada concreto.

De otra parte, está claro que el gobierno Santos no ha dejado, como sí pasó en la anterior administración, que el tema de los uniformados secuestrados y el intercambio humanitario lo pongan contra la pared, forzándolo a tener que hablar con las Farc. Es indudable que la Casa de Nariño, sin desconocer el drama de cautivos y familiares, sacó el tema del canje de la agenda. Y ello explica, incluso, porque ahora ya no se habla de éste como ‘cuota inicial’ de un proceso de paz, sino de la liberación de los secuestrados y la dejación del terrorismo como pre-requisito exigido por el Gobierno para acceder a conversaciones con la subversión, que parece haber entendido, a regañadientes, que sin devolver a los plagiados, no habrá humo blanco. De allí la forma en que la palabra “canje” ha perdido peso en sus pronunciamientos.

Por otro lado, en la cúpula de la Fuerza Pública se piensa que la insistencia de Cano por abrir una ventana de diálogo, responde más a que una verdadera voluntad de salida negociada al conflicto, a una maniobra para quitarse de encima el intenso cerco militar que lo tiene, literalmente, corriendo sin descanso en las montañas de Tolima, Cauca y Huila.

Incluso, en círculos castrenses se considera que el Gobierno debe tener cuidado con tanta ‘palabrería’ de paz, pues lo que urge ahora es lo contrario. Es decir, volver a pasar a la ofensiva militar contra las Farc, ‘bacrim’ y otros factores delincuenciales cuyo accionar se ha disparado en los últimos meses. Tras los abatimientos de Mono Jojoy y Fabián Ramírez, pocos golpes de gran impacto se han dado a la guerrilla.
Entretanto, algunos estrategas políticos consideran que Santos se equivoca al meterse en ese circuito ‘verbal’, desgastante e improductivo de CCP y la guerrilla.

Advierten que no sólo se corre el riesgo de abrirle un escenario político a la subversión, sino que si algo evidencian las encuestas, es que la opinión pública tiene al deterioro de la seguridad rural y urbana como su principal preocupación. En otras palabras, la gente lo que está esperando es que se aprieten las riendas de la seguridad. No es gratuito que las críticas iniciales del uribismo en torno a la “política del apaciguamiento” frente a la subversión, se hayan extendido a otros sectores.

Agregan los analistas políticos que si hubiera un gran movimiento popular a favor de un proceso de paz, otro sería el escenario. Pero no hay tal. Las opiniones están divididas. Incluso, entre los empresarios se considera que no hay ambiente para esta clase de agendas. Todo lo contrario, son anuncios como los de la revisión de toda la estrategia operacional militar lo que se estaba urgiendo desde hace varios meses al Ejecutivo.

Como se ve, en materia de posibilidades de un proceso de paz no hay nada concreto, sólo palabras que van y vienen. Ese panorama sólo beneficia a la guerrilla que gana escenario y busca legitimización política, así como los intermediarios, que aunque no autorizados, logran eco mediático suficiente. El único finalmente que no gana nada pero pierde mucho es, precisamente, el Gobierno, que se enreda en frases discursivas sobre paz, cuando lo que las estadísticas de inseguridad evidencian y la opinión pública le urge es apretar las riendas a la Fuerza Pública para neutralizar el pico de violencia de los últimos meses.