La decisión que tomó la firma calificadora Standard & Poor´s, de rebajar la nota a Colombia en el riesgo de su crédito, abrió los ojos al gobierno de lo que debe hacer para enderezar el rumbo de la economía y la tarea no es fácil ni popular porque debe incrementar los intereses, aumentar los impuestos y disminuir el gasto interno. Toda una receta peligrosa para frenar el crecimiento.

 

A esta situación se llega luego de que la firma hiciera caer la estantería del gobierno, según la cual el país tiene uno de los mejores crecimientos de la región, pero se tapó lo que hay en el fondo: un hueco fiscal enorme, alta inflación, una devaluación galopantes, y lo peor es que en el exterior se le está perdiendo confianza.

 

En su decisión, la calificadora señala que “la perspectiva negativa refleja el riesgo de un mayor deterioro de la posición fiscal y externa de Colombia, por encima de las expectativas de nuestro escenario base, en caso de que el gobierno no pueda implementar este año medidas fiscales que ayuden a estabilizar su creciente nivel de deuda y a reducir los desequilibrios económicos”. 

Advertencias

Otra de las advertencias de S&P es que “podríamos bajar las calificaciones si las negociaciones de paz se demoran más de lo previsto  o si acontecimientos políticos debilitan la capacidad del gobierno para ajustar la política fiscal por medio de medidas de gasto e ingresos. Si, contrario a nuestras expectativas, el proceso de paz sufre reveses significativos, el gobierno tendría mayores inconvenientes para tomar medidas fiscales oportunas y adecuadas, especialmente en el contexto de una economía en desaceleración. Bajo tal escenario, la carga de deuda del gobierno aumentaría y probablemente erosionaría aún más el debilitado perfil externo de Colombia, lo cual daría como resultado una baja de la calificación”.

 

Asimismo, la firma señala que “las calificaciones podrían estabilizarse si, de acuerdo con nuestro escenario base, el proceso de paz continúa avanzando, lo cual facilitaría la capacidad del gobierno para fortalecer las perspectivas fiscales con una combinación de recortes al gasto y aumento de ingresos. Además, la implementación exitosa de los proyectos de inversión asociados con el programa de infraestructura 4G del gobierno ayudaría a sostener el crecimiento del PIB, lo que compensaría parcialmente el impacto negativo de los bajos precios de los commodities, lo que a su vez contribuiría a la estabilidad económica e ingresos fiscales”.

 

De lo todo esto, lo que se puede deducir es que la almendra en el objetivo de enderezar el rumbo de la economía, es adelantar cuanto antes la reforma tributaria estructura, y esto, según el Gobierno, solo se va a presentar a  partir de julio de este año en la segunda legislatura.

 

El impacto que hoy tiene la economía no ha sido cuantificado realmente y solo se ha especulado que solo en la pérdida de renta petrolera la cifra se acerta a 18.000 millones de dólares en los dos últimos años, es decir casi el 7 por ciento del producto interno bruto, PIB.

 

Entre otras cosas, esta cifra casi coincide con el déficit de cuenta corriente que para este año está proyecta en 6,7 por ciento desde el 6 por ciento del año anterior.

 

Más intereses

 

Uno de los principales objetivos para frenar la fuerte demanda del crédito es el incremento en las tasas de interés. Esta es la tarea que hasta ahora está desarrollando la Junta Directiva del Banco de la República y que en menos de cinco meses ha aumentado las tasas de intervención en casi 150 puntos porcentuales.

 

Este incremento en el costo del dinero tiene varias aristas y en la caída en la demanda interna del crédito y del consumo por parte de los colombianos y a su vez un freno al crecimiento.

 

Algunos analistas consultados señalan que a partir de los últimos incrementos en las tasas de interés, “el rumbo de la política monetaria dependerá de la disipación de los diferentes choques temporales que afectan la inflación y el desempeño económico real en 2016. Sin embargo, ante el deterioro adicional que han experimentado las perspectivas inflacionarias de los agentes luego del reporte de inflación de enero de 2016, la autoridad monetaria podría optar por ajustar la magnitud de los incrementos de la tasa repo, o mantener el ritmo gradual de ajuste por un periodo más prolongado que lo considerado inicialmente”.

 

Una encuesta de Fedesarrollo estima que “el grueso de los inversionistas anticipa un escenario más retador que el previsto en la encuesta de enero. Esta percepción está condicionada por el endurecimiento de las condiciones externas, que se ve reflejado en el incremento de la prima de riesgo-país, la debilidad de la moneda y el empinamiento de la curva de referencia, entre otros”.

 

Desventajas

 

Otro elemento que se debe tener en cuenta es que hasta el momento el incremento de la tasa de intervención no se le ha trasladado de manera importante a los usuarios, pero el costo del dinero sí está subiendo paulatinamente.

 

En el crédito de consumo, por ejemplo, las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera, están en 19.68%, lo cual representa un aumento de 35 puntos básicos (0.35%) en relación con la anterior certificación (19.33%).

 

Asimismo, los intereses remuneratorio y moratorio están en 29.52% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Asimismo, el incremento de los intereses va a afectar la demanda de vivienda, que es uno de los rubros que el Gobierno presenta como de los más sólidos para elevar el desarrollo de la población. Pero si suben los intereses, la gente va a frenar la compra de vivienda, a pesar de los alivios que hoy ofrecen entidades como el Fondo Nacional del Ahorro o de los alivios a las tasas de interés.

 

Más impuestos

 

Qué duda cabe en el país que una de las fórmulas más dolorosas e impopulares es el incremento de impuestos. Pero este es el ingrediente preferido por los gobiernos y organismos multilaterales para cuadrar las finanzas.

 

En su diagnóstico de la economía colombiana, la firma S&P señala que “la perspectiva negativa refleja una probabilidad mayor a uno en tres de una baja de calificación, si el deterioro de las posiciones fiscales y externas de Colombia es mayor que las expectativas de nuestro escenario base. Esperamos que el gobierno implemente medidas de ajuste fiscal –tanto en el ámbito de gastos como en el de ingresos– más tarde este año, probablemente, tras las negociaciones exitosas y la aprobación de un proceso de paz. Si no se aprueban esas medidas, es probable que un mayor deterioro fiscal genere un deterioro externo aún mayor, que empeoraría las calificaciones crediticias de Colombia”.

 

Estas iniciativas tienen que ver con la implementación de la reforma tributaria estructural. Ya el presidente Juan Manuel Santos, ha dicho que esta será presentada en julio próximo, pero que la intención es extender la base gravable. 

Desventajas

 

De concretarse las iniciativas del comité de expertos tributarios que hoy tiene en su poder el Presidente Santos, se supondría que del cien por ciento de asalariados se aumentaría el margen de contribuyentes del 4 por ciento a un 14 por ciento. Las personas que ganan un promedio de 2’500.000 serían quienes quedarían cubiertos con las nuevas normas y deberían tributar sobre un 2.5% de su salario, en promedio. 

 

En este sentido,  Orlando Corredor, Presidente Comité de Expertos Tributarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, (CTCP), advirtió que Colombia necesita una reforma tributaria pero que analiza con preocupación “hacer modificaciones de tipo tributario al estilo de un país desarrollado, siendo nosotros un país en vías de desarrollo, es muy complicado. Las modificaciones tienen que ser vistas y pensadas en función de las necesidades estatales. La preocupación está en generar un mayor recaudo, entonces nuestras reformas seguirán siendo recaudatorias, así arrasen por encima del principio de equidad, lo cual es perjudicial y cuestionable”.

 

Para finalizar, Pedro Sarmiento también se mostró de acuerdo con la realización de la misma. “Debe haber reforma tributaria, no solo por el hecho que puede haber un posconflicto, sino también lo amerita la estructura tributaria de Colombia.  Las tasas de tributación y la tributación efectiva está ahuyentando a la inversión extrajera. Además, Hay que prepararnos con unos recaudos para asumir compromisos que hoy el Gobierno tendrá que cumplir después de la firma de la paz”.

 

Menos gasto

 

El golpe que produjo la caída en los precios del crudo representó una reducción permanente en el ingreso nacional, que el propio gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, estima en casi US$12.000 millones en 2015 y US$6.000 millones adicionales en 2016. Esos ingresos prácticamente desaparecieron para Colombia; si se trata de cubrir ese hueco, el país tiene que pensar de dónde va a sacar prácticamente 7% de su PIB en los próximos años.

Sin duda se requiere reducir el consumo público, por medio de un ajuste fiscal  y ya el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas anunció que este recorte podría ser de $6 billones en el presupuesto de este año, sabiendo que se mueve en la cuerda floja ante las exigencias de la regla fiscal.

 

Esto confirma que por el lado del Gobierno, al tener menos dinero se ve obligado a gastar menos y eso afecta la parte del PIB que es impulsada por el sector público.

 

Sin embargo, como explicaba el analista Bernardo Ramírez, la ventaja del Gobierno es que, aunque la regla fiscal lo restringe para no aumentar su déficit, las regiones no tienen que cumplir con dicha regla y han podido gastar, lo que ha tenido un efecto favorable para la producción. Sin embargo, esto fue posible gracias a que el año pasado hubo cambio de gobierno en las regiones: los alcaldes y gobernadores salientes gastaron más para concluir las obras; este año no se sentirá ese efecto, pues los nuevos mandatarios apenas están empezando”.

 

Desventajas

 

Sin embargo, para llevar adelante la cuestionada reforma, el panorama no es tan fácil, ya que esta iniciativa va a coincidir con la agenda política en las negociaciones de paz del Gobierno con las Farc en La Habana. De hecho, ya el Gobierno aseguró que presentará la reforma tributaria en el segundo semestre.

 

De acuerdo con los expertos, si no se firma la paz en este semestre va a coincidir con la anunciada socialización de la reforma tributaria por parte del Gobierno y su presentación ante el Congreso después de julio.

 

Pero como lo señala un experto, “en riesgo está que si no se hace la tarea bien, las calificadoras van a modificar sus notas y por ende van a disminuir los recursos que llegue desde el mercado de capitales al país”.

 

El aviso de S&P es claro: “podríamos bajar las calificaciones si las negociaciones de paz se demoran más de lo previsto  o si acontecimientos políticos debilitan la capacidad del gobierno para ajustar la política fiscal por medio de medidas de gasto e ingresos. Si, contrario a nuestras expectativas, el proceso de paz sufre reveses significativos, el gobierno tendría mayores inconvenientes para tomar medidas fiscales oportunas y adecuadas, especialmente en el contexto de una economía en desaceleración. Bajo tal escenario, la carga de deuda del gobierno aumentaría y probablemente erosionaría aún más el debilitado perfil externo de Colombia, lo cual daría como resultado una baja de la calificación”.