En pleno inicio del análisis que el Gobierno y las Farc están haciendo en La Habana a las cerca de 500 propuestas de los sectores del No que piden hacer cambios al acuerdo de paz, esta semana la Rama Judicial hizo importantes reparos a la Jurisdicción Especial de Paz, que el mismo contempla para juzgar tanto a los guerrilleros como a los agentes del Estado y terceros civiles que participaron en el conflicto armado.

Hasta antes de esta semana las altas Cortes por separado y el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, habían manifestado algunas preocupaciones y dudas sobre el sistema acordado en La Habana en el marco de la justicia transicional.

No obstante el pasado lunes y ayer las altas Cortes se ‘destaparon’ expresando al Gobierno nacional todos los reparos que tienen a la Jurisdicción Especial de Paz, y si bien no llegaron hasta el punto que lo hicieron los sectores del No de pedir ajustes al acuerdo, manifestaron en el caso de la Corte Suprema su complacencia si esto fuera discutido en La Habana.

El común denominador  en las observaciones que hicieron la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el fiscal Martínez es que no están en contra de la Jurisdicción Especial de Paz, pero coinciden en su preocupación por que no tiene articulación alguna con la jurisdicción ordinaria.

Así se lo hizo saber el lunes pasado la Corte Suprema al presidente Santos en la reunión que sostuvo con la Sala de Gobierno y con magistrados de la Sala Penal.

El Jefe de Estado dijo que los magistrados “me hicieron unos comentarios muy constructivos, partiendo de la base de un respaldo expreso a la Jurisdicción Especial para la Paz…esto tiene un significado invaluable pues será la justicia la que garantizará la consecución de esa paz estable y duradera a la que le apostamos con todo el empeño”.

No obstante en esta reunión los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema entregaron a Santos Calderón un documento con las observaciones y propuestas sobre la estructuración y funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz con el fin de que pueda cohabitar con la jurisdicción ordinaria. 

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, magistrado Gustavo Malo, dijo que respaldan la Jurisdicción Especial, sin embargo en un documento de tres páginas piden que la Justicia Especial para la Paz tenga un término en el tiempo, que podrían ser cinco años, de ser necesario prorrogables por otros cinco.

De igual forma pide que todos los magistrados de la Jurisdicción Especial sean colombianos, pues el acuerdo contempla cuatro foráneos, y que se sometan a los controles disciplinarios, fiscales y penales que tienen hoy los funcionarios de la Jurisdicción Ordinaria.

La Corte Suprema también señala en el documento que respalda que la Jurisdicción Especial de Paz obre como órgano de cierre para los casos relacionados con el conflicto, pero que no se ocupe de otra cosa ya juzgada; cuando existan conflictos de competencia entre las jurisdicciones ordinaria y militar con la jurisdicción de paz; o cuando se trate de resolver tutelas contra las anteriores actuaciones ni los trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en funcionamiento del sistema de justicia transicional.

La presidenta de la Corte Suprema, magistrada Margarita Cabello, explicó que “la Sala Penal consideró que era bueno trabajar y entregar un documento con puntos específicos que se miren para ayudar un poco en la consolidación del nuevo acuerdo”.

Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Danilo Rojas, indicó que es necesario que se dé una articulación con la jurisdicción ordinaria, pues de lo contrario la Jurisdicción Especial de Paz quedará como una rueda suelta.

“Quedaba demasiado suelto y es necesario plantear más puentes para que no quede tan suelta esa jurisdicción transicional, que, si bien es cierto es temporal, tiene que tener unas especificaciones, pues no puede quedar por fuera de todo el sistema judicial en general”.

El magistrado explicó que la articulación de la Jurisdicción Especial de Paz para el caso del Consejo de Estado debe darse específicamente en la jurisdicción agraria y la reforma en materia electoral, pues este último ha proferido muchas sentencias en estos temas.

Hace unas semanas, el magistrado Rojas le dijo a EL NUEVO SIGLO que las principales preocupaciones del Consejo de Estado sobre la Jurisdicción Especial de Paz son “una primera tiene que ver con la articulación necesaria entre la jurisdicción de paz y la jurisdicción estándar, es decir la justicia formal. Aquí hay tres aspectos sobresalientes: cosa juzgada, acción de tutela y presupuesto de la Rama. Y en segundo lugar están unos aspectos específicos que tienen que ver con  el funcionamiento del Consejo de Estado y la jurisdicción del contencioso administrativo. Aquí hay por lo menos tres aspectos puntuales a clarificar: jurisdicción agraria, tema electoral y el asunto de víctimas”.

Fiscal General

Un llamado a escuchar a las altas Cortes y a la Fiscalía General de la Nación fue realizado por el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez Neira. Dicho requerimiento se fundamenta principalmente en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del proceso, la cual fue calificada por el Fiscal General como ineludible en el Acuerdo.

La tutela frente a las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, el manejo de los activos de las Farc, la cosa juzgada y los terceros que financiaron con los actores del conflicto armado son algunos de los puntos que Martínez Neira solicitó revisar para salir de ese limbo jurídico en el que, de acuerdo con el alto funcionario, se encuentra el proceso, por lo que resaltó la relevancia del rol de la justicia: “es importante que se nos oiga a los operadores judiciales; […] necesitamos seguridad jurídica y la necesitamos para todo, para los desmovilizados, para los terceros, para los agentes del Estado”.

Estos aspectos parten estrictamente de un criterio técnico y hacen referencia a componentes del Estado de Derecho; por lo tanto, no se trata de inmiscuirse en alguna confrontación: “no estamos en ninguna confrontación política, queremos advertirle a la Nación, a los del Sí y a los del No, cuáles son las preocupaciones que tenemos para que a través de un ejercicio razonado, respetando nuestras diferencias, podamos alcanzar unas precisiones de carácter legal en el escenario que se nos convoque”, afirmó el Fiscal General.

Finalmente reconoció la importancia de que el proceso sea corto con el fin de acabar con la incertidumbre jurídica, política y la relacionada con la integridad física de las personas que se van a desmovilizar, y destacó también la necesidad de un consenso que permita avanzar en la consolidación de soluciones venideras.