Por Álvaro Sánchez *

Especial para EL NUEVO SIGLO

En un planeta que va hacia la autodestrucción en una especie de suicidio colectivo y en un país que ve como poco a poco nuestra gran riqueza en recursos naturales va disminuyendo más rápido que la de otros países de nuestro entorno, es apenas natural que exista una gran presión social para proteger dichos recursos y, por qué no, para mejorar las cada vez menores posibilidades de supervivencia de nuestra especie. Ésta presión no puede ser, sin embargo, de tal magnitud que impida la supervivencia de algunos de nuestros semejantes para lograr la de los demás; eso sería poco más que un asesinato masivo.

Las autoridades han desarrollado, no sin cierta dosis de razón, algunas normas que pretenden garantizar un freno a la depredación de nuestros territorios, pero en algunos casos han olvidado la protección de las personas que habitan en éstos ecosistemas que se pretenden proteger; esto plantea un dilema ético sobre la prioridad del Estado: el ambiente o los ciudadanos.

Ópticas

La mayoría de nuestras fuentes hídricas se asientan en los páramos que abundan en las cordilleras y por ésta razón se hace necesario impedir actividades que modifiquen dichos ecosistemas; por el contrario, se hace necesario fortalecerlos, transformando las actividades agrícolas, mineras y ganaderas, en actividades de protección y reforestación de esta gran “fábrica de agua”. Lo malo del asunto es que una gran parte de nuestra población se asienta en zonas altas y muchos de nuestros campesinos han sobrevivido por generaciones de las prácticas agrícolas, ganaderas y mineras realizadas en las zonas que entran a ser objeto de protección; esto aunado al problema generado porque algunos de nuestros municipios tienen todo o gran mayoría de su territorio en estas zonas de páramo, genera un problema social de gran tamaño para una población altamente vulnerable al cambio, que de la noche a la mañana se encuentra con que no puede seguir sobreviviendo como aprendió desde su primera infancia.

Ante éste dilema, las normas se han mostrado de alguna manera inflexibles y las autoridades municipales se han visto obligadas a proponer proyectos productivos que de una u otra forma solventen la supervivencia de sus habitantes; pero estos proyectos adolecen de varios problemas que los hacen poco viables, generando su abandono y el consecuente incumplimiento de la ley para mantener la supervivencia de los núcleos familiares:

·       Los habitantes de estas zonas han venido adquiriendo, a lo largo de centurias, habilidades específicas para las actividades que realizan y éstas se han fortalecido de generación en generación; esto de alguna manera hace muy difícil apartarlos de una actividad que ha logrado sostener a sus familias por cientos de años.

·       Los proyectos propuestos no son elaborados a partir de expectativas de los afectados, sino en escritorios de profesionales muy valiosos pero que normalmente no comprenden la idiosincrasia de los raizales y mucho menos sus pensamientos y maneras de entender la vida.

·       Cualquier proyecto que se proponga involucra una capacitación previa en actividades que normalmente los afectados no han realizado y esto implica un periodo de adaptación y aprendizaje que, de alguna manera, debe ser cubierto por los programas propuestos; lo anterior porque los costos de la supervivencia de las familias no paran y se requiere mantener un mínimo de ingresos mientras la situación vuelve a estabilizarse.

·       Los proyectos deben tener la connotación de mantener el entorno natural de los afectados y esto implica dos cosas: mantenerlos en su hábitat y desarrollar actividades que tengan alguna similitud con las desarrolladas tradicionalmente.

·       Los ingresos que se deriven de los proyectos de substitución de actividades deberán generar ingresos iguales o similares a los tradicionales y con un flujo de ingresos también similar al tradicional; en caso contrario será muy difícil lograr un equilibrio en las finanzas familiares de los habitantes y éstos acabarán por abandonar los nuevos proyectos para retornar a los que se quieren suprimir.

Además de lo expuesto, solo en algunas pocas ocasiones se ha ofrecido dinero suficiente del nivel central para financiar los proyectos de substitución, pasando la carga financiera a municipios que normalmente tienen todos sus recursos comprometidos y, por lo tanto, no pueden sostener este tipo de inversiones, ni siquiera en el corto plazo y muchísimo menos en el mediano o largo plazo tal y como se requiere.

No pretendo decir que la normatividad en sí es mala, solo quiero significar que debería estar apoyada por recursos estatales que permitan desplazar la mano de obra que se quiere evitar hacia otras actividades que no sean contaminantes, depredadoras y que en general signifiquen un deterioro de los ecosistemas que se pretende cuidar.

Algunas reflexiones

Indudablemente las fuentes hídricas deben ser protegidas para beneficio de toda la comunidad, pero no podemos suponer que esto pueda o deba ocurrir a cualquier precio; si el precio ha de ser la destrucción de la cultura y la supervivencia de nuestros compatriotas, deberíamos tomar una de dos soluciones alternativas:

·       Generar proyectos que mantengan a las comunidades dentro de su hábitat, respetando su cultura y sus tradiciones y otorgándoles un nivel de vida digno.

·       Permitir que las actividades que hoy se realizan en estas zonas se sigan realizando, cuidando sí de que se realicen dentro de unos parámetros ambientales que se pueden lograr a través del direccionamiento de éstas actividades hacia buenas prácticas ambientales.

En cualquiera de los dos escenarios estamos en mora de una ley que gestione recursos suficientes para sostener las soluciones en forma definitiva; en el primer caso sosteniendo los ingresos en los periodos de formulación, adaptación y pre- producción, y en el segundo entregando capacitación a las comunidades y aumentando el control para evitar que las fronteras se sigan moviendo a la velocidad actual.

Finalmente habrá que aclarar que no se trata de propugnar por un Estado que sostenga personas improductivas por tiempos indefinidos, se trata de propugnar por un Estado que financie el cambio cultural que implica abandonar el modus vivendi habitual y genere un nuevo orden que proteja la naturaleza.

Las leyes de protección ambiental, buenas en su esencia, deben estar acompañadas de recursos suficientes para su aplicación sin deterioro o menoscabo de las comunidades afectadas.

*  Director Maestría en "Gestión y evaluación ambiental"- Escuela de Ingenierías,  Universidad Sergio Arboleda. alsanchez2006@yahoo.es   @alvaro080255