No parece haber una estrategia de guerra definitiva, que sonaría a exterminio, ni tampoco una de paz perentoria, que asemejaría una capitulación. En el intermedio se ha dado mucha retórica. Análisis de lo transcurrido en el año y sus implicaciones para 2012

En medio de la indignación por el asesinato de los suboficiales secuestrados, el país se debatió esta semana entre la exacerbación y algunos columnistas que piensan que aún debe buscarse la paz. Al mismo tiempo, se presentaron agrias discusiones responsabilizando a las Fuerzas Armadas por haber incurrido en un presunto rescate fallido de los suboficiales, mientras el mismo presidente Juan Manuel Santos, ante versiones de este tipo por parte de las Farc, dijo “no nos crean tan pendejos”. Venía Santos días antes de su periplo por Inglaterra, donde había dicho internacionalmente que la llave de la paz estaba en su bolsillo. Incluso, dentro de las mismas declaraciones, sostuvo que no era reacio a abrir el debate de la legalización de las drogas ilícitas.
Todo ese escenario cambió luego de conocerse hace ocho días la matanza de las Farc. El recién estrenado comandante del grupo subversivo, alias “Timochenko”, trató de excusarse en que todo había sido propiciado por operaciones del Ejército en la zona. Inclusive altos jerarcas de la Iglesia Católica reclamaron por el hecho. La indignación social contra las Farc, en todo caso, determinó que la próxima semana se verifique otra marcha nacional contra ellas.

Termina así otro año como han finalizado los anteriores, al menos durante una década. Suele pasar que por las festividades de Navidad se produzcan liberaciones de secuestrados y se incrementen las solicitudes en torno de la paz. Esta vez pasó lo mismo, pero bajo los aciagos acontecimientos en que las Farc fusilaron a personas que llevaban once o más años cautivas. Se dijo que antes de ello ya se tenían previstas varias liberaciones de acuerdo con cartas que venían de la subversión. No se sabe si eso fue una excusa extemporánea ante los fusilamientos de las Farc o si en realidad ese grupo irregular había pensado en hacerlo.
El año 2011 ha sido bastante ambivalente en la materia. No parece haber una estrategia de guerra definitiva, que sonaría a exterminio, ni tampoco una de paz perentoria, que asemejaría una capitulación. En el intermedio se ha dado mucha retórica, pero en realidad nadie tiene claro hacia dónde van las cosas, sino que ellas se van dando por su propia dinámica.
En lo que lleva corrido de su mandato, el presidente Santos ha reiterado una y otra vez su disposición de buscar una salida política negociada. Y los cambios, al menos en el lenguaje, han sido drásticos frente a lo que venía aconteciendo. No sólo Santos es reiterativo en sus discursos sobre el tema, tanto nacional como internacionalmente, sino que ha dado algunos pasos en ese propósito aún críptico.

Fue precisamente en 2011, después de casi una década de negar el conflicto armado interno y tipificarlo de agresión terrorista, que el Gobierno dio un viraje sustancial al aceptarlo e incorporarlo dentro de un estatuto legal. Al hacerlo reconoció la bilateralidad entre las fuerzas legítimas y las subversivas, sin que ello necesariamente implique estatus de beligerancia alguno para los sublevados, acorde con lo establecido en el Protocolo II de Ginebra. Frente a ello, sectores conservadores y de La U pidieron la reinstauración del fuero militar, tal cual estaba establecido previo a las épocas de Álvaro Uribe, y ello se tramita actualmente dentro de la Reforma a la Justicia en el Congreso.

Ello se ha dado antecediéndose la sorpresiva noticia de la baja de alias “Alfonso Cano”, comandante número uno de las Farc. La operación que venía adelantándose desde hacía meses terminó con la fotografía del cadáver del jefe guerrillero dándole la vuelta al mundo. Aunque en principio la gran mayoría creyó ver en ello el fin de la guerra, luego algunos se preguntaron si con la muerte de “Cano” las intenciones de paz del mismo Santos habían encontrado una talanquera. El hecho, ciertamente, es que ya la dinámica de la guerra no obedece en muchos casos  y eventualmente a la voluntad de sus actores. Es posible que Santos pensara que el mejor interlocutor para una paz negociada era “Cano”, pero desde luego no podía en manera alguna parar los operativos que él mismo viene liderando desde que era Ministro de Defensa y ahora Presidente de la República. Es posible, por igual, que las Farc no quisieran terminar como la cruenta y tenebrosa organización en que se han convertido luego de fusilar a una buena proporción de los cautivos llamados “canjeables”, pero el hecho rotundo es que con los fusilamientos así han quedado ante el mundo: una organización secuestradora, ya de por sí paranoica, que termina asesinando a los que pretenden ser sus prisioneros de guerra.

DIH y virajes
Cuando Santos reconoció el conflicto armado interno, al término de las discusiones de la Ley de Víctimas, fue muy claro en sostener que así lo hacía porque Colombia, y las Fuerzas Militares en particular, eran firmes defensoras del Derecho Internacional Humanitario. Esto también significó un viraje en los conceptos estatales de seguridad, pues en tiempos antecedentes el tema del DIH estaba prácticamente proscrito del lenguaje y el entorno gubernamental. En esos términos, algunos expertos en DIH han dejado entrever que la acción operacional sobre “Cano” pudo ser “desproporcionada”, situación de proporcionalidad entre combatientes a la que se refieren los Estatutos del Derecho de Guerra. En tal sentido, parecería posible que “Cano”, de colofón de la operación militar de gran envergadura en la que se le cercó, pudiese haber sido capturado tanto en cuanto los reportes oficiales señalan que habría podido exigirse su entrega en vista del sinnúmero de militares que lo rodeaban. Todo ello son meras especulaciones, puesto que el hecho evidente es que la grandísima mayoría del país se satisfizo con el acto. De alguna manera es reconocido que Santos ha logrado la mayor cantidad de “trofeos” militares en la lucha contra las Farc y ha sido el que mas ha hecho por el desmembramiento del denominado Secretariado como objetivo estratégico fundamental. Resulta historia virtual saber qué hubiera sido de un “Cano” en prisión, con todas las vicisitudes para el Estado que esto pudiera significar.

Las Farc, por su parte, que hablan de “desproporcionalidad” en las luchas del conflicto armado colombiano, en referencia clara al Derecho Internacional Humanitario, no lo aceptan sin embargo en forma alguna. De suerte tal que hacen mención de algo que deniegan en sus actividades de terror. Caso palmario es el de los suboficiales fusilados recientemente. Semejante atropello al DIH, por comportar no sólo crímenes de guerra, sino de lesa humanidad, ante personas completamente indefensas, ha valido por primera vez la denuncia integral de agentes internacionales, que antes no lo hacían.
Colombia, de otro lado, se ve sumida en una carga emocional de la que no puede desprenderse, fruto de la sangría que a cada tanto la conmueve. En ello juega papel importante la situación mediática. Si bien los suboficiales recientemente fusilados han despertado obvias solidaridades ante semejante inhumanidad, no así ocurre, por ejemplo, con las muertes de policías y soldados en los diferentes territorios y en pleno combate. Hace unas semanas, previo a las elecciones regionales, las Farc dieron de baja a alrededor de 25 soldados y policías en un solo fin de semana, sin que se hubieran producido las mismas reacciones de la actualidad. Esa noticia, en muchos medios de comunicación, fue apenas registrada en páginas internas.

Canje, devastador
Es lo que ocurre con una guerra que desde hace décadas ha tenido altos y bajos y donde los hechos que han rodeado al denominado “Acuerdo Humanitario” han tenido un impacto devastador. En medio de liberaciones, fugas y matanzas, tras una década de fricciones mediáticas, las Farc terminaron de degradarse hasta quedar sumidas en el sótano de la crueldad. Ha sido, pues, prácticamente un  milagro que algunos de los secuestrados se salvaran, mientras ex ministros, ex gobernadores, diputados, oficiales, suboficiales, soldados y policías no tuvieron esa suerte.

Al mismo tiempo, particularmente en el gobierno de Santos, las Farc han visto caer a sus comandantes principales y ya es sabido que los relevos son objetivo militar del mismo calado. Aun así, la pregunta es si la estrategia de “tiro al blanco” será suficiente para desvertebrar a las Farc. Es un imperativo de cualquier doctrina castrense que el objetivo estratégico sustancial son los mandos del adversario. Así se hace precisamente para desarticular y romper las estructuras. No hay duda de que en sus diferentes niveles las Farc han sufrido bajas de primer orden. Puede seguirse por ahí hasta el rompimiento definitivo, o producir una aceleración del fin del conflicto armado a través de negociaciones. El país parece mas proclive a lo primero, aunque, según las encuestas, tampoco bota las llaves de la paz al mar, como lo ha dicho el presidente Santos. Inclusive la marcha del próximo martes contra las Farc, similar a las de otros años, mantiene a esta organización de protagonista. Es muchas veces lo que las Farc quieren, así sea por la vía del rechazo a la barbarie, pues su propósito permanente es mantener su nombre en las primeras planas a como dé lugar. No les importa que las insulten y demuestren su crueldad, sino que hablen de ellas.

En tanto, el país se debate en circunstancias que se pensaron debían finiquitarse hace tiempo. Lejos del fin del fin, que se proclamó hace años, la guerra sigue su marcha sin talanqueras y sin resolución a la vista. Por el lado castrense, es evidente y lógico que las Fuerzas Militares sigan y avancen en las operaciones estipuladas desde que el Plan Colombia permitió su remozamiento y las nuevas estructuras operacionales. Cuánto dure el desenvolvimiento militar, no se sabe, ni tampoco cuál es la evaluación que permita dar por terminada la guerra por la vía militar. El asunto puede durar uno o varios años. El hecho es que la inversión ha sido altísima, pero el país parecería decidido a sufragar el gasto. En todo caso, el costo en el mundo contemporáneo de aún presentarse como un país en conflicto permanente, cuando eso resulta tan arcaico como la televisión en blanco y negro, es gigantesco en medio de las necesidades de inversión social, de un lado, y extranjera de otro lado. El crecimiento económico situado en poco más de 5%, resulta estándar frente a las necesidades que tiene Colombia de competir con países como Perú y Argentina, cuyos índices la pasan sobremanera. De la misma forma, los rubros de pobreza son alarmantes frente a América Latina y peores los de desigualdad, que están entre los más pésimos del mundo, sólo al lado de Haití y Angola. La guerra distrae al país de los propósitos esenciales de hacer una nación mejor, pero es inevitable en la medida en que sigue, no sólo con el problema de las Farc encima, sino igualmente con las ‘bacrim’ y el narcotráfico haciendo estragos.

¿Y la salida?
Aunque hoy la situación debería estar mas clara, o podía presumirse así, no se ve la luz al final del túnel. Si bien la paz se intentó en el Caguán, y luego se desdobló toda la estrategia militar de reducción de la subversión a partir del Plan Colombia que se obtuvo concomitantemente, los problemas prevalecen. Y si por igual se hizo un proceso de paz con los paramilitares, y luego se descubrió y castigó la parapolítica, el reciclaje es perfectamente claro en las ‘bacrim’. Si en ambos casos se arguyen fracasos, el país está en la disyuntiva de si volver a intentarlo bajo el absoluto escepticismo. Aún así, muy cautelosamente, durante 2011, el presidente Santos pareció buscar alguna ventaja que le permitiera estratégicamente abrir alguna opción diferente a la militar, sin abandonarla. Su temor se ve claro al ser reiterativo en que “al perro no lo capan dos veces”, pero igualmente, como se dijo, a cada tanto insiste en que tiene las llaves de la paz en la mano.
Sin embargo, muchas cosas han cambiado. Es evidente que la Ley 418 y sus reformas, que le permitieron a Andrés Pastrana recurrir a recursos legales ya existentes para abrir un proceso de paz, están prácticamente hoy desbordadas e incluso el mismo Gobierno quitó, en este año, las zonas de distensión, como en su momento establecidas en el Caguán y Ralito. La denominada Ley de Justicia y Paz, que supuestamente debía servir para tramitar la desmovilización y condena de paramilitares, durante el gobierno de Álvaro Uribe, está obsoleta y hay reproches permanentes de la comunidad internacional por las exiguas condenas correspondientes, mientras que todo pareció surtirse y saldarse con la extradición de los jefes a Estados Unidos, con la jurisdicción alternativa nacional casi desaparecida por consunción. Al mismo tiempo, las reservas establecidas sobre algunas cláusulas del Estatuto Penal de Roma, que procesa en el exterior los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, han dejado de existir y los crímenes de lesa humanidad y de guerra ya no tienen exención posible. Quiso el presidente Santos reformular un tanto el desenvolvimiento del conflicto armado interno con la expedición de la Ley de Víctimas, pero hasta ahora ello se ha ido en expectativas en espera de las regulaciones correspondientes, en especial las de Tierras, que aún sin desarrollarse ya han valido asesinatos de campesinos y abogados. De la misma manera quiso el Gobierno respaldar un proyecto de acto legislativo llamado Marco General para la Paz, que se suponía el alinderamiento para iniciar procesos, pero este prácticamente se ha nulificado en el Congreso y sólo quedan los estatutos sobre amnistías o indultos a militares incursos en delitos de servicio. Todavía, pues, no es clara la estrategia del presidente Santos al respecto, bien porque no cree que lo sea, o bien porque no ha encontrado el momento propicio para realizar sus propósitos. Sin duda alguna la cautela es buena consejera, mucho más en una guerra de los niveles de degradación a la que ha llegado la colombiana, pero igualmente parecería necesaria mayor claridad en el asunto. No hay duda, también, de que los hechos y las circunstancias son los que deben marcar el paso. Si esta es la idea, no vale la pena, en todo caso, hacer colchas de retazos de lo que va pasando y emitir legislaciones hueras. De pronto sería mejor esperar a que las condiciones estén dadas para ello, si es que algún día eso ocurre.