Alias Julián Conrado

Comenzando este mes, una comisión de la Fiscalía viajó a Caracas para exponer ante el Tribunal Supremo venezolano una nueva solicitud de extradición del guerrillero Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, capturado en mayo pasado en el estado de Barinas y requerido por la Justicia colombiana por homicidio, secuestro y rebelión.

Torres, miembro del estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), presentó días después de su captura una solicitud de asilo al Gobierno venezolano, según lo confirmó entonces Pedro Eusse, secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Eusse dijo que mientras es procesada la petición de asilo a Torres “no pueden extraditarlo” a Colombia, tal como estarían exigiendo las autoridades de este país.

“Estoy enfermo de la próstata y otras enfermedades. Solicito asilo y refugio”, escribió el guerrillero en la contraportada de una biografía de Simón Bolívar que fue enviada desde “los calabozos en Boleíta, Caracas” a varios sitios web que la publicaron.

El único pronunciamiento del Gobierno bolivariano provino del canciller Nicolás Maduro, quien informó que a Torres le estaban practicando exámenes médicos y que su caso “estaba en manos del poder judicial”.

En cambio, la fiscal Luisa Ortega sí se manifestó considerando improcedente la extradición de Torres, alegando la incongruencia de los motivos de la detención inicial, motivada por una solicitud de Interpol, con los alegatos presentados posteriormente por el Gobierno colombiano para fundamentar la misma.

En Bogotá, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha dicho que el mandatario Hugo Chávez se ha comprometido a entregarles a Torres, aunque no ha dado detalles si será en un proceso de deportación o de extradición.

Juntando la situación de Torres con versiones sobre la presencia de otros líderes guerrilleros en Venezuela, como el propio máximo jefe de la organización armada ilegal Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, el expresidente Álvaro Uribe pidió quitarles a las Farc el “refugio” que, insiste, tiene ese grupo irregular en la República Bolivariana, para que sigua el mismo camino del independentista vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

En mensajes enviados por Twitter, tras destacar la colaboración de Francia con España en la lucha contra ETA, Uribe equiparó esa cooperación con la vecindad entre Colombia y Venezuela para enfrentar a las Farc.

“Los terroristas Farc continúan asesinando a los ciudadanos”, escribió, para luego agregar que “ojalá se reconozca y se proceda, eliminarles el refugio en Venezuela para que sigan el destino de ETA”.

Según Uribe, “Francia, de manera categórica notificó a ETA que no podían en adelante utilizar su territorio, incluso autorizó a la Policía de España a entrar en territorio francés en persecución de ETA”; mientras, comparó, en Suramérica “sectores políticos acomodan el lenguaje para ofrecerles” a las Farc “las mismas garantías que el pasado casi derrotan al Estado”.

María del Pilar Hurtado

Hace pocos días, el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá rechazó la solicitud de extradición de la exdirectora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado, quien se encuentra asilada en ese país.

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio informó que luego de analizar la documentación enviada por la Cancillería colombiana el 9 de diciembre de 2011, “se ha determinado que la extradición no es viable de acuerdo con la legislación nacional y el Acuerdo Bilateral de Extradición”.

Increíblemente, la comunicación reseña que “la extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos”.

Panamá mantuvo el asilo que tiene Hurtado desde noviembre de 2010 con fundamento en dos convenciones y dos decretos vigentes en el vecino país.

La Fiscalía había solicitado, mediante una petición hecha por la Cancillería colombiana, la extradición de Hurtado para que respondiera dentro del proceso penal que se adelanta por las interceptaciones y seguimientos ilegales (chuzadas) realizados por el DAS a magistrados, políticos y periodistas.

Por estos hechos, Hurtado es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

En una nota difundida a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al asilo concedido y ratificado en Panamá a Hurtado, criticó a quienes “han participado” en lo que denomina una “fabricación de delitos que imputan” a la ex funcionaria y, tras asegurar que en el país no hay “garantías judiciales” para las personas de su círculo cercano de exfuncionarios, sostuvo que en la elección de la fiscal Viviane Morales la Corte Suprema de Justicia “manipuló su propio reglamento por razones políticas y, sin recato legal, eligió fiscal con el mismo número de votos que consideró insuficientes cuando votó por la terna que nosotros presentamos de acuerdo con las normas jurídicas”.

“Personas colombianas, que no han explicado sus lazos con la guerrilla”, escribió, “con torvo ánimo de perseguir a la asilada, se han atrevido a desafiar la soberanía de Panamá y a amenazar sus instituciones”.

Según Uribe, “estas mismas personas han participado en Colombia en lo que podríamos llamar la fabricación de delitos que imputan” a Hurtado, quien, dijo, “intervino con pulcritud en varios gobiernos y sin cometer delito, siquiera político, es víctima de persecución en nuestro país. Aquí cabe recordar que el asilo debe beneficiar al delito político o a sus conexos o al ciudadano perseguido, que por razones políticas, se le imputan delitos en los cuales no ha incurrido, como es el caso de María del Pilar”.