TRAS EL conato de ‘rebelión’ que se registró en el Congreso ante la propuesta del presidente Santos de crear una especie de “congresito” para la implementación legal de las reformas derivadas de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, el propio Jefe de Estado entró ayer a apagar el incendio político.

Como se sabe, Santos, en entrevista dominical con la revista Semana, sorprendió al afirmar que eventualmente, para acelerar la implementación de un acuerdo definitivo de paz, se podría convocar, mediante acto legislativo, una especie de “congresito” para ese fin, en el que tendrían asiento delegados de las Farc.

Aunque el Primer Mandatario dijo que era apenas una propuesta y que todavía no se había acordado en La Habana, razón por la que prefería no ahondar en explicaciones detalladas al respecto, lo cierto es que el planteamiento presidencial prendió de inmediato la polémica.

El debate tomó un matiz aún más preocupante en la plenaria del Senado el martes. Allí, parlamentarios de distintos partidos, tanto de la Unidad Nacional, como del uribismo, el Polo, así como del conservatismo, plantearon sendas preocupaciones por el rol que jugaría el “congresito” y cómo se afectaría la función legislativa del Parlamento. Se llegó a hablar de ‘golpe de estado’ al Congreso, también de desconocimiento de su origen en el mandato popular e incluso se advirtió sobre un atajo a la implementación del Marco Jurídico para la Paz, que fue aprobado por ese mismo Parlamento con el fin de darle al Gobierno herramientas para adelantar el proceso de paz y luego implementarlo, mediante el trámite de leyes estatutarias que desarrollen las reformas pactadas con la guerrilla.

Alud de reacciones

Para el senador conservador Juan Manuel Corzo, “esta figura del 'congresito' sustituye definitivamente al Congreso actual”. Según Jorge Enrique Robledo, del Polo, no es clara la postura del Gobierno frente al tema, sobre todo porque la propuesta no hacía referencia  directamente al actual órgano legislador. Para el uribista Alfredo Rangel, “el Presidente se desmontó del referendo y este ya no será el instrumentó para validar los acuerdos de paz”.

El tono de la ‘rebelión’ fue tal, que le tocó al presidente del partido de gobierno (La U), Roy Barreras, salir al paso de las críticas y asegurar que nadie está pensando en cerrar o revocar el Congreso, ni excluirlo del proceso de paz.

Sin embargo, los peros y dudas siguieron. El propio presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, recalcó que pensar en esa figura del “congresito” era algo redundante. Explicó que la misma funcionó tras la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, pero cuando no había Congreso porque había sido revocado por la Asamblea Constituyente.  Dijo que, a diferencia de 1991, hoy el Congreso está vigente y actuando. Otros parlamentarios fueron más allá, como el liberal Horacio Serpa, que se mostró más de acuerdo con convocar una constituyente que con la figura del “congresito”.

Calmar las aguas

Aunque el Gobierno sabía que la propuesta del “congresito” iba a formar polémica, sobre todo en la oposición uribista, la dura reacción en las filas de su propia coalición y el conservatismo, prendió las alarmas.

Incluso, así oficialmente no se reconozca, lo cierto es que en altas fuentes del Ejecutivo hay quienes consideran que esta polémica se pudo haber evitado, ya que si el tema no ha sido acordado todavía en la Mesa de Negociaciones en La Habana, no había necesidad de anunciarlo anticipadamente en Colombia, pues era obvio que caldearía el ya de por sí polarizado ambiente nacional alrededor de las tratativas con la guerrilla.

Quizá por lo mismo, ayer el propio presidente Santos prefirió detallar más la idea del “congresito”, pero recalcando, primero, que no hay acuerdo en La Habana al respecto; segundo, que no va a reemplazar ni revocar al Congreso; y tercero, que los parlamentarios tendrían asiento en esa instancia legislativa extraordinaria.

“… Como vamos posiblemente a requerir otra reforma constitucional, que en esa reforma constitucional podamos crear una instancia, que no es para reemplazar al Congreso, bajo ninguna circunstancia es que hayamos dicho que vamos a revocar al Congreso, no. Es simplemente que dentro del propio Congreso, que es el que va a negociar ese acto legislativo, a aprobar ese acto legislativo, se podría determinar que hay un grupo, que pueden ser los congresistas, que pueden ser de la Comisión I del Senado o de la Cámara, más algunos representantes de las Farc, que tengan la capacidad de darle la implementación legal a los acuerdos a que lleguemos”, dijo Santos.

Agregó que aunque “esa (la del “congresito”) es una de las posibilidades, hay muchas otras. Hay otras que hablan de facultades al Presidente, otras que hablan de que sea el propio Congreso, algunas que sea la constituyente. Yo mencioné eso como una posibilidad, pero no ha sido acordado, para no generar mucho ruido en ese sentido”.

¿En qué queda, entonces, toda la polémica? Tres conclusiones: 1. El Gobierno pudo haberse equivocado al anunciar anticipadamente una idea claramente controvertida, pero que todavía no se ha acordado ni detallado en Cuba. 2. Esa ambigüedad generó en el Congreso no sólo la obvia protesta institucional de un poder público que ve el riesgo de ser desplazado o debilitado en un tema de primer orden, sino que creó de entrada un ambiente político bastante prevenido, casi hostil, lo que complica la viabilidad de la idea si llega finalmente a acordarse en la Mesa: 3. Que está claro que si la definición de un modelo de justicia transicional a aplicar a la guerrilla es un cuello de botella muy difícil de superar, la escogencia del mecanismo de refrendación popular de un acuerdo definitivo de paz y el cómo acelerar su implementación legal, son escollos tanto o más difíciles que el primero.