El Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en contra de siete militares y dos civiles, investigados por apropiarse de más de $3 mil millones mediante la obtención de pensiones e indemnizaciones fraudulentas.

Con la decisión de detención intramuros fueron cobijados el sargento primero (r) y presunto cabecilla de la organización criminal en Neiva, Roberto Muñoz; el sargento viceprimero Édgar Albeiro Gaviria Martínez, el sargento segundo Óscar Roberto Cediel Hoyos, el teniente (r) Óscar Fernando Murcia Peña, el soldado profesional (r) Gentil Menza Mosca y el cabo primero (r) Otoniel Antonio Aguirre Cárdenas, el médico Julio Andrés Lozada Montes y el abogado José Ovidio Reyes Reyes.

En la misma providencia se le concedió detención domiciliaria al sargento primero (r) William Cabezas Mejía, investigado por tramitar una indemnización por dolencias físicas que no padecía.

Según lo establecido, el suboficial Cediel Hoyos colaboraba en la organización agilizando citas médicas para los usuarios de la misma, por ello deberá responder por el delito de cohecho impropio, así como el sargento Gaviria Martínez, quien al parecer era el encargado de programar las citas médicas a cambio de dádivas.

Por otra parte, se determinó que el soldado Menza Mosca era quien coordinaba la alteración de los exámenes médicos y los conceptos, hechos que motivaron a la Fiscalía para imputar cargos por concierto para delinquir y cohecho impropio.

En cuanto al teniente Murcia Peña y el cabo primero Aguirre Cárdenas, quienes ya permanecían privados de la libertad pagando condenas por otros hechos, fueron judicializados por fraude procesal, falsedad material en documento público y estafa agravada, tras conocer que adelantaban procesos ante la junta médica para obtener la pensión de forma fraudulenta, al igual que el sargento Cabezas Mejía, quien deberá responder por los dos primeros punibles.

Al sargento Muñoz la Fiscalía le endilgó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y prevaricato por acción. Asimismo, el abogado Reyes Reyes, quien también se desempeñaba como líder de la organización en el Huila,  fue afectado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio.

Finalmente, el médico y fonoaudiólogo Lozada Montes deberá responder por las conductas de concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y prevaricato por acción.

Los militares activos y retirados, así como los civiles, fueron dejados en libertad el pasado 25 de abril por un juez de control de garantías de Bogotá, tras considerar que en los formatos de policía judicial no se consignó la hora en la que fueron capturados.

De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal Delegado Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la estructura criminal que delinquía desde Neiva (Huila) y la capital de la república,  habría obtenido unas 200 indemnizaciones o pensiones por valores que oscilan entre los $ 170 000 000 y 180 000 000, cada una.

Para lograr sus propósitos, los delincuentes  falsificaban conceptos médicos, sellos y firmas oficiales, con ayuda de profesionales de las propias Fuerzas Militares. Los pagos de las falsas pensiones o indemnizaciones se agilizaban con la complicidad de un capitán que laboraba en el área de Prestaciones Sociales.

Los procesados, excepto Cabezas Mejía, permanecen recluidos en la cárcel El Pedregal de Medellín (Antioquia), para cumplir la medida de aseguramiento impuesta.