Por William Calderón

Ana Bolena y la reforma del Inpec. La Historia universal nos muestra a Ana Bolena engrandecida por su matrimonio como segunda esposa de Enrique VIII, que fue madre de la poderosa reina Isabel.

El enlace matrimonial de Enrique y Ana y su posterior ejecución bajo acusación de adulterio, incesto y traición, fueron parte del complejo comienzo de la considerable agitación política y religiosa que constituyó la Reforma inglesa, con Ana participando activamente en la promoción de la causa de la reforma de la Iglesia. La han llamado «la reina consorte más influyente e importante que Inglaterra ha tenido nunca».

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A la colombiana. Ahora bien, la presente historia colombiana nos muestra el personaje de Ana Bolena Naranjo, como una asesora de excepcional trabajo periodístico y político en el Congreso nacional, en procura de apoyar logísticamente la reforma al sistema penitenciario.

Ella presta sus servicios profesionales como periodista y oficial de enlace en las corporaciones legislativas al director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte. Pese a que no aparece en la nómina de la institución, da órdenes al personal e imparte instrucciones a diferentes trabajadores de la entidad.

Igualmente, ejerce un excepcional liderazgo ante los congresistas y acompaña al director en la tarea de encontrarle una salida legal a la problemática del sistema penitenciario, en las largas sesiones legislativas.

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Personaje enigmático. Se le reconoce como un personaje enigmático en el Inpec, aunque en la entidad se ha establecido su poder en todos los órdenes. Aún no ha sido acusada de irregularidad alguna; empero, desempeña funciones en cargo público sin vinculación laboral alguna, sin las formalidades de ley.

El general Ricaurte está en el laberinto, pues a nadie da explicaciones sobre este enigma para-institucional y a pesar de que algunos senadores conocen el tema, ocultan la verdad sobre esta relación o prefieren no referirse al asunto para evitar molestias que les causen problemas en la obtención de la mermelada oficial, tan de moda por estos días.

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A barajar de nuevo. El Consejo de Estado decretó la muerte política del representante liberal antioqueño Oscar de Jesús Marín por considerar que había actuado irregularmente al propiciar determinaciones que favorecían sus propios intereses.

La Contraloría de Antioquia le adelantaba una investigación y Marín, como miembro de la comisión de cuentas de la Cámara, hizo lo posible para que dicha averiguación pasara a manos de la Contraloría General de la República.

Esto lo consideró el Consejo de Estado como actuación en beneficio propio y lo despojó de su investidura, decisión que va a ocasionar una serie de desarrollos dentro del liberalismo antioqueño.

El primero de ellos, y el más importante, es que obligará al indeciso Eugenio Prieto Soto a definirse entre su reelección al Senado o su candidatura a la Gobernación de Antioquia, en nombre de un vasto sector del Partido Liberal.

Y el segundo, es que facilitará el regreso a la Cámara de Representantes del abogado Carlos Arturo Piedrahita, de la cuerda del condenado César Pérez García y quien se había quemado en las pasadas elecciones legislativas.