Un pacto por la justicia es lo que se busca gestar entre todos los sectores relacionados con esta rama para reformarla y así recuperar su eficacia y credibilidad. Jueces, magistrados de las altas cortes, academia, Ejecutivo y Legislativo participarían en este nuevo intento por recomponer el aparato judicial. Así quedó planteado en el foro  ‘¿Se necesita una reforma a la Justicia en Colombia?’, organizado por la Revista Semana, el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Todos los panelistas coinciden en afirmar que es necesario reformar la justicia para solucionar los problemas que aquejan a este sector, que van desde presupuesto hasta selección de funcionarios; sin embargo no hay un consenso sobre la forma más eficaz de destrabar el aparato judicial. Mientras algunos expertos abogan por una reforma integral que solucione por fin todo lo que ha perjudicado a la justicia colombiana, otros  creen más práctico un proyecto que priorice y busque atacar los principales problemas. 

De esta última propuesta es partidario Pedro Munar, presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para quien “debe hacerse una selección de objetivos y priorizar qué es lo más urgente. Así se podrán determinar las soluciones a mediano y largo plazo a los principales problemas”. Una de las prioridades, considera, debe ser aumentar los recursos destinados a la rama, pues estos no ha superado el 1% del Presupuesto General de la Nación en los últimos años; mientras que en países como Costa Rica, Brasil, Paraguay o Ecuador, le entregan desde el 3 hasta el 6% a esta área.

Con una reforma selectiva coincide el director de Dejusticia Rodrigo Uprimny, para quien se deberían escoger “cuatro o cinco puntos centrales para desempantanar la administración de justicia”. Para el jurista, uno de ellos sería necesariamente decidir qué hacer con el Consejo Superior de la Judicatura, pues cree que si el órgano gerencial de la rama presenta problemas, se presentan repercusiones en todo su funcionamiento.

Por el contrario, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar cree que “las reformas parciales lo único que hacen es desvertebrar más el sistema judicial”, y cree que debe hacerse un cambio integral con dos objetivos: rescatar la credibilidad de la justicia y buscar su eficacia. Para lo primero propone quitarles a las Cortes todas las funciones de elección y postulación;; que los magistrados, una vez salgan de su cargo, queden inhabilitados para buscar cargos de elección popular; y darle más recursos a la rama administración de justicia para que esta pueda actuar con autonomía.

Otro partidario de una reforma completa es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda: “tiene que rediseñarse nuestro sistema jurídico, inclusive nuestra propia Constitución”. Incluso sostuvo que una reforma parcial sería como “maquillar” los problemas de fondo, sin darles una verdadera solución.  Las funciones de los organismos administradores de justicia y la forma de escoger magistrados serían algunos de los puntos que, según Miranda, deben abarcarse.

Los problemas clave

El déficit de presupuesto es uno de los principales problemas que, según Pedro Munar, impiden que la justicia actúe con eficacia e independencia. Con esto coincide el presidente de Asonal, Luis Fernando Otálvaro, para quien este rubro debería corresponder a entre el 3 y el 5% del Presupuesto General de la Nación. Esto permitiría, entre otros avances, aumentar el número de funcionarios para fortalecer la descongestión.

Sin embargo, Rodrigo Uprimny planteó varias reflexiones sobre este punto. Con respecto a la falta de recursos, cree que “puede que sí, puede que no (sea un problema real). Habría que preguntarse primero para qué se necesitan exactamente esos recursos y por qué no alcanzan los que hay”.

Munar explicó que la demanda de justicia en el país ha crecido en más del 300%, mientras que el aparato judicial solo en un 24%. Para aumentar significativamente esa última cifra, Bernal Cuéllar plantea “evitar la duplicidad de competencias como ocurre entre la Fiscalía y la Procuraduría, y buscar interpretaciones con relación a la competencia de la tutela”. Sobre este problema, Uprimny responde que “en Colombia la demanda judicial no es excesivamente baja ni muy alta; estamos en la media”.

Garantizar acceso

El 25% de la población prefiere solucionar sus conflictos conciliando que accediendo a la justicia, pero cuando no lo logran por esa vía, prefieren “dejar así”; según una encuesta de Dejusticia. Esto, según Uprimny, no se da porque exista poca credibilidad en la transparencia de los jueces, sino porque “creen que la justicia es demasiado engorrosa y lenta”.

Otra de las preocupaciones que mostraron los panelistas es que la justicia no llega a todos los rincones del país. “Hay que llegar a todas partes y con todos los derechos para no dar lugar a la justicia privada y evitar la tentación de hacer justicia en mano propia”, advirtió Jairo Parra, presidente del Instituto colombiano del derecho procesal. Para lograrlo, cree necesario más recursos, personal y preparar a los jueces “para que sepan atender a la gente”.

Según el presidente de Asonal, esa fue precisamente una de las falencias del último intento por reformar la rama que se cayó en el Congreso: privatizar la justicia. “Desjudicializar los procesos, crear jueces privados y darle procesos a notarios y abogados no es como se va a solucionar el problema”, aseguró Otálvaro.          

Cuándo y cómo

Además de qué tipo de reforma necesita el país, se habló sobre los mecanismos por medio de los cuales se plantearían estos cambios. Mientras el presidente de la Corte Suprema habla de replantear lo que establece la Constitución, tanto Bernal Cuéllar como Munar aseguran que eso depende del cambio que pretenda implementarse: “Hay puntos constitucionales como los nombramientos de altos funcionarios; otras son reformas legales, y otras de simples interpretaciones”, aseguró el exprocurador. 

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, hizo a los parlamentarios un llamado a “legislar con seriedad y no a las carreras”, puesto que “cualquier reforma debe ser consultada por quienes saben del tema”. Esto como respuesta a las declaraciones del presidente de la  Corte Suprema, que reprochó el hecho de que “a dos meses de una nueva legislatura no conocemos un proyecto de reforma a la justicia y ese proyecto debe ser discutido, controvertido y conocido por todos los sectores que intervienen en la administración de Justicia”.

Tutela permanecería intacta

Durante el foro, el ministro Gómez Méndez fue enfático en reiterar que la tutela no sufrirá ningún tipo de reducción ni será eliminada. De lo que sí habló fue de    “hacer compatible la tutela con la estabilidad jurídica; por ejemplo: si alguien demanda la propiedad de una casa ante un juzgado civil y este se la niega, no puede ir a otro juzgado civil para que ese le falle de distinta manera. Debe haber, como lo planteó el exministro Rudolf Holmes, la posibilidad de que sobre un mismo punto haya un juez que tenga la posibilidad de dar la última palabra”.

En este sentido, Gómez Méndez propone también “que las cortes lideren las interpretaciones para efectos de que no se superpongan tutelas una con relación a la otra”. Todos los panelistas estuvieron de acuerdo en que esta herramienta debe permanecer pues “es la más grande conquista ciudadana del país en las últimas décadas”, como aseguró el presidente del Senado Juan Fernando Cristo.

Cortes dicen sí a la reforma

El presidente de la Corte Suprema no fue el único en reconocer la necesidad de una reforma. Francisco Ricaurte, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que "la Rama Judicial para nadie es un secreto que las expectativas de los ciudadanos frente al servicio de justicia se han acrecentado y se expresan en un momento de demandas por la prestación".

Para cambiar esta situación, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, destaca el papel de las Casas de Justicia para promover la educación y la convivencia pacífica.Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, Maria Claudia Rojas, pidió “un diálogo sin afanes y sin prisa” y resaltó la inminencia de fortalecer la justicia de cara al posconflicto.