A cinco días de que empiece el periodo de vacancia, la actividad en despachos judiciales de todo el país se encuentra paralizada hace dos meses y hoy el país corre el riesgo de pasar de miles de jueces y funcionarios en huelga a miles de jueces en descanso.

El único avance registrado en los últimos días, en desarrollo de las negociaciones, es el acuerdo para que las acciones de tutela sean recibidas y tramitadas.

Por lo demás, no menos de 30 mil diligencias judiciales han tenido que ser aplazadas, el hacinamiento en las cárceles ha bajado pero en las URI crecido, con el agravante de que muchos de los detenidos recuperan la libertad al no poder ser legalizadas sus capturas y audiencias de relevancia han tenido que ser realizadas en improvisados despachos.

La situación se ha tornado más tensa por cuenta de las agresiones que han sido denunciadas por los trabajadores judiciales que pertenecen al sindicato de Asonal que se negó a ir al cese de actividades y hace aún más compleja la “operación reglamento” que adelantan los guardianes del Inpec, quienes, en los casos en que un capturado es enviado a prisión, no lo reciben.

Las advertencias del Consejo Superior de la Judicatura de que no pagará los salarios a quienes no trabajen y, el descuento que hizo la Fiscalía a los funcionarios que participan del paro, no han servido para persuadirlos y, por el contrario, han radicalizado posiciones.

El aviso de la Judicatura terminó en un acuerdo para que una vez se produzca un acuerdo para levantar el paro, los trabajadores repongan el tiempo perdido, el que fue calificado por el contralor Edgardo Maya de “inaceptable”.

“Si el paro, como dijo Ovidio Claros (presidente de la Judicatura), ha dejado una pésima imagen de la justicia, este pago se constituye en una vergüenza”, enfatizó Maya.

Para el Contralor, “resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad, pues ello implicaría permitir un enriquecimiento sin causa a favor del servidor, en detrimento del patrimonio público”.

Y la decisión del fiscal Eduardo Montealegre de descontar los sueldos a los funcionarios que no acudieron a sus lugares de trabajo derivó en acciones de tutela, una de las cuales ya fue admitida, para que esos descuentos no sean efectivos.

La situación que hoy se vive, por coincidencia o por alguna otra razón, es semejante a la sucedida hace dos años cuando, por esas cosas de la vida, el paro que adelantaron los trabajadores de la Rama Judicial empató con la vacancia judicial, algo parecido a lo que podría ocurrir si no hay acuerdo a comienzos de esta semana.

Además preocupa que una vez termine la vacancia judicial los funcionarios no se presenten a sus lugares de trabajo con el argumento de que van a verificar el cumplimiento de los acuerdos, situación que también ya se presentó en el pasado.

Los llamados

Tras el inicio del cese de actividades, el 9 de octubre, se han producido una serie de llamados de parte de diferentes estamentos para que se levante la protesta y hasta los abogados hicieron un plantón para reclamar el derecho al trabajo y el acceso a la justicia de parte de sus clientes.

El presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, consideró que el paro tiene una cobertura casi total y que ha obligado a conseguir sedes alternas para poder seguir con las actividades normales.

“La sala administrativa invita a Asonal a levantar el paro, a reintegrarse a las labores y a dejar trabajar a los demás servidores, al tiempo que exhorta al Gobierno a sentarse con los trabajadores para escuchar sus peticiones”, expresó Correa.

Por otra parte, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expidió un comunicado (firmado por todos los presidentes de las Altas Cortes), en el que manifestó su preocupación por lo prolongado del paro debido a que ha traído “nefastas consecuencias sobre la eficacia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la vigencia de la democracia”.

En otro comunicado, la Corte Suprema de Justicia hizo el llamado a los servidores de la Rama para que retornen de inmediato a sus labores normales, “pues resultan altamente nocivos los efectos que causa a la comunidad en general la suspensión del servicio de la Administración de Justicia”.

Las peticiones del fiscal Montealegre para que se reintegren a labores, aparte de las tutelas que le interpusieron, fueron respondidas con una solicitud para que renuncie al cargo.

Entre tanto, los ciudadanos siguen a la espera de que haya un acuerdo para poder adelantar las diligencias pendientes, pero todo parece indicar que la vacancia judicial se unirá al paro y todo quedara pospuesto para después del 20 de enero.