La discusión que viene de tiempo atrás por los alcances de la justicia indígena será trasladada al proyecto de Reforma a la Justicia a partir de marzo, cuando el Congreso arranca con la segunda vuelta de esta iniciativa. Al respecto el Gobierno anunció que incluirá una disposición para garantizar los medios y recursos para el buen funcionamiento de la jurisdicción indígena.

Así lo señaló el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra el pasado 22 de diciembre al inaugurar una Casa de Justicia en Riosucio, Caldas, donde la mayoría de habitantes son indígenas.
“El Gobierno Nacional es respetuoso del artículo 246 de la Constitución que reconoce la existencia de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, con sus características y peculiaridades; por eso además en el proyecto de reforma constitucional a la Justicia que pasó ya su primera vuelta en el Congreso, viene en camino una disposición que dará atención prioritaria y garantizará los medios y los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la jurisdicción indígena”, señaló.
Por su parte, el senador indígena Marcos Avirama considera necesario sentarse con el Gobierno para garantizar el respeto de la jurisdicción especial indígena. “Hemos planteado al Gobierno que tengamos un encuentro para analizar la situación jurídica de nuestros indígenas, quienes en medio de la crisis y del abuso que se vive en este país, han cometido una serie de delitos y vicios, provocados por los grupos al margen de la Ley.
Queremos que el Gobierno no juzgue a nuestros indígenas, nosotros debemos tener nuestras propias cárceles para rehabilitarlos y para juzgarlos según nuestras leyes y cultura. Ese no es el sitio de rehabilitación, es más bien escuelas de crímenes. Necesitamos recuperar la dignidad de los indígenas”, dijo el Parlamentario.
Al respecto, el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández señaló hace algunos días a este Diario que “los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, en conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios esos mandatos a la Constitución y leyes de la República”.