Consultados por EL NUEVO SIGLO expresan que lo positivo del debate es que el Congreso aclaró algunas dudas que tenía el Fiscal General de la Nación. Sin embargo manifestaron que los ex combatientes deben participar en política pero garantizándoles un mínimo de justicia. 

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Los ex fiscales le pusieron el ojo a la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, aprobada en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. Al ser consultados por este diario, manifestaron que se debe esperar la ley estatutaria. Asimismo destacaron que se hubieran incluido las dudas del fiscal Néstor Humberto Martínez.

Mario Iguarán señaló que el hecho que el Congreso hubiese tomado nota y acatado en gran parte las observaciones como las que hizo el Fiscal General y se hubiese atendido algunos lineamientos de la Corte Constitucional con ocasión de otros procesos de reconciliación como la ley de Justicia y paz, es muy alentador.

“Eso garantiza unos mínimos de justicia, pero va a garantizar unos máximos de paz, siempre y cuando, que es lo más importante, es que esos fiscales y los jueces que van a desarrollar la justicia transicional se comprometan con la reglamentación”, anotó.

Frente al hecho de que los miembros de las Farc paguen o no primero las penas antes de hacer política, manifestó que  “deben haber unos mínimos de justicia y unos máximos de verdad, y dentro de esos mínimos de justicia deben haber unas penas, así ellas sean alternativas, pero si no hubiesen penas, así ellas sean alternativas, nos quedaríamos sin ningún mínimo de justicia y eso no permite la reconciliación”.

Desconoce ordenamiento

Por su lado Luis Camilo Osorio opinó acerca de este tema que es un mecanismo que lamentablemente fue construido sobre unas bases que resultan poco garantistas para la sociedad y para el país.

“Las Naciones Unidas y el mundo civilizado han reconocido que en momentos en que los Estados, sus naciones son imposibilitadas para siquiera tener una buena justicia, hay que acudir a que la internacional lo haga”, dijo.

Agregó que “en este caso le estamos negando a Colombia una capacidad que ha sido tradicionalmente reconocida y periodicidad y antecedentes de respeto por el ordenamiento jurídico, allí empiezan los males y luego una justicia que tiene reglas que son discriminatorias sobre las personas que debe juzgarse”.

Anotó que tiene un antecedente muy claro de tener un sesgo ideológico y una vocación de generar una serie de situaciones a futuro que van a ser muy inciertas para Colombia.

Para Osorio “lo que se trata es de crear una cúpula del tamaño de todas las jurisdicciones especiales, toda la cúpula que cabría en todas las altas cortes en una justicia paralela puede durar 12 y 25 años buscando enderezar situaciones, pero lo que hará es empeorarlas mucho más”.

Indicó que “lo que se hizo en justicia y paz cuando se desmovilizaron los que quisieron, que fueron los paramilitares y un grueso de la guerrilla, se acudió a ampliar la justicia que había con unos tribunales, eso fue lo que se debió haber hecho y no haber creado una justicia ad hoc, porque eso va en contra de los principios tutelares de cualquier ordenamiento jurídico”.

Expresó que deben existir unos tribunales previamente definidos, unas conductas previamente definidas y eso no se cumple. Acotó sobre las penas, “creo que la Corte Internacional es muy clara, los delitos de lesa humanidad no están exentos de aplicarles unas sanciones penales que consiste efectivamente en penas, eso lo dice en todos los tonos la justicia internacional, y lo está desconociendo flagrantemente  con la complicidad de quienes hicieron parte en el Gobierno de ese pacto que fue negado por el plebiscito”.

La JEP tardará un poco más

Entre tanto, Alfonso Gómez Méndez sostuvo de manera clara que aún faltan algunos pasos para su aprobación porque hay temas todavía por definir en las plenarias tanto de la Cámara como del Senado, “después habría que esperar la aprobación de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria”.

Sin embargo observó que “me parece que en términos generales que eso va en camino a funcionar y a funcionar bien, probablemente no tan pronto como se desearía pero a mí me parece que lo mejor que puede pasar es salir de este limbo en que actualmente estamos”.

Y recordó que hay personas que ya han recuperado la libertad como sectores de la guerrilla como de la Fuerza Pública sin que entre a funcionar la Justicia Especial para la Paz.

“Lo peor que puede pasar es que prolongue este limbo jurídico en el que estamos hoy, naturalmente quedan algunas dudas, y solamente en el desarrollo de los acontecimientos nos dirá en algunos meses hasta qué punto fue útil haberse ideado este mecanismo especial de justicia”, informó.

Sobre el hecho que deban pagar las penas antes de participar en política, anotó que “en un proceso de paz como ha sido en este caso la dejación de las armas, la participación política es un paso que no se puede omitir, porque se desarman para participar en política, y en eso la sociedad debe tomar una determinación si se traga o no se traga el sapo, como ya ha ocurrido el caso, como ocurrió con el M -19”.

Concluyó Gómez Méndez señalando que “aunque sería lo ideal, es irreal pensar que una persona pase de las armas a pagar una pena de prisión”.

Otro de  los ex fiscales, Alfonso Valdivieso, opinó que la reglamentación pasó por un procedimiento de precisiones y de claridades que se necesitaban y eso era lo que se requería en el desarrollo legislativo.

“Eso fue muy importante porque se mostró que tanto la propuesta inicial del Gobierno como el criterio general de los acuerdos se clarificaron los temas”, dijo.

Frente a las penas expresó que “ese tema es polémico porque desde luego personalmente creo que consecuencia de que una vez terminado el conflicto que se le abran espacios en la política me parece absolutamente razonable y sobre eso tengo una posición en donde se debería establecer un mecanismo inmediato para que quienes consideren que quienes deben estar presentándose a la jurisdicción lo hagan sin que eso les impida ser elegidos”.

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