Difícilmente se puede entender el poco impacto que tuvo en la opinión pública la denuncia del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, en torno a la persistencia del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.
El alto funcionario dio cuenta de que durante el último año el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) advirtió 46 situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes en 105 municipios de 22 departamentos.
Las investigaciones de la entidad indican que los menores son utilizados para realizar actividades bélicas o funciones de apoyo como guías, informantes, estafetas, para preparar y colocar explosivos, para servicios sexuales, y otras que ponen en riesgo su vida, integridad física y sicológica, y libertades.
Ante ello la Defensoría reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los principios de protección y distinción consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que proscribe vincular a la guerra a menores de edad y exige, por otra parte, que sean devueltos de inmediato a sus familias los niños y jóvenes que han sido reclutados.