Aquí cualquier coyuntura o situación suele aprovecharse para lograr algún beneficio. En especial en política nada se deja al azar.

Antes de que entrara a regir la Ley de Garantías Electorales el 30 de junio pasado, en los entes territoriales se apresuraron a contratar obras y servicios por sumas multimillonarias.
El auditor general de la Nación, Jaime Ardila Barrera, ha puesto al descubierto lo ocurrido.

Se batió marca en contratación, además, con un agravante, se hizo de manera directa. Así que no se recurrió a los necesarios procesos públicos de selección.
El Auditor General señala que entre mayo y junio se reportaron en total 96 mil procesos contractuales mediante la contratación directa. Del total contratado algo más de 23 mil fueron para entidades sin ánimo de lucro. Entre elementos preocupantes descubiertos por la Auditoría General está la probable vulneración del principio de selección objetiva a través de los convenios interadministrativos.

El trabajo de indagación y las conclusiones de la Auditoría son muy importantes. Es obvio que las millonarias contrataciones pueden favorecer intereses políticos. La premura en realizarlos indica que la intención era sustraerse a las restricciones legales establecidas en la Ley de Garantías electorales.