INVESTIGARla actuación del senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, por su actuación como gobernador de Antioquia durante la masacre de El Aro, le pidió a la Corte Suprema el Tribunal Superior de Medellín.
La decisión fue adoptada en audiencia pública por la magistrada María Consuelo Rincón al proferirle sentencia condenatoria al jefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, excomandante del Bloque Minero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), por más de 5.540 hechos delictivos cometidos entre los años 1985 y 2006 en Antioquia y Córdoba. El jefe del grupo irregular purga una condena de 24 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
La togada argumentó que algunos paramilitares postulados a Justicia y Paz declararon en el proceso que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló una zona de Ituango luego de ocurrida la masacre.
La Sala de Conocimiento de Justicia Transicional del Tribunal sentenció a Vanoy a 8 años de prisión. Por los punibles confesados y juzgados, la condena ascendió a 40 años de prisión, pero la Sala impuso el máximo de la condena alternativa consagrada por la Ley 975 de 2005 y siguientes.
Entre los hechos confesados y aceptados por Vanoy figuran 8 masacres perpetradas en Medellín y otros municipios antioqueños como Ituango, Tarazá, Peque, Briceño y Valdivia, en las que fueron asesinadas 59 personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla.
También figura el reclutamiento forzado de 365 menores de edad, quienes fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 20 de enero de 2006, fecha en la que se desmovilizó la señalada estructura paramilitar.
Vanoy fue sentenciado además por homicidio en persona protegida, secuestro simple, tortura, desplazamiento forzado de personas y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, entre otras conductas delictivas.
En el fallo se ordenó la extinción de dominio de 52 fincas del norte de Antioquia y en el sur de Córdoba, así como de una clínica ubicada en Tarazá, así como la investigación penal y disciplinaria a oficiales y suboficiales de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, comandada entonces por el general Carlos Alberto Ospina, y del Comando de Policía Antioquia, por su colaboración con los paramilitares.
Tras conocer la decisión judicial, Uribe dijo que “vuelve un magistrado con masacre de El Aro. El servicio aéreo de salud, autónomo y profesional ha explicado sus labores y recorridos”, anotando que “acusaciones de falsos testigos sobre masacre de El Aro fueron desvirtuadas por el CTI de la Fiscalía hace ya bastante tiempo y ahora vuelven”.
Según Uribe, la magistrada Rincón es “de la cuerda de Iván Velásquez, quien ha utilizado la justicia para perseguirme”.
El 11 de junio de 1996, los paramilitares torturaron y asesinaron a cinco personas en La Granja. Y luego, el 22 de octubre del año siguiente, a otras 14 en El Aro.
De acuerdo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “está comprobado que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de éstos. Dicha colaboración entre paramilitares y agentes del Estado resultó en la muerte violenta de 19 pobladores de La Granja y El Aro”.