La posible intervención en política en la que, al parecer, se encuentra incurso Alonso Salazar, en su condición de alcalde de Medellín, será investigada por la Procuraduría, mediante procedimiento verbal.

La decisión fue adoptada con base en las pruebas que acompañaron la denuncia presentada ante este organismo de control, y por observarse presuntamente que con las declaraciones rendidas por Salazar, publicadas en un diario de circulación local, compromete la conducta penal del candidato a la Alcaldía de Medellín, Luis Carlos Pérez Gutiérrez, y se cuestiona su imagen al exponer fotografías, entregadas por el disciplinado, a medios de comunicación en la que pone en conocimiento de la opinión pública al citado candidato con personas, al parecer, vinculados con grupos delincuenciales que operan en Medellín.
El reproche disciplinario objeto de la actuación por el trámite del proceso verbal consiste en que el funcionario público, Salazar, tenía la obligación legal de poner ante las autoridades penales los hechos delictivos de los que tuvo conocimiento (más grave aún, considera el Ministerio Público, si ello no se hizo antes de divulgarlos ante los medios de comunicación), pues con este proceder interfiere en la actividad política de un candidato en época electoral en la que rige la Ley de Garantías Electorales.
Con su conducta, el funcionario habría incurrido en la en la prohibición contemplada en el artículo 38, numeral 2º, de la Ley de Garantías que prohíbe a los funcionarios en época electoral difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio de imprenta pública.
Las  faltas disciplinarias en que posiblemente incurrió el mandatario de la ciudad de Medellín son calificadas como gravísimas de acuerdo con los numerales 39 y 40 del Código único Disciplinario que prohíbe a los funcionarios públicos utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, y utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.
El mandatario local fue citado a audiencia pública los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2011, a partir de las 9:00 a.m. en la Sala de Audiencias de la Procuraduría Regional de Antioquia, ubicada en la Carrera 56 A No. 49 A 30, Edificio Cosmos, de esa ciudad.
La actuación disciplinaria será dirigida por la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, doctora María Eugenia Carreño Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión de Control de Asuntos Electorales.