Teniendo en cuenta los hechos registrados en días pasados en el centro penitenciario de Picaleña, en la ciudad de Ibagué (Tolima), donde aparentemente uno de los caninos que estaba siendo entrenado fue sometido a maltrato físico, la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la función preventiva y de control de gestión, solicitó un informe detallado de lo ocurrido al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Entre las cosas que solicita el Ministerio Público a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se encuentran: que manifieste cuántos perros trabajan en los centros penitenciarios y cuál es la edad de los caninos cuando los inician en entrenamientos y/o adiestramientos; cuál es el control que tiene esa institución para excluir de manera temporal de las labores de vigilancia a las hembras cuando se encuentran en celo, preñadas o en periodo de lactancia; aclarar si estos animales cuentan con un servicio veterinario permanente; cuáles son los criterios para determinar los cuadrúpedos que son aptos para trabajar al servicio del Inpec; y cómo verifican la idoneidad de los adiestradores o entrenadores de animales allá, entre otras.  

De igual forma, el ente de control requirió al instituto penitenciario para que informe sobre las acciones que han realizado al respecto, luego de conocerse las supuestas manifestaciones de maltrato animal.

Esta Procuraduría Delegada advierte que de ser ciertas las denuncias, se estaría ante una evidente violación al Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989).