Los procesos que les adelanta internamente la Oficina de Control Disciplinario a los funcionarios presuntamente implicados “por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, relacionados con intento de fraude electoral” en las elecciones de Gobernador del Valle del Cauca, fueron enviadas por la Registraduría a la Procuraduría.

A través de un comunicado, ayer la Registraduría anunció que “en su calidad de víctima dentro del proceso”, la Entidad “espera que todas las investigaciones que adelantan las autoridades permitan esclarecer cuál era el alcance de las actividades de las personas investigadas”.

De igual manera, la Registraduría informó que estará atenta a los requerimientos de los organismos y está dispuesta a brindar  todo el apoyo necesario.

“Confiamos en que las autoridades investiguen a fondo, para aclarar qué era lo que presuntamente pretendían estas personas y cuya actuación particular afecta a la Entidad”, manifestó el registrador Carlos Ariel Sánchez.

La investigación cobija a los servidores públicos Adriana Lucía Castro, José Francisco Angulo y Alina Martínez. De igual manera se le inició proceso a Ana Lucía Beltrán, capturada el día 23 de septiembre.

El 1 de julio, fecha de los mencionados comicios, la Policía anunció que desde días atrás venían tras la pista de un plan para penetrar el sistema contratado por la Registraduría y adulterar los resultados transmitidos. Las autoridades habrían encontrado evidencias de que dos funcionarios de la Registraduría le habían ofrecido al Movimiento de Integración y Oportunidades (MIO) adulterar el resultado de los comicios a cambio de 3.000 millones de pesos, para cual los retenidos aseguraron que tenían la complicidad de otras 22 personas dentro de la Entidad.

Entre las evidencias, se mostraron fotografías de algunos de los funcionarios entrando y saliendo de la casa en que el exsenador Juan Carlos Martínez, jefe del MIO, cumplía detención domiciliaria.

Ayer el Registrador señaló que a los detenidos se les ha acusado del presunto delito de cohecho, lo que significa pedir dinero o recibirlo a cambio de realizar una actividad especial: “La Registraduría busca es que si los detenidos se pusieron a prometer un fraude electoral, respondan por esa anomalía porque la Registraduría se vio perjudicada y por eso se constituyó como víctima dentro del proceso”.

Sánchez manifestó que confía en que las investigaciones que adelante la Oficina de Control Disciplinario avancen con celeridad y permitan dar claridad a la Entidad y a la ciudadanía en general.

“La Registraduría ha tomado todas las medidas que están a su alcance para blindar los procesos electorales y romper la cadena del fraude electoral en sus distintas etapas. Desde el punto de vista técnico, con la publicación de los formularios E-14 suscritos por los jurados en la página web y la velocidad con la que entregamos los datos de preconteo, es prácticamente imposible alterar los resultados electorales. Por eso confiamos en que las autoridades investiguen a fondo, para que nos expliquen detalladamente qué era lo que presuntamente pretendían estas personas, con el fin de en el futuro evitarlo y tomar de ser el caso los correctivos necesarios”, señaló.

El registrador Sánchez precisó que “es importante para el bienestar de la democracia y en especial de la Entidad, que cuenta con una planta de cerca de 3.100 funcionarios y que en época electoral alcanza los 10.000, que estas situaciones se aclaren lo más pronto posible  y que los funcionarios que resulten involucrados sean sancionados y se aparte la duda sobre quienes desarrollan de manera correcta sus funciones”.