El Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía General, a la Procuraduría y a la Contraloría para que se investigue el pago de cerca de 5 mil millones de pesos que el municipio de San Antero, Córdoba, le canceló en exceso a una empresa que fue contratada para realizar todas las actividades de consultoría, asesoría, gestión y  auditoría  en temas relacionados con regalías.

 El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo encontró irregularidades que deben ser examinadas por los entes de control.

“Se debe adelantar un estudio de la conducta de los servidores públicos que participaron en la tramitación, verificación, fiscalización y en la realización de los pagos así como se revela necesario examinar también el proceder de los particulares que intervinieron en el cobro y recibo de dineros públicos a pesar de que la obligación que le servía de sustento se encontraba extinguida por pago efectivo”, indica la sentencia.

La Corporación advierte que es importante investigar la concentración de la contratación en un único particular, la actuación del Alcalde que suscribió los acuerdos de pago y la conducta del contratista por la insistencia en obtener el recaudo efectivo de las sumas que ya le había pagado el municipio.

El contrato fue firmado en enero de 2001 y en junio de ese mismo año se inició su liquidación. El caso llegó al  Tribunal Administrativo de Córdoba que en noviembre de 2010 ordenó al municipio cancelar 2 mil 580 millones de pesos al contratista como mandamiento de pago.

El ente territorial comenzó a cumplir con la obligación contraría y para diciembre de 2009 sólo adeudaba 28 millones de pesos. Sin embargo, en esa fecha el municipio realizó un abono por 100 millones de pesos y a partir de ese momento empezó a generarse un saldo a favor del municipio, situación que no constituyó impedimento para que durante los dos años siguientes ese mismo ente público continuara cancelando, de manera irregular, sumas de dinero adicionales.