El Incoder está adelantando programas para establecer titulación de tierras y extinción de dominio.

Ante la posible existencia de 143 familias que se hicieron pasar por víctimas del desplazamiento para beneficiarse del programa de restitución de tierras en el predio Las Pavas, el director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) Juan Manuel Ospina sostuvo que los programas no se han visto ni se verán afectados con esa investigación.

Asimismo, el directivo aclaró a EL NUEVO SIGLO los procesos que están adelantando en el predio Las Pavas, teniendo en cuenta a temas de titulación de tierras y los eventuales casos de extinción de dominio.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la situación con el predio Las Pavas?
JUAN MANUEL OSPINA: Como Instituto de Desarrollo Rural y por mandato de la Corte Constitucional hemos trabajado en la aclaración de la propiedad de Las Pavas, porque podría haber alguna parte del predio que no está titulada, algunos baldíos. Nuestro trabajo en este punto es realizar visitas y estudiar las resoluciones para definir si existen o no estos inconvenientes.
ENS: ¿Cuántas hectáreas están investigando?
JMO: Dentro del proceso de clarificación de la propiedad se evalúan 11 predios, es decir unas 1.300 hectáreas. Esto nos permitirá revisar que la tradición de los bienes se haya dado de manera legítima y determinar si se tratan de terrenos baldíos de la Nación, caso en el cual se procedería a su recuperación y posterior adjudicación a campesinos sin tierra.
ENS: ¿Y en el tema de extinción de dominio?
JMO: Ese es otro proceso que ya está en marcha y apunta a que eventualmente se defina la extinción de dominio en otras hectáreas del predio Las Pavas. Esto teniendo en cuenta que se cree que se secaron algunos humedales y en estos terrenos se sembró palma. Es una investigación que está llevando, principalmente, el Ministerio de Ambiente.
ENS: ¿En ese mal uso de tierras podría encontrarse fraude?
JMO: Nosotros como Incoder no hemos desembolsado un peso, porque no hay razón para ello. Hemos estado en los procesos de clarificación de propiedad y en temas de asocio con el Ministerio de Ambiente para definir si hubo incumplimiento en normas ambientales.
ENS: ¿Qué papel juega el Ministerio de Ambiente en esta investigación?
JMO: El Ministerio de Ambiente respondió a una solicitud del Instituto frente al tema. En las conclusiones y recomendaciones, se considera que el desarrollo de cultivos extensivos de palma de aceite en el predio ha generado impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, tanto en el área directa como en el área de influencia, y por lo tanto un deterioro a los ecosistemas.

ENS: ¿Quién dará la última palabra?
JMO: Dentro de las competencias del Incoder no está la investigación penal, esta es una función de las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación será la encargada de fijar esa posición. Sin embargo, nosotros hacemos presencia en Las Pavas por mandato de la Corte Constitucional.

ENS: ¿Qué pasa con las familias que se cree no fueron desplazadas?
JMO: Ese fue otro tema que apareció en el predio Las Pavas. Lo que se cree es que hay 143 familias que habían sido reconocidas por Acción Social como desplazadas desde 2007, en el Gobierno anterior. En este punto es donde la Fiscalía de Cartagena pidió investigación para definir si son o no son víctimas del desplazamiento.

ENS: ¿Qué resultados podría arrogar esa investigación?
JMO: Los resultados que podamos dar ahora son especulaciones. Se cree que son desplazados porque así lo definió Acción Social en su momento, pero también somos conscientes de que hay personas que se buscan la forma para ser beneficiarios de los programas del Gobierno.

ENS: ¿Se podrían ver afectados los procesos del Incoder por las denuncias?
JMO: No afectaría. Son procesos totalmente independientes; nosotros como Incoder continuamos haciendo los procesos para definir las titulaciones, restituciones y el tema de extinción de dominio. Ya el tema de los desplazados es una investigación directa de la Fiscalía de Cartagena y no afecta nuestros procesos.

ENS: Pero, ¿qué piensa de esas irregularidades en la calificación de desplazados?
JMO: Eso es algo que sabíamos que podría pasar, situaciones como esa pasan en todos los procesos, porque hay personas que se quieren aprovechar de las oportunidades que da el Estado y por las circunstancias actuales del país en materia de seguridad.
ENS: ¿Qué sería lo más convenientes para evitar las suplantaciones?
JMO: La Ley de Víctimas contempla en un artículo que existen sanciones penales para quien quiera hacerse pasar por víctima del despojo e ingresar al plan de restitución y adjudicación de tierras. Las penas pueden ser hasta de 10 años de cárcel. Esa es una buena herramienta y hay que utilizarla.

ENS: ¿Quién sería el encargado de vigilar?
JMO: El Ministerio de Agricultura y el Incoder censuran y censurarán cualquier postulación de alguien que sin ser víctima se haga pasar como tal. Para ello, se observará con lupa lo establecido por el artículo 120 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que establece las penas para las personas que cometan este delito.

ENS: ¿Cómo va el tema con las notarías?
JMO: Las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, las Notarías y la Superintendencia de Notariado son determinantes en el proceso articulador promovido por el Instituto, en aras de consolidar y unificar información de la propiedad rural. Por eso, mantenemos con la Superintendencia un convenio de cooperación interinstitucional para la depuración jurídica y la disminución del riesgo de inscripción de títulos falsos.

ENS: ¿Y cómo manejan el sistema de información?
JMO: Respondiendo a la política de tierras, hemos venido constituyendo el sistema de información de archivos, que nos permite definir la propiedad de las tierras baldías de la Nación, convirtiendo al Estado en el principal despojado, según el resultado de las investigaciones realizadas a través de un trabajo coordinado entre el Instituto y la Superintendencia de Notariado y Registro.

ENS: ¿Trabajan en convenio con otras instituciones?
JMO: Está clara la necesidad de seguir trabajando coordinadamente para que las instituciones acompañen al Incoder en los procesos de formalización de tierras comprendiendo las leyes actuales que amparan el derecho agrario sobre la pequeña propiedad campesina y para que no se repitan los casos donde se levantaban escrituras sobre predios con restricciones legales, como sucedió en Montes de María.

ENS: ¿Podríamos mencionar alguno de esos convenios?
JMO: Firmamos uno con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), se trata de un convenio de cooperación que busca aunar esfuerzos para promover una sociedad rural competitiva e incluyente, además de un diálogo continuo entre el sector público y privado, con el fin de generar mecanismos de cooperación, alianzas y arreglos institucionales para beneficio de las comunidades rurales del país.

ENS: ¿Y para reactivación de reservas campesinas?
JMO: Tenemos siete convenios de asociación para reactivar las zonas de reserva campesina en todo el país. Con los acuerdos, se beneficiarán aproximadamente 18 mil familias campesinas. Así, la entidad aportará 2.200 millones de pesos para actualizar los planes de desarrollo sostenible e impulsar proyectos productivos con enfoque agroecológico y de ordenamiento territorial y ambiental.

ENS: ¿Qué ha pasado con el caso de los Montes de María?
JMO: Estamos desarrollando un proyecto estratégico con el Gobierno Nacional para Montes de María en el departamento de Bolívar y Sucre. Esperamos que, finalizando el primer trimestre del próximo año, ya esté definida la visión de cooperación con las entidades y autoridades locales, regionales y nacionales. Además, los resultados de esta estrategia se verán expuestos en obras de infraestructura, servicios, cultura, bienes públicos, y por nuestra parte apoyaremos proyectos agrícolas productivos.

ENS: ¿Qué resultados de adjudicación pueden mostrar hasta el momento?
JMO: A octubre, el Instituto adjudicó 214.410 hectáreas con 9.676 metros cuadrados de terrenos baldíos, correspondientes a 7.025 resoluciones de adjudicación expedidas, beneficiando a igual número de familias campesinas de todo el país.

ENS: ¿En qué Departamentos podemos ver la mayor adjudicación?
JMO: Los Departamentos con mayor número de predios titulados son Putumayo con 961 predios, Cauca con 950, Nariño con 739, Bolívar con 528 y Magdalena con 420 predios. Además, entre los Departamentos con mayor área adjudicada se destacan Vichada (126.323 hectáreas), Arauca (18.882 hectáreas), Putumayo (17.282 hectáreas), Meta (15.053 hectáreas), Casanare (13.819 hectáreas), Guajira (5.338) y Cauca (4.195 hectáreas).

ENS: ¿Y qué sigue ahora?
JMO: Estamos desarrollando un diagnóstico en las 31 Direcciones Territoriales para determinar qué trámites están pendientes de culminar para darle prioridad en el 2012, con el objetivo de mejorar la calidad de vida e implementar mecanismos para impulsar proyectos productivos a los campesinos de todo el país.