Un juez argentino procesó al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por presunto abuso de autoridad en un juicio iniciado por una consultora económica privada que mide índices de inflación, informó el portal del Poder Judicial.

Se trata del primer alto funcionario del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner que es procesado.

El juez Claudio Bonadío dispuso además el embargo sobre los bienes de Moreno por unos 50.000 pesos (8.700 dólares), señaló el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema.

Además de Moreno, fueron encausados el director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro, y el director nacional de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella.

En su resolución, el juez estimó que "se ha probado que desde su inicio" que hubo "arbitrariedad en el proceder" de los funcionarios.

La causa había sido iniciada por Jorge Todesca, un ex viceministro de Economía titular de la consultora Finsoport, a la que junto a otras seis empresas, Moreno prohibió difundir datos de inflación en base a mediciones propias y les impuso multas por 500.000 pesos (USD 87.000), que aún deben ser confirmadas por la Corte.

Todesca declaró este martes a la radio Once Diez que la decisión judicial "fue reconfortante porque se está consiguiendo que el Gobierno no pueda actuar sobre los ciudadanos de manera arbitraria".

El gobierno de Kirchner prohibió hace dos años difundir estudios sobre inflación a las consultoras privadas, cuyos índices duplican las cifras oficiales, que también son cuestionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro argentino de Economía, Hernán Lorenzino, se encuentra en Washington donde se reunió con técnicos del FMI para cerrar la asistencia técnica para un nuevo índice de inflación, que debe entrar en vigencia en el último cuatrimestre de 2013.

Según cifras oficiales, la inflación en Argentina fue de 10,8% en 2012, aunque estimaciones de consultoras ubican el índice en 25,6%.

Finsoport fue sancionada por la secretaría de Comercio por "agiotaje", un delito previsto en la Ley de Abastecimiento que penaliza el alza o baja de precios con métodos arbitrarios.

Moreno alegó para establecer las multas, la supuesta falta de rigurosidad técnica y limitada área de relevamiento de precios para la elaboración de los índices, por parte de las consultoras./AFP